El diputado del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, confirmó a UNIVERSIDAD que varios diputados y asesores se presentarían una consulta de constitucionalidad, ya redactada, sobre posibles vicios procedimentales y de fondo en el proyecto de ley 21.049 “para dar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos”.
El movimiento lo impulsan después de que el proyecto fue aprobado en primer debate este martes, tras una extensa sesión del Plenario legislativo.
Según comentó Muñoz, aún no tiene certeza de que se vayan a reunir las 10 firmas necesarias, pero no sería de extrañarse, tomando en cuenta que 15 legisladores de todas las fracciones votaron en contra del proyecto hace menos de 24 horas.
La consulta, dijo Muñoz, cuestionaría la aplicabilidad al proyecto del procedimiento abreviado (conocido como vía rápida); así como posibles violaciones a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, del derecho a la huelga, y la libertad de asociación sindical. Con ello, buscaría frenar el expediente por cuestiones de forma o de fondo.
El diputado no adelantó los detalles que cuestionarán sobre el procedimiento; sin embargo, sí fue enfático en cuestiones de fondo, como la disposición incluida de última hora que permitiría a los patronos suspender los salarios de sus trabajadores en tiempos de paro.
“Nosotros estamos en el tema, pero en teoría tendría las firmas porque el tema se ha hablado y la gente ha manifestado estar de acuerdo con la consulta. Ahorita el documento está en una revisión final y yo creo que de aquí a la tarde estaría lista”, explicó Muñoz.
“El tema de los salarios es importante, afecta muy fuertemente los derechos del trabajador y hay temas constitucionales sobre todas estas reformas que se realizaron, incluidas algunas que podrían haber requerido votaciones calificadas (38 votos) y no como finalmente ocurrieron”, subrayó.
De presentarse oficialmente esta consulta a los magistrados constitucionales, el trámite del proyecto podría detenerse hasta por mes y medio, tiempo máximo que tienen los altos jueces para realizar su respuesta.
En caso de que la Sala Constitucional detectara errores de procedimiento, el proyecto podría devolverse a una etapa temprana o caerse del todo (dependiendo de lo que determine); mientras que en cuestiones de fondo, los magistrados únicamente podrían dar opiniones (positivas o negativas) que luego podrían confirmarse si se presentan acciones de inconstitucionalidad.
En caso de que no se detectaran vicios, el proyecto podría aprobarse inmediatamente.
Este martes, los diputados aprobaron el proyecto 21.049 en primer debate, en el que incluyeron medidas para reducir los plazos en la calificación de legalidad de las huelgas, restringir el ejercicio de las mismas en ciertos servicios, procurar la suspensión de salarios en los tiempos de paro y castigar con mayor fuerza las acciones ilegales que se realizan en ellas, como bloqueos o sabotajes.
El texto se aprobó con el apoyo de 40 diputados; sin embargo, otros 15 de todas las fracciones posibles votaron en contra. De ese grupo provendrían las firmas para acudir a la Sala.
Los diputados que votaron en contra del proyecto fueron Paola Valladares, del PLN; Paola Vega, del PAC; Óscar Cascante y Shirley Díaz, del PUSC; Walter Muñoz, del PIN; Mileidy Alvarado, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Mevin Núñez, del PRN; José María Villalta, del FA; Dragos Doalnescu, del PRSC; y los fabricistas Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes e Ignacio Alpízar.
Sobre una posible consulta, el presidente legislativo y principal propulsor de la iniciativa, Carlos Ricardo Benavides, afirmó este martes por la noche que cualquier detalle que defina la Sala podría ser revisado, aunque considera que las disposiciones tomadas fueron respetuosas y acordes con la disposición jurídica de la mayoría de los países en el mundo.
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