Los diputados de la comisión fiscal aprobaron apenas nueve de las 1.008 mociones que se presentaron durante el primer tramo de modificaciones al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que llega a su recta final en el trámite legislativo.
Una inmensa mayoría fueron rechazadas, incluidas las 500 que presentó el republicano socialcristiano, Dragos Dolanescu, y el texto sustitutivo propuesto por el Gobierno que incluía las 18 modificaciones solicitadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a los diputados.
Entre los poquísimos cambios acogidos, siete son propuestas del Frente Amplio (FA) y dos de Liberación Nacional (PLN), las cuales establecen medidas como eliminar la exención sobre los bienes transados en la Bolsa Nacional de Valores, eximir a los seguros en varias modalidades, no afectar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y congelar los salarios del presidente, los diputados, los miembros de las juntas directivas institucionales y los funcionarios cuyas retribuciones superen los ¢4 millones por los próximos dos años.
Sobre sus mociones aprobadas, el frenteamplista José María Villalta señaló que “todavía quedan muchos campos en los que le gustaría incidir”, aunque comentó que “es satisfactorio” que se hayan aprobado varias de las propuestas planteadas por su Partido.
Según Villalta, las aprobaciones son el resultado de negociaciones y puntos de encuentro que ahora buscará potenciar en otras materias en las que desea trabajar, como es el caso de los impuestos a medicamentos y la canasta básica, eliminar portillos para la evasión fiscal y una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta.
La liberacionista Silvia Hernández comentó que ahora lo que corresponde es continuar con las negociaciones de cara al segundo día de modificaciones, en el que la idea es seguir trabajando sobre el texto vigente, aunque con el acuerdo de guiarse con algunas líneas centrales del texto sustitutivo recién rechazado.
Sobre las mociones de su partido, Hernández describió que “una le ponía un impuesto a las telenovelas (del 50%) y la otra era para exonerar todo tipo de energías limpias”.
Ahora, los diputados se encuentran en mesas de negociación con el Gobierno para llegar a consensos —al menos de mayorías— de cara al segundo día de modificaciones, un espacio que se abrirá en el primer o segundo jueves de agosto, según la congresista verdiblanca.
En cuanto al rechazo de la mayoría de mociones, Hernández indicó que “no todas se debieron necesariamente por cuestiones de contenido, sino porque al rechazarse el texto sustitutivo muchas perdieron conexidad o posibilidad de ser contempladas”.
“Grandes acuerdos”
Acabado el proceso de votación de mociones, ahora los diputados de la comisión fiscal se dispondrán a escribir el nuevo informe del texto. Ese proceso es indispensable para arrancar con el último día de modificaciones.
Entre tanto, Welmer Ramos, el único oficialista en la comisión y presidente del foro, comentó que “se está en el proceso de construcción de un acuerdo, con una mesa de trabajo en la que todos están hablando de los puntos de acuerdo que son mayoría”.
Al respecto, se mostró seguro de que “para el 2 de agosto se tendrá un gran acuerdo”, mientras que “los pequeños desacuerdos los dirimirán por medio de la democracia como se acostumbra en el país” (es decir, vía mociones).
Por el momento, las negociaciones están marcadas por desencuentros en cargas claves propuestas por el Gobierno como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los alquileres (13%), los medicamentos, los servicios de educación y salud privados (4%) y la canasta básica (2%); sin embargo, el oficialismo espera llegar a puntos de encuentro que permitan debilitar lo menos posible la recaudación del texto y la trazabilidad que permita.
Con su reforma fiscal (expediente 20.580), el Gobierno espera recaudar al menos un 1,5% del PIB, intención que buscará mezclar con reformas al empleo público y a las instituciones del Estado para reducir el déficit primario del Gobierno Central, que cerró por encima del 3% del PIB en 2018 y gestionar la deuda que apunta a un 54% de PIB al finalizar este año.
