La posibilidad de que la explotación ilegal de oro en Crucitas de San Carlos sea dominada por un grupo criminal organizado fue planteada por Edgardo Araya, diputado de la zona quien desde mayo ha denunciado la presencia de cientos de personas que buscan el metal precioso.
Una de las fincas en donde la minera Infinito Gold planeaba iniciar una operación de extracción de oro a gran escala fue invadida por grupos de mineros artesanales que comenzaron a buscar y extraer mineral con oro utilizando sustancias altamente contaminantes como mercurio.
Estos mineros artesanales montaron campamentos dentro de la fina propiedad de la empresa Ganadera Vivoyet y recientemente fueron desalojados por la Fuerza Pública.
“En la zona se habla de un capo del oro, alguien en Abangares que empezó a financiar la actividad. De hecho, me llegó la noticia de que ese grupo de Abangares amenazó con desalojar a quienes no se pongan de acuerdo con ellos”, explicó el diputado.
Según Araya, ese grupo de Abangares controlaría de manera exclusiva un sector de la finca en donde se extrae el oro.
Araya, quien es candidato presidencial del Frente Amplio, añadió que se reunió al respecto con Jorge Chavarría, Fiscal General, para plantear que el foco de la investigación debe ser el de crimen organizado, “porque desde el inicio se veía una organización que financiaba a la gente, luego se volvió masivo. El grupo inicial estaba organizado, dirigido y financiado para delinquir”.
A través de su oficina de prensa, Chavarría no descartó la posibilidad de que se trate de un caso de crimen organizado, pero puntualizó que “el caso por la extracción de oro en Crucitas está siendo tratado como un tema de explotación minera ilegal y afectación del ambiente, como se ha visto en el operativo que se realizó en los últimos días”.
Chavarría sin embargo informó que “también se trabaja con el fin de determinar si podría ser una actividad de carácter organizado”.
Allan Obando, director de la Policía de Fronteras -entidad que ha hecho frente a la situación desde las denuncias iniciales-, explicó que tuvieron conocimiento de la situación en mayo y que desde entonces se han detenido más de 130 personas, que fueron “pasadas en flagrancia a los tribunales”.
La situación es grave además por el daño ambiental que implica no solo la cantidad de gente cavando el terreno a orillas de la quebrada de la finca, sino porque el oro se extrae mediante un proceso que implica el uso de mercurio, un metal que puede ser altamente tóxico para las personas y el medio ambiente.
De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS), el mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y ojos.
FIEBRE DE DINERO FÁCIL
Además de ese grupo original que según dice Araya provino de Abangares, cientos de personas en la zona Norte dejan sus trabajos e incluso fincas ganaderas con tal de ir en busca del sueño del enriquecimiento fácil y rápido que promete la explotación ilegal de oro en Crucitas de San Carlos.
El fenómeno es reciente, data de unos tres o cuatro meses según detalló a UNIVERSIDAD el diputado Araya, quien ha insistido en denunciar la situación por diferentes vías.
El legislador relató que la primera alerta se dio cuando “gente venía de Abangares en busetas pagadas, empezaron a alquilar ciertas casas de la zona”. Añadió que entonces la empresa dueña de la finca, Ganadera Vivoyet, coordinó con la Fuerza Pública y se realizaron operativos, pero conforme pasaban los días, a pesar de que se hacían detenciones entraban más personas.
“El problema se fue haciendo más grande y más grande y es lo que tenemos hoy, los primeros que entraron regaron la bola de que les iba muy bien, que iban a sacar mucha plata, empezó a venirse mucha gente de Abangares y también de Corcovado, de las comunidades aledañas se metieron hasta después, cuando todo el mundo se metió”, informó.
El legislador detalló que la finca formó parte del proyecto que Industrias Infinito pretendió establecer de minería a cielo abierto con cianuro, pero que siempre ha sido propiedad de la empresa Ganadera Vivoyet, la cual en su momento cedió el usufructo de la propiedad a la empresa minera.
Por otra parte, el director de la Policía de Fronteras enfatizó que al tratarse de un terreno privado, la policía solo puede entrar cuando se solicita auxilio; sin embargo, expresó que ya se ha emprendido un “abordaje institucional” que ha implicado participación de la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Salud o la Dirección de Migración y Extranjería.
Detalló que en los operativos realizados se han decomisado armas de fuego y se han detenido personas con orden de captura por causas como robo o pago de pensión.
Informó además que el miércoles 13 se realizó un operativo importante en el que “fueron notificadas 180 personas en los alrededores que no podían estar ahí, que si permanecen en el sitio serán detenidas”. Dijo que ese operativo sirvió para determinar que los rumores de que dentro de la finca había tráfico de drogas y funcionaban prostíbulos eran falsos, pero que quienes van a la zona a buscar oro pernoctan en espacios alquilados en fincas aledañas.
LA CAUSA ARIAS
En el contexto de la explotación ilegal de oro en Crucitas, volvió a reventar el tema del juicio penal por la declaratoria de conveniencia nacional e interés público de la mina de oro a cielo abierto con cianuro en Crucitas.
Este 5 de setiembre un tribunal que estudia el caso contra el exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, decidió que la causa debía devolverse a la etapa intermedia, pues consideró que debe incluir al expresidente Óscar Arias.
En el 2008 Arias y Dobles -por entonces presidente y ministro de Ambiente- firmaron el decreto que estableció la mencionada declaratoria. En enero del 2015 Dobles fue condenado a tres años de prisión por el delito de prevaricato; sin embargo, el proceso de su apelación ahora ha resultado en que los jueces del Tribunal Penal del II Circuito Penal de San José determinaron que Arias debe tener oportunidad de responder por la participación suya en el acto que fue condenado.
El propio diputado Araya figura como testigo en este proceso y dijo que por ello no puede profundizar en detalles, pero recordó que “desde el puro inicio” del juicio original ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito, “nos llamó la atención que de repente desapareció Óscar Arias de la novela”.
Añadió que el Tribunal Contencioso dijo que “es evidente que hubo una orquestación de voluntades” y que por ello solicitó a la Fiscalía que iniciara una investigación por el delito de prevaricato contra Óscar Arias, Roberto Dobles y cinco personas de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena).
Araya destacó que el delito de prevaricato consiste en emitir una resolución contraria al derecho o fundamentada en hechos falsos, “siendo una resolución del Poder Ejecutivo que necesariamente requiere la firma del Presidente de la República y del ministro del ramo, no podía haber prevaricato si los dos no firmaban”.
En conferencia de prensa el pasado 7 de setiembre, el Fiscal General criticó fuertemente a los jueces del tribunal que devolvió la causa a etapa intermedia y explicó que la investigación realizada en este caso determinó que “se dieron una serie de actos irregulares, ilegales” por parte de Dobles y otros funcionarios del Minae, “como dictámenes en relación a los aspectos técnicos de Crucitas, el daño ambiental, etc., que fueron manipulados y que con base en esos dictámenes manipulados sabiendo el Ministro de eso, le da trámite al decreto, el borrador de decreto lo redacta él y se lo presenta al Presidente”.
Sin embargo, expresó que “no podemos afirmar en juicio con seriedad, de imputarle al Presidente que conocía que su Ministro había hecho eso”, por lo que se optó por solicitar una desestimación en relación con Arias y acusar al Ministro.
Chavarría también informó que el Ministerio Público prepara una apelación a la resolución del mencionado Tribunal, pues dijo que si queda vigente el efecto que tendrá es que el expediente pasará a formar parte de la mora judicial. “Ese juicio va a ser realizado dentro de tres a seis años y cuidado no dentro de diez años, en donde obviamente en esos periodos de tiempo por la mora judicial se arriesgan los resultados del juicio”, añadió.
Se buscó la posición del expresidente Óscar Arias pero, a través de un asistente, indicó que no va a referirse al tema.
Al cierre de edición, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, solicitó a la Inspección Judicial que abra una investigación al Fiscal General, por su manejo de los casos del llamado “cementazo” y Crucitas.
