El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, envió este lunes una carta al magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, para pedirle que indique los plazos estimados para la publicación de los recientes fallos relacionados con la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario.
Se trata de las sentencias 2018-12782 y 2018-12783, las cuales son indispensables para que se abra el plazo de 18 meses que los magistrados dieron al Congreso para regularizar el matrimonio igualitario o se anule de manera automática su prohibición en el Código Electoral.
En la carta, Sánchez solicita a la Sala Constitucional que “tome las medidas administrativas necesarias para que la publicación en el Boletín Judicial se realice a la mayor brevedad posible”, tomando en cuenta la importancia del “contundente reconocimiento” de que son discriminatorias las normas actuales (inciso 6 del artículo 14 y la totalidad del artículo 242 del Código de Familia).
El inciso 6 prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras que el artículo 242 no reconoce sus uniones de hecho.
El miércoles anterior, la Sala Constitucional resolvió las sentencias en una extensa sesión que concluyó al borde de la medianoche, cuando el magistrado Castillo anunció la implicaciones generales de la misma.
Desde entonces, los diputados —la mayoría insatisfechos por distintos motivos— y los recurrentes están a la espera de los textos completos, pues así empiezan a descontarse los días para la anulación de las normas discriminatorias apenas estén publicados.
Con esta resolución, la Sala Constitucional validó las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que instó al país a legalizar la figura legal sin ninguna discriminación tras una reciente opinión consultiva que planteó el gobierno anterior.
Apenas anunciado el fallo de la Sala Constitucional, el diputado Sánchez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, manifestó su parcial insatisfacción con lo resuelto, pues “si bien declararon a favor las acciones, no resolvieron a la altura de lo que los derechos de las personas lo exigían”.
“Nos dan 18 meses a la Asamblea Legislativa para resolver en una sola vía. Es decir, resuelven modificando la legislación adecuándola a lo que indicó la Corte IDH y si no los artículo quedan anulados. Por qué no lo hicieron hoy, por qué no lo hicieron en esta resolución si tenían las potestades, la jurisprudencia y la posibilidad de cerrar este capítulo y hacer que no existieran más familias de segunda categoría en este país”, se cuestionó.
“Pudieron haberlo resuelto y no quisieron hacerlo. Este tema no se va a resolver en la Asamblea Legislativa, ellos nos dan 18 meses para resolver en una única vía, que el matrimonio igualitario es legal, pero yo creo que las personas no merecen esto, las personas que han 40 o 30 años esperando que sus parejas estén protegidas por la ley”, puntualizó.
