Los diputados alcanzaron un acuerdo para dar un “tiempo prudencial” antes de que se repita la votación definitiva del expediente 20.810: el crédito por $31,3 millones ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la remodelación y la restauración integral del Teatro Nacional.
Así lo decidieron la semana pasada en reunión de jefes y subjefes de fracción, después de que la ministra de Cultura, Sylvie Durán, remitiera una carta a la Presidencia legislativa solicitando una pausa para “explorar aceleradamente y con las partes correspondientes, escenarios o esquemas de trabajo” que permitieran salvar el proyecto.
La carta es una súplica en medio de un contexto que parece muy complicado para la iniciativa. De hecho, esta ya fue rechazada en segundo debate la semana pasada; sin embargo, logró una segunda oportunidad el martes anterior, cuando 31 legisladores aprobaron una moción para revisar la decisión una última vez (repetir la votación).
No obstante, el crédito necesita 38 votos para ser aprobado y, ante una eventual asistencia del todos los legisladores, este apenas tendría el respaldo de 33 congresistas (por el momento): 14 del Partido Liberación Nacional (PLN), 10 del Partido Acción Ciudadana (PAC), tres del Partido Integración Nacional (PIN), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), un independiente y otro del Frente Amplio (FA).
En contra se han sostenido con especial fuerza los diputados del PUSC (menos María Vita Monge) y los del Partido Restauración Nacional (PRN), a los que se sumaron de última hora los siete diputados del bloque independiente Nueva República, quienes habían respaldado la necesidad de aprobar el crédito en un inicio, pero se replantearon su postura de cara a la segunda de las votaciones (que ahora se repetirá).
Este grupo alega que no todas las obras propuestas en el crédito son prioritarias y que simplemente deberían realizarse medidas de contención para posibles incendios, tomando en cuenta la débil situación financiera del Estado. Sin embargo, el crédito se había negociado con la idea de realizar un remozamiento completo del principal inmueble de la capital y esto es lo que defiende el Ejecutivo.
En total, el crédito comprende inversiones por $27,7 millones para infraestructura y equipamiento, incluida la construcción del Centro Cultural José Joaquín Vargas Calvo ($8,2 millones), que permitiría desocupar aposentos del teatro y descartar algunos alquileres; así como otros $4,6 millones para la fiscalización, la supervisión y la contingencia de posibles imprevistos.
Entre las obras de infraestructura, se habían incluido algunos detalles recomendados para reducir la presencia administrativa y las sobrecargas de las instalaciones del Teatro; además de una remodelación integral del escenario y una restauración de los aposentos y de las obras internas que, según las autoridades institucionales, no podrían realizarse a mejores costos o con menores riesgos para la infraestructura si se trabajan por separado.
Ahora, indicó la ministra Durán en su nota, la idea será buscar de nuevo a los indecisos y plantear soluciones alternas, tengan que ver directamente con el crédito o no.
La idea será posicionar de nuevo la importancia del empréstito, una iniciativa que implicó negociaciones con el BCIE, más de tres años de diálogo con los diputados e inversiones por más de $1,3 millones en estudios y diseños de preinversión, que ahora penden sobre una cuerda floja.
Presidente legislativo: “Es importante que el Gobierno se mueva y que las alternativas puedan surgir lo más pronto posible”
Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, indicó que el acuerdo de los jefes y subjefes de fracción fue “darle una pausa al proyecto y esperar algunos días para que el Gobierno plantee algunas alternativas”. No obstante, advirtió que le parecería prudente que el Gobierno actúe tan rápido como sea posible, pues la paciencia no es igual en todas las partes.
“Lo digo porque los diputados que han estado en contra de la iniciativa sí han dicho que están dispuestos a esperar, pero un plazo prudencial, así que evidentemente es importante que el Gobierno se mueva y que las alternativas puedan surgir lo más pronto posible”, explicó.
Benavides además señaló que si bien hay un acuerdo para pausar la discusión, esto no es algo que se pueda hacer por muchísimo tiempo, pues el texto está entre los primeros en la agenda legislativa y, para posponer su discusión, se requerirá que la mayoría de las partes así lo desee en el Congreso.
En su particular, afirmó que piensa “ayudar en todo lo que se requiera de mi parte para intentar buscar una nueva opción”, pero sabe que las condiciones son complicadas.
Sobre los plazos, Benavides señaló que no hay un tiempo definitivo: “En realidad la ministra no precisó un plazo, pero me parece que lo prudente es que acelere y que plantee algo lo más pronto posible”, concluyó este viernes, en entrevista con este semanario.
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