Tras un primer debate en Asamblea Legislativa, los partidos recibirán ¢36.000 millones de la deuda política de las campañas del 2022 y 2024. Las elecciones para la Presidencia y diputaciones, así como las siguientes elecciones municipales, se autoriza una asignación de dinero público para los partidos de un 0,19% a un 0,085% del Producto Interno Bruto (PIB).
No obstante, originalmente, ese monto era mayor: el proyecto de ley 22.177 llegó a plenario con un porcentaje del 0,10% del PIB en su texto. En septiembre, su proponente Gustavo Viales, estimaba un ahorro “más de ¢31.000 millones”, cifra que se convirtió en los ¢36.000, durante el jueves, en su primer debate.
El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor y 2 en contra (el independiente Erick Rodríguez y la subjefa socialcristiana Shirley Díaz)
Este proyecto fue dispensado de trámites, por lo que su texto no fue avalado por comisión legislativa y tampoco recibió consultas técnicas de partidos o del Tribunal Supremo de Elecciones.
De acuerdo con palabras de Viales, el texto sí tuvo acuerdo de “diferentes estructuras partidarias y agrupaciones políticas”.
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“Se trabajó con el TSE, el principal órgano de fiscalización y actividad electoral del país. No es casualidad que su criterio fuera favorable para el proyecto e incluso solicitaran redacciones distintas para poder fortalecerlo”, explicó el diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional.
El proyecto, además, plantea una prórroga de las Asambleas Nacionales de partidos en aquellos casos de que “no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir las candidaturas para el proceso electoral 2022”.
Se agregó también la aplicación de un transitorio que permita que las asambleas se hagan en forma virtual y presencial para seguir “las disposiciones y lineamientos que emita el Ministerio de Salud”.
Criterios contra del proyecto
Shirley Díaz, PUSC
La subjefa argumentó que el proyecto que terminó aprobando el plenario excluye especificar cuál es el “lapso en el que se reconocerán los gastos de campaña” y también “la obligación del tesorero de informar al TSE sobre donaciones o contribuciones que recibe el partido.
“Permanece la posibilidad de que la vigencia de la Asamblea Nacional quede prorrogada en los casos de partidos que no hayan iniciado su proceso de renovación de estructuras a la hora de inscribir las candidaturas del 2022. Hubiese sido ideal que ese transitorio fuese eliminado de la ley para que no hubiera tentación, so pretexto de no poder reunirse, pretenda mantener vigente su Asamblea Nacional tal y cual está conformada en este momento. A todas luces, sigue siendo antidemocrático y no le conviene al sistema costarricense”.
Erick Rodríguez, independiente
“Todo este tipo de recortes, aunque no sean tan significativos, le hacen un daño grande a la democracia y poco favor a las finanzas públicas. Ya están diciendo que con este recorte se va a ayudar a la CCSS. Cada recorte de gasto que se hace, le metemos un gasto nuevo para ver dónde le metemos (..) Aquí es donde hay que recurrir a los bancos, a los grandes empresarios de este país. Perdonen que se los diga, pero quien pone la música, manda el baile. Quienes financian las campañas políticas, lo que están haciendo, claramente, es que la gente con poder político, que sus familias lo ostentaron anteriormente, y que otra vez la ostentan sus hijos y luego la ostenten sus nietos».
