El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, calificó de irracional y contraproducente la circular enviada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) a las Juntas de Educación y Administrativas en la cual les solicita no dar mantenimiento a las obras de infraestructura.
De acuerdo con Villalta, esta orden del MEP que fue denunciada por varios directores a su despacho, haría que se debiliten las obras de infraestructura de las escuelas y colegios del país, y terminen siendo declaradas inhabitables por el Ministerio de Salud.
“Si hay una gotera en el techo de una escuela, la orden es no realizar obras de mantenimiento, entonces no se pueden cambiar las latas para tapar la gotera y eso va a llevar que esta gotera se haga más grande, y luego se pudre todo el techo y se tiene que declarar la escuela inhabitable”, señaló a UNIVERSIDAD.
“La directriz afecta el derecho a la educación, es irracional y contraproducente porque al impedirle a las juntas de educación darle mantenimiento a las escuelas lo que están provocando es mayores daños que después cuesta mucho más reparar”, agregó
Los señalamientos de Villalta se dan luego de que el pasado 30 de agosto, la viceministra del MEP, Paula Villalta, en la circular DVM-PICR-0040-2021, solicitara a las Juntas de Educación y Administrativas, -como medida de austeridad- no realizar gastos en el mantenimiento de los centros educativos durante los próximos años, a menos de que exista una orden sanitaria.
En la circular, el MEP indicó que de acuerdo con la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 42798-H Medidas para control y reducción del gasto público, publicado en el Alcance Nº 6 a La Gaceta Nº 7 del 12 de enero y lo instruido en el oficio DM-0292-2021 mediante el cual se establece un techo a la ejecución presupuestaria 2021, fechado el pasado 12 de abril y basado en la aplicación de la regla fiscal, “este Ministerio se ve en la obligación de subejecutar una serie de rubros que incluyen gastos operativos para el funcionamiento de los centros educativos”.
“Los objetivos de Hacienda son poder decir que tuvieron más superávit no solo para cumplir con la regla fiscal sino para decir públicamente que son responsables con las finanzas públicas aunque lo que están haciendo es generando un gasto mayor para futuros gobiernos”, criticó el diputado Villalta.
Otras peticiones de la circular
El Ministerio pidió también a las juntas educativas y administrativas no realizar erogaciones en nuevos procesos de contratación administrativa para la adquisición de bienes o servicios que no sean urgentes e indispensables para el funcionamiento del centro educativo, menos cuando no disponga de la totalidad de los recursos para realizarlo, es decir, no deben contar con ingresos futuros que no han recibido. Aquí se incluyen los gastos de mantenimiento en las escuelas y colegios.
A esto se suma no contratar nuevo personal de apoyo a la gestión directa de las Juntas, tales como amanuenses, secretarias, asistentes, administradores entre otros. Solo se podrán contratar cocineras, guardas o misceláneos, siempre que sean indispensables para el funcionamiento del centro educativo.
Tampoco podrán comprar mobiliario o equipo de oficina o de otro tipo no indispensable, para los centros educativos ni para las Juntas. En el caso de equipo de cómputo solo se podrán adquirir si los mismos son urgentes e indispensables, reza la circular.
En el caso de los recursos provenientes de la Ley 7552 (sobre la Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades), la viceministra ordenó también dar prioridad a la atención de los gastos de operación básicos de los centros educativos y no incurrir en gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de la institución o de la Junta.
Nelson Quesada, director de la Escuela Andrés Corrales, expresó su preocupación ante esta circular que afecta en sobremanera el centro educativo que dirige en Poás de Aserrí.
“Estoy muy preocupado. Nos hemos estado inundando por una acequia que está cerca de la escuela, y si no tenemos dinero para mantenimiento de infraestructura como vamos a solventar estas necesidades. Es preocupante porque las instituciones se van deteriorando”, indicó Quesada.
Agregó que en este momento este centro educativo tiene dos orinales dañados y no los puede cambiar debido a la instrucción del Ministerio.
“Sentimos que no tienen una visión clara de lo que es estar dentro de un centro educativo, donde hay un montón de necesidades que ahora no se pueden solventar por la solicitud de ellos”, agregó.
UNIVERSIDAD solicitó una entrevista con la viceministra de Educación, Paula Villalta; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Esta no es la única situación que actualmente atenta contra los centros educativos. El pasado 1 de septiembre, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, presentó el último proyecto de ley de presupuesto para el 2022 el cual aplica recortes por ¢300 mil millones al Ministerio de Educación Pública.
Se trata de recortes que incluyen programas sensibles para la atención de poblaciones vulnerables, como ¢22.915 millones en becas, ¢6.400 millones al Programa de Comedores Escolares, declarado como un servicio esencial, o ¢7.546 millones al Convenio con la Fundación Omar Dengo, que afecta la implementación de la Red Educativa Bicentenario para dotar de conexión a internet a los centros educativos de todo el país, entre otros.
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