Los jefes de fracción acordaron discutir el próximo 13 de febrero si «resellan» o no la ley que exonera a la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) del cumplimiento de la Regla Fiscal, una ley que fue aprobada por la legislatura anterior y que fue vetada por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles.
En la reunión de jefaturas de fracción realizada esta mañana, el presidente del directorio legislativo, el liberacionista Rodrigo Arias, recordó que la iniciativa fue dispensada de todo trámite y que tienen un mes para tomar una decisión sobre el veto, fecha que vence el 15 de febrero.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, dijo que es el plenario el que debe rendir un informe sobre el expediente.
El expediente 22.993 había sido dispensado de todo trámite y aprobado de manera definitiva por unanimidad el 28 de abril, en la legislatura pasada. Agrega un inciso H) al artículo 6 del Título IV Responsabilidad Fiscal de la República del Capítulo 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El principal argumento era que los fondos de Procomer se generan por otras rentas; por ejemplo, de las declaraciones aduaneras de exportación e importación y el pago por el uso de las empresas bajo el régimen de Zona Franca, además de transferencias del Ministerio de Comercio Exterior (Comex). También se argumentó que los recursos se usan para el desarrollo empresarial y la generación de empleo.
Sin embargo, el 18 de mayo del año pasado, el presidente y el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, vetaron el decreto legislativo.
Ahora el plenario deberá decidir si acoge el veto presidencial y archiva el decreto ley, o si lo “resella” y lo convierte en ley, para lo cual se requieren 38 votos.
La administración Chaves Robles apuesta por la iniciativa de ley que presentó el 7 de setiembre para flexibilizar la Regla Fiscal, que excluye del cómputo de esta norma al pago de intereses y comisiones de la deuda pública incluidas en el presupuesto de la República, y a las empresas públicas o instituciones autónomas que tengan actividades comerciales abiertas al régimen de competencia.
Se trata del proyecto de Ley de Modificación del Título IV de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 23.330), que está en la Comisión de Hacendarios; pero aún no ha empezado a discutirse.
