Dos declaraciones diferentes —una presentada en marzo y otra en mayo— para justificar un mismo viaje en helicóptero donado al excandidato presidencial Fabricio Alvarado son parte de los documentos que remitió el diputado José María Villalta a la Fiscalía, como prueba de presuntas irregularidades en las contribuciones a la campaña del Partido Restauración Nacional (PRN) en las últimas elecciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigó si el viaje había sido donado por una persona jurídica, algo que prohíbe el Código Electoral; una premisa por la que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también solicitó información al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE, según informó el medio digital ameliarueda.com.
El viaje en helicóptero se realizó el 18 de febrero en medio de una gira de Fabricio Alvarado a Costa de Pájaros, Isla Chira y Lepanto, en Puntarenas, lugares que visitó justo 14 días después de colocarse al frente en la primera ronda de elecciones.
Las dos declaraciones del mismo viaje fueron aportadas por el propio PRN al TSE para justificar la misma donación de Paulo Rodríguez Herrera por $3.770; sin embargo, a pesar de que ambas están fechadas al 18 de febrero, la segunda muestra diferencias y su presentación coincidió con las denuncias sobre las presuntas irregularidades hechas por la exdiputada Patricia Mora en el Plenario Legislativo.
Entre las dos declaraciones, la segunda —presentada después de cuestionamientos— añade que el monto se pagó en efectivo, un sello de la Tesorería del partido y el detalle de tres facturas, la tercera no consecutiva.
Al respecto, Villalta cuestionó la realización del pago en efectivo y las diferencias entre los documentos presentados, que “no parecen haber sido hechos en la misma fecha” y “más bien la segunda parece haber sido hecha posteriormente para justificar la supuesta donación en especie, alegando que el pago se hizo en efectivo para así poder justificar que no existen transacciones bancarias que demuestren que el supuesto donante”.
El hecho de que el pago se haya realizado por una donación es fundamental en términos de legalidad por el artículo 128 del Código Electoral, norma que prohíbe que personas jurídicas realicen este tipo de contribuciones.
Meses atrás, el diario La Nación publicó que los servicios los había solicitado la empresa Aerobell a Agrotrade (dueña del helicóptero) para el candidato del PRN; sin embargo, el partido finalmente le atribuyó el alquiler a la supuesta donación de Paulo Rodríguez y no a un pago directo entre sociedades.
Sobre estos hechos, Villalta pidió explicaciones a los restauracionistas, a quienes indicó que “esta situación genera fuertes indicios para sospechar que aquí hay un intento de encubrir una actividad ilícita” y “genera dudas sobre quién realmente pagó el viaje y la posibilidad de que estemos ante el uso de un testaferro”.
“Es poco creíble que a estas alturas alguien pague casi $4 mil en efectivo. Esta situación nos recuerda casos recientes como los tiquetes de avión de Celso Gamboa o el viaje a la playa de Morales Zapata”, puntualizó.
Las finanzas de Restauración son investigadas por el TSE desde que el presidente de esa agrupación, Carlos Avendaño, denunció una “estructura paralela” de gastos para explicar retrasos con el pago de contratos y servicios recibidos en campaña.
Avendaño, diputado y jefe de fracción de los auriazules en el Congreso, incluso llegó a mencionar que se enteró “por la prensa” de varios movimientos de campaña, como el nombramiento del empresario Juan Carlos Campos, quien fungió como coordinador de la misma.
En un oficio relacionado con las explicaciones de esta donación (Restauración-CE-28-18 del 28 de mayo), el Comité Ejecutivo de Restauración Nacional -incluidos Avendaño, la tesorera Jessica Sequeira y el secretario Miguel Ángel Quesada- indicaron al TSE que era “de suma importancia que conste para los magistrados (as) de este Tribunal (…) las limitantes que tienen los partidos políticos para corroborar la fiabilidad de la información que aportan los donantes”, a pesar de que esa obligación se imprime sobre los tesoreros de los partidos en el artículo 121 del Código Electoral.
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Las declaraciones
