- Un polémico proyecto de ley permitirá utilizar una parte de los terrenos históricos del Cementerio Calvo -en donde se han enterrado personas desde mediados del siglo XIX- para que la Municipalidad de San José construya un Centro de Desarrollo Tecnológico
31 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes en segundo debate el proyecto de ley Expediente 20037, con el que autorizaron el cambio de uso demanial a patrimonial para 16.710 metros cuadrados del Cementerio Calvo.
Este cambio fue solicitado por la Municipalidad de San José en julio de 2016 y, según se lee en el documento, se solicitó con el fin de desafectar el dominio público de la porción del cementerio para construir en ella un “centro de desarrollo tecnológico de formación y capacitación para el emprendedurismo local”.
Los opositores al proyecto, como el biólogo y catedrático Freddy Pacheco León, califican la iniciativa del municipio josefino como “una profanación masiva”, dada la cantidad de restos humanos que habría que exhumar, enterrados a unos dos metros de la superficie desde mediados del siglo XIX.
La zona es un espacio que el municipio josefino ya había pretendido utilizar en 2011, cuando tramitó permisos para construir una villa olímpica, intención que luego frenó la Sala Constitucional (sentencia no. 15654), por considerar el uso público del terreno como una condición que sólo podía modificarse vía legislativa.
Sin embargo, los planes municipales no acabaron allí, sino que se pausaron por un periodo de cinco años, cuando -pocos meses después de regresar a su despacho- el alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya, presentó el proyecto de ley ahora aprobado.
En esta ocasión, las intenciones municipales descritas en el proyecto fueron enfocadas a una iniciativa tecnológica y no deportiva como hace seis años, cuando se ideó el proceso de construcción en el marco de los Juegos Deportivos Centroamericanos del año 2013.
Al respecto, el proyecto de ley especificó que “el lote segregado y desafectado del uso y dominio público será destinado, exclusivamente, para la instalación del Centro de Desarrollo Tecnológico”, mientras que “el resto de la finca madre (…) continuará dedicada a Cementerio Calvo (y) conservará el carácter de bien demanial”.
Así mismo, agregó que en el centro tecnológico se “permitirá desarrollar programas de formación y capacitación en diversas áreas”, objetivo que no podrá variarse, según la propia normativa establece.
En esta línea, el documento dejó claro que el terreno “volverá, de pleno derecho, a quedar afectado al uso de bien demanial” si se presentan cambios en el uso específico otorgado, algo que señaló directamente en el artículo cuarto, agregado a la propuesta inicial de la Municipalidad.
“Cuando existan convenios y contratos, con el objeto de arrendar o dar en préstamo el bien objeto de este proyecto, deberá cumplir con los fines señalados en esta ley”, se escribió.
UNIVERSIDAD intentó contactar vía telefónica al alcalde josefino, Johnny Araya, la tarde de este martes en distintas ocasiones; sin embargo, fue imposible obtener sus declaraciones hasta esta publicación.
Afectaciones advertidas
Como publicó UNIVERSIDAD en enero pasado, el proyecto aprobado esta semana por el aparato legislativo fue una idea que dividió a los diputados y causó roncha en ciertos sectores sociales, algo que -finalmente- se vio reflejado en la votación del proyecto.
No obstante, esto no obstaculizó la aprobación por parte de 31 diputados, aunque (en la votación definitiva) nueve legisladores votaron en contra, otros dos se abstuvieron y nueve no estuvieron presentes.
La división de opiniones, por supuesto, se debió a la utilización del terreno para la construcción, algo que -aunque la Municipalidad de San José defiende por la no utilización del terreno en los últimos años- genera distintas dudas sobre el verdadero impacto de la decisión.
Al respecto, opositores se cuestionan puntos morales como la posible profanación de restos humanos que probablemente no puedan ser exhumados adecuadamente, así como la afectación que implicaría limitar las capacidades de uno de los cementerios municipales que más benefician a las poblaciones de escasos recursos.
Estos puntos, además, son sustentados por la Sala Constitucional, la cual señaló en 2011 que “el derecho a una sepultura digna no es solo de la persona difunta sino un deber humanitario del colectivo” (sentencia No.006400).
“Además, como una consecuencia lógica y necesaria del respeto a la dignidad humana, piedra angular de los derechos y libertades fundamentales, los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos han establecido la doctrina de que la protección del cuerpo humano y, por ende, el derecho a una sepultura digna, es consustancial a la tutela del derecho a la dignidad humana”, subrayó.
Ante este tipo de situaciones, votaron en contra del proyecto los diputados Camacho, Carrillo, Fallas, Mora y Ramírez del Frente Amplio (FA); Guerrero, Jiménez y Redondo del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la diputada independiente Carmen Quesada.
“Es una profanación masiva”
Ante la aprobación del proyecto de ley, el biólogo y uno de los principales opositores al cambio de uso del terreno, Freddy Pacheco, comentó a UNIVERSIDAD que cualquier construcción que se realice en el lugar supondría “una profanación masiva” y un acto “macabro”, por lo que -según adelantó- un grupo organizado, compuesto por vecinos, fuerzas eclesiales y políticas (incluido el candidato presidencial Rodolfo Hernández del Partido Republicano) solicitarán al presidente Luis Guillermo Solís que vete el documento.
“Ahora lo que corresponde es que el presidente avale la ley con su firma y la ejecute, por lo que nosotros vamos a pedir públicamente que no lo ejecute, que lo vete”, señaló. “Usted puede hacer exhumaciones en el cementerio Obrero o en el General, pero cómo hace usted una exhumación a dos metros de profundidad, como se han hecho los entierros en el Cementerio Calvo, eso es macabro”, subrayó.
Además, el biólogo manifestó que -en todo caso- también se plantearán medidas para comprobar la inconstitucionalidad del documento aprobado, puesto que -desde el punto de vista opositor- se trata de una iniciativa para la construcción que infringe planes reguladores y que inclumple permisos de previo que requieren los procesos de exhumaciones (a través del Ministerio de Salud).
“Sin los estudios previos de ley que debió de haber hecho el Ministerio de Salud para que pudieran autorizarse las exhumaciones con maquinaria pesada a unos dos metros de profundidad, ese macabro proyecto nunca debió de haberse aprobado”, señaló.
Por otra parte, el biólogo también llamó la atención sobre la importancia de calcular la magnitud del cementerio y la cantidad de exhumaciones que tendrían que realizarse, puesto que se trata de un cementerio viejo, que acoge restos humanos desde mediados del siglo XIX.
“En ese lugar (los 16.710 metros cuadrados), es cierto, hace unos diez años no se entierra más gente, pero desde la segunda mitad del siglo XIX sí. El Cementerio Calvo es tan viejo como eso y fue dedicado al padre Francisco Calvo que fue el capellán de la Campaña Nacional, para ponerlo en contexto”, señaló el biólogo.
“Por eso, supongamos que el cementerio ha funcionado por 100 años; entonces, si en esos 100 años usted enterró a una persona al mes, en cien años ya habrían unos 1.200 sepulcros”, concluyó.
Por último, Pacheco arremetió contra el alcalde josefino Johnny Araya, puesto que -desde su punto de vista- ha tratado el tema con total desinterés por el respeto a los restos humanos, tratando el lugar como un “lote baldío” y no como un cementerio.
También, reprochó que el proyecto de ley se tramitó con cierto tipo de “engaño”, puesto que fue presentado sin citarse al Cementerio Calvo (con este nombre) como el territorio a ser desafectado. Esto, desde su punto de vista, favoreció una aprobación sin mayores trabas en el camino.
“Se aprobó y en el primer debate nadie se dio cuenta, ya en el segundo Ligia Fallas llamó la atención, pero ya era muy tarde. Al menos consiguió algunos votos en contra”, destacó.
