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Diputado y secretario del PLN sobre reducción de armas: «No estamos cerrados a la discusión»

El congresista del PLN, presidente de la Comisión de Seguridad, habla sobre una reunión en su despacho con un representante proarmas y asegura estar "absolutamente de acuerdo en que se regule el tema del lobby"
  • El congresista del PLN, presidente de la Comisión de Seguridad, habla sobre una reunión en su despacho con un representante proarmas y asegura estar «absolutamente de acuerdo en que se regule el tema del lobby»

 

La discusión sobre si reducir o no el número de armas permitidas para cada persona sigue abierta en el Congreso. Así lo dice el recién elegido secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, un defensor de dejar el número en tres para aquellas personas que necesitan una en su casa,otra en su trabajo y otra en su finca, como dijo en un programa radiofónico.

Viales es uno de los tres legisladores liberacionistas en la Comisión de Seguridad y además preside ese foro, donde se tramitan actualmente dos reformas a la Ley de Armas y Explosivos.

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En esta entrevista, Viales habla sobre las posturas del PLN en este contexto, explica las decisiones tomadas hasta el momento y rememora una reunión en su despacho con un representante del grupo proarmas.

En materia de cabildeo, asegura estar «absolutamente de acuerdo en que se regule el tema del lobby«.

Si usted tuviera que explicarle a alguien la dinámica actual en la comisión de Seguridad en este momento, en vista de toda la polémica que se ha levantado en torno a las regulaciones de armas, ¿usted qué le diría a esa persona?, ¿qué es este proyecto por ahora?

— El proyecto es necesario y nosotros así lo hemos entendido, es un proyecto que se ha retrasado por muchos años en la Asamblea Legislativa y cuando ingresamos nos dimos a la tarea de investigar la necesaria regulación que debe tener el país. Tenemos una legislación antigua en materia de armas y las penas eran ridículas si usted tenía una portación ilegal o un arma que no estaba permitida, y eso está ocasionando un aumento en ambos rubros porque no existe un desestímulo para hacerlo.

Nosotros nos dimos a la tarea de ampliar la discusión, hacer convocatorias y hacer consultas para formar un mejor criterio, decididos a avanzar. El proyecto tiene un 90% de consenso en los dos expedientes, pero tenemos una limitante que todavía no hemos logrado dirimir que es la cantidad de armas.

Ese ha sido el tema de los últimos días y, precisamente en esa línea, existe un discurso que los acusa a ustedes (los tres diputados del PLN en la comisión de Seguridad) por cambiar de posición en el número permitido. Primero dictaminaron un texto que decía que el tope fuera un dispositivo por persona y luego cambiaron a tres: ¿por qué?

— Aquí es importante poner en perspectiva el contexto en el que se dio eso y también a las personas que puedan leer esta publicación. Nosotros recibimos estos proyectos de la legislatura anterior. No fueron proyectos creados en este periodo, de manera tal que tenía la posición de varios diputados en una conformación distinta y cuando lo recibimos el proyecto ya tenía una posición clara.

¿Se refiere a que ya venía con un arma?

— Sí, pero cuando recibimos los proyectos vimos que era necesario hacer más consultas que no estaban en el expediente, hacer audiencias, ver cuál era la posición del Poder Ejecutivo y entonces, en el afán de que estábamos en un consenso relativo y únicamente en el tema de la cantidad nos faltaba, dictaminamos el proyecto (con un arma) e inmediatamente hicimos las audiencias y las consultas, sabiendo que el proyecto no salía de comisión y ese análisis fue contundente, con los argumentos que teníamos, que el Poder Ejecutivo no podía demostrar que bajando la cantidad armas legales iba a poder bajar el número de homicidios y por eso nosotros decidimos mocionar al respecto (para devolver el número a tres).

Ustedes hicieron consultas e imagino que sostuvieron reuniones con todos los sectores, ¿esas reuniones qué tanto pesaron y con quiénes se reunieron específicamente?

— En particular nosotros no tuvimos reuniones para ver este proyecto en específico, tuvimos audiencias y todas constan en el expediente. Recibimos al Ministro, al Viceministro, al Director de Armamento, al Director del OIJ… tiene datos que nos indican que la cantidad de armas de 2017 a 2018 involucradas con incidentes, el 97% no estaban inscritas, es un documento que es público, es contundente y contradice totalmente lo que dice el Gobierno y esas fueron las reuniones que nosotros tuvimos en el marco de la comisión, por medio de audiencias para constatar.

También hicimos un visita guiada a la Dirección de Armamento para constatar toda la situación de armas que tiene la Fuerza Pública y los controles para que no pasen a manos de la ilegalidad, y no pesó más allá que los argumentos que nos dio el propio OIJ para tomar una decisión.

Don Gustavo, pero usted personalmente se ha reunido con personas que representan grupos de defensa de las armas y del armamento civil.

— No. Las reuniones que hemos tenido en nuestra fracción es en el marco de la comisión.

Lo decimos específicamente porque el 22 de noviembre de 2018 hay una entrada de don José Antonio Ojeda a su despacho, que representa al Centro de Defensa Civil S.A. y a la Asociación Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad. ¿Qué discutió usted con el señor Ojeda?

— Bueno, vamos a ver, en el marco de una comisión que no solamente discute el tema de armas sino también proyectos de seguridad, uno recibe en audiencia a muchas personas, pero no quiere decir que sea en el trámite de ese proyecto. Si usted ve las fechas, no tiene relación con la discusión de la cantidad de armas (el proyecto estaba en la comisión de Seguridad, pero aún no iniciaba la discusión de mociones).  También es absolutamente difícil garantizar que una persona que venga a visitar a un salón no se vaya a dirigir a otro despacho, no quiere decir que yo tenga una reunión planeada, puede ser que una persona está en una actividad del Salón de Expresidentes o que esté en otro despacho y pase a la oficina y uno por cortesía lo atiende, pero no quiere decir que eso vaya a influir únicamente en este proyecto.

Le preguntamos porque él indicó en la entrada del Congreso que se dirigía a su despacho. ¿Qué conversación surgió con el señor Ojeda?

— Bueno, eran proyectos en el marco de la comisión de Seguridad. Uno puede tener cientos de reuniones para formar criterio. Nosotros hemos hecho consultas indefinidas a muchos sectores para recibir criterios en proyectos que tienen que ver con armas, con la compra y venta, por ejemplo, que nosotros presentamos una iniciativa con varias fracciones para regular eso, y ellos tenían algunas incertidumbres en ese sentido. Nosotros también presentamos una moción para que las armas no se comercialicen en compra-ventas y en el marco de ese proyecto que presentamos recibimos el insumo para realizar la moción y regular eso.

Un reclamo de compañeros diputados de acá en la Asamblea es que hay una presencia y una presión de grupos de lobby proarmas, ¿desde la comisión se ha discutido o se ha intentado transparentar las reuniones que han tenido los miembros con asociaciones o grupos proarmas?

— Lo que hemos entendido es que hemos recibido las audiencias y las solicitudes de audiencia y hemos aprobado únicamente las que nos interesan en la generalidad, no en casos particulares, para no entrar en sesgos, y así es como se ha realizado. Nosotros no hemos, por lo menos en mi caso y en los diputados de la fracción, recibido presiones de personas en el campo de la comercialización para varias uno u otro criterio. Son absolutamente claros y contundentes los informes del OIJ que desmienten la posición del Gobierno y más claro que eso no puede existir argumento adicional para tomar una decisión. 

Ahora, en la última sesión de la comisión, una persona de grupos proarmas entró para hablar directamente con uno de los diputados de la comisión…

— Yo no puedo hablar por lo que hagan otros diputados, si un diputado quiere hacerse asesorar de otra persona yo no lo puedo impedir. Ustedes bien saben que las condiciones de infraestructura de la Asamblea hacen que sea difícil identificar las personas que ingresan, si van a un salón o a otro. Y estoy absolutamente de acuerdo en que se regule el tema del lobby, no tengo ningún inconveniente en eso ni hemos tomado decisiones en relación con lo que puedan intervenir.

Lo que indica, fuera de actas y en receso el diputado Otto Roberto Vargas (PRSC), es que la persona se le acercó para consultar cuántas mociones faltaban por votar y que él le dio el número, sin influir en las que faltaban por votar, pero eso quedó constatado y son testigos los diputados que participaron en el receso que le digo.

Saliéndonos del tema del lobby, más tarde en esa sesión ustedes toman otra decisión que fue eliminar una disposición que, según el Ministerio de Seguridad, permitiría el uso de algunas armas semiautomáticas si se derogan algunas directrices. Esa moción la presenta Jorge Fonseca y ustedes mismos presentan inmediatamente la revisión de la misma. ¿Por qué lo eliminaron de una manera tan contundente?

— Ese inciso decidimos eliminarlo porque no estamos permitiendo esas armas, es que actualmente están permitidas para empresas de seguridad privada, la Fuerza Pública, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Banco Central (BCCR) y si nosotros eliminábamos esas armas automáticamente iban a estar en la ilegalidad. Son armas que no se permiten al ciudadano justificarlas para su defensa, usted nunca va a ver a un ciudadano de ese país con un arma de esa magnitud para defenderse. Existen directrices para dirigir la comercialización de esas armas a empresas de seguridad privada y la importación a otros contratos que se puedan dar, pero si nosotros las quitábamos o las eliminábamos, todas esas armas en empresas de resguardo a grupos empresariales iban a pasar a la ilegalidad.

Inclusive hay directrices que impiden el uso para civiles de armas con apariencia militar, o sea, esas armas únicamente se utilizan para la fuerza pública, para instituciones, o sea, ese es el fin que tienen esas armas. Si nosotros no eliminamos ese artículo esas armas pasan a la ilegalidad y es más probable que pasen al mercado negro.

Sin embargo, los grupos que reclamaron esto dicen que esas excepciones ya estaban reguladas y que eliminar la prohibición es dejar abierta la oportunidad para el resto de la población.

— Es que actualmente las armas están permitidas y la ciudadanía no tiene para defensa personal esas armas, sino para actividades deportivas y olímpicas, para empresas de seguridad privada, una persona física o jurídica. Es decir, ese argumento no es cierto porque el ciudadano, a pesar de que están permitidas, no las utiliza para su seguridad personal y las excepciones que hace la ley son para el Gobierno Central, pero no para las empresas de seguridad privada que utilizan ese tipo de armas para estaciones de combustible, centros comerciales… esa excepción no pasa por ellos.

Hay una carta que publicaron agrupaciones proarmas en la que Antonio Álvarez, el excandidato de su partido, se comprometía a eliminar la directriz que prohíbe el uso de armas de apariencia militar no automáticas en civiles. ¿Ustedes tenían conocimiento de ese compromiso de campaña?

— No. No tengo conocimiento de eso, pero lo desconozco totalmente. No conozco ese compromiso.

Este tema ha sido conflictivo socialmente  y, como puede suponerse, partidariamente también.

Usted, como presidente de la comisión de Seguridad, secretario general electo del PLN y un defensor de dejar el número de armas en tres por persona: ¿Qué significa la posición de una de las máximas líderes en materia de seguridad como Laura Chinchilla, que dice que si fuera por ella dejaría el máximo en una? ¿Les hace replantearse la posición o la posición de tres armas es definitiva?

— Nosotros siempre hemos manifestado, lo dejé constando en actas y lo repito, estamos abiertos a la posibilidad y hay mociones, incluso presentadas por nosotros mismos para bajar a dos armas con una tercera por justificación. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer alguna enmienda y no estamos cerrados a la discusión. Hemos recibido audiencias y estamos esperando un próximo encuentro con el Poder Ejecutivo para poder llegar a un encuentro en esto.

Sobre lo que expresa doña Laura, ella en sus publicaciones nunca hace referencia a proyectos de ley en específico ni a una cantidad de armas.

Pero sí lo dijo recientemente a la prensa.

— Pero no lo ha dicho en sus medios oficiales. Yo no he podido conversar con ella, aunque ciertamente presentó un proyecto de ley en esa dirección que fue votado en contra por el PAC también, curiosamente, no tuvo consenso en ese momento, como sí lo tienen estos proyectos de ley. Decir que antes se apoyaba y que ahora no sería una contradicción.

Las condiciones por las cuales doña Laura manejó la seguridad en este país y ahí coincido absolutamente con ella fueron a través de una política criminal fuerte y agresiva, que este gobierno no ha implementado, y en esas condiciones donde aún teniendo más de tres armas se pudo disminuir la cantidad de homicidios era factible tramitar un proyecto de ley en esa naturaleza, pero hoy las condiciones han cambiado:el tema del narcotráfico y del crimen organizado van en aumento, igual que los homicidios, y tal vez no sea el ambiente idóneo para trabajar sobre esto, pero estamos abiertos a la discusión.

También su jefe de fracción decía que, desde una lógica común de la mayoría de la bancada, se entendía que «a menos armas, menos incidentes», ¿ese argumento le convence como miembro de la comisión?

—Bueno, esos es un discurso distinto a lo que ha dicho el Gobierno en el tema de las incidencias en accidentes, pero no en que disminuir la cantidad de armas va a disminuir la cantidad de homicidios que están en la calle. Ese es un enfoque diferente y el Gobierno no lo ha planteado nunca en esa dirección, y me parece que es una excusa muy buena para decir al final de que no lograron cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo porque la Asamblea Legislativa no aprobó esta ley.

El enfoque de nuestro jefe de fracción es distinto. Es en el tema de incidencias y ahí existe, ciertamente, una valoración que hemos discutido en fracción y de acuerdo con las mociones que nosotros hemos presentado inicialmente discutiremos con el Poder Ejecutivo para ver qué articulamos al respecto.

Entonces, para concluir, la posición de ustedes se mantiene, aunque el Gobierno les dice que anualmente se pierden unas 800 armas legalmente inscritas por año.

— Nosotros para eso agregamos mociones. Tal vez no sea que se sustraen, por ejemplo, puede ser que se comercialicen entre particulares. Hoy en día si usted no tiene los requisitos para comprar un arma en una armería no necesariamente tiene que hacerlo, puede comprársela a otro particular que no la tiene y no necesita ningún requisito. Nosotros agregamos una moción al respecto. Una persona puede ir a una casa de empeño a comercializar un arma y nosotros estamos agregando mociones para votar eso. Son mociones que, curiosamente, el PAC no votó.

En el tema de las incidencias, eso es un asunto, ciertamente probable que nosotros vamos a discutir. Hemos planteado mociones y decir hoy que la posibilidad de no bajar o mantener la cantidad de arma, nosotros en un inicio presentamos mociones para eso. Ahí podríamos tener una discusión con el Poder Ejecutivo.

* Esta entrevista fue producido y publicado en conjunto con Interferencia, el noticiero de las Radios UCR.

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