Diputado del PUSC propone cerrar el CNP y abrir el mercado de licores

El texto propone redirigir funciones al MAG y traspasar a Laica la Fanal, un negocio que dejó ingresos por ¢22.400 millones el año pasado.

Cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP), trasladar la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y abrir el mercado para la producción de licores son los tres principales objetivos del proyecto de ley 21.464, una iniciativa  recién colocada por parte del diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en la corriente legislativa.

El proyecto, afirma Abarca, busca evitar que el CNP continúe duplicando funciones que ya cumplen (o deberían cumplir) entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); al tiempo que trasladaría a la Fanal —actualmente administrada por el Consejo— a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), que es un ente no estatal pero con capacidad pública y privada (aplica el Derecho Público en el ejercicio de potestades públicas regulatorias del sector Cañero Azucarero y el Derecho Privado en las actividades empresariales y comerciales).

La idea con este movimiento es convertir ese activo del Estado en una sociedad anónima administrado por Laica, cuyos ingresos se dividen entre ingenios (37,5%) y productores (62.5%); de modo que el mercado de los licores pueda abrirse cinco años después de la entrada en vigencia de la propuesta (derogando los incisos a) y d), del artículo 443, del Código Fiscal).

Según el socialcristiano, con estas medidas se buscaría frenar el deterioro del CNP que genera pérdidas anuales por varios cientos de millones, una “crisis económico-financiera” de la entidad que ya fue señalada por la propia Contraloría General de la República (CGR) en distintas ocasiones, incluida una en 2013, cuando recomendó analizar la posibilidad de cerrarla.

“Yo desde el inicio de este período tenía en la mira al CNP, que es una institución que ha perdido su norte y su razón de ser desde hace muchos años, que tuvo su apogeo en los 90 pero que después no pudo reventar, a pesar de que hubo esfuerzos importantes por avanzar”, aseguró.

Eso sí, Abarca señaló que la principal intención de su iniciativa es abrir el debate, siempre tomando en cuenta que existen detalles que se pueden afinar dentro de las discusiones legislativas.

“Esta es solo una propuesta, pero es una propuesta sobre la mesa y no solo es un discurso, puede ser que esté mal, que sea mejorable y demás, pero aquí hay una propuesta para que discutamos el tema, que es un tema que me parece importante. La idea es que se tengan opciones para cerrar este tema y avanzar”, subrayó.

El proyecto además dispone la posibilidad de que el MAG acoja a funcionarios del CNP, en caso de que así lo considere necesario; aunque también autoriza la realización de liquidaciones y de procesos de movilidad laboral, para “tener opciones de reducir el personal”, según indicó Abarca.

El congresista subrayó que se trata de un trabajo para aumentar la eficiencia del Estado, no “un machetazo, como algunos podrían interpretar”.

En el caso de la Fanal, según el plan, el traslado no afectará los derechos adquiridos de los funcionarios; sin embargo, estos podrán dar por terminada su relación laboral si así lo desean, algo similar a lo que pasaría en el CNP, donde los empleados además tendrían la opción de ser traspasados al Ministerio de Agricultura, en los campos que esa entidad así lo pidiera.

“Puede ser que para cumplir el objetivo se necesite solo una institución, pero con tres personas en lugar de una”, explicó Abarca.

Actualmente, el CNP dispone de un presupuesto que asciende a los ¢89.000 millones (más de ¢11.500 millones se destinan a remuneraciones). En materia de ingresos, según los registros de la institución, las entradas del CNP en 2018 superaron los ¢70.000 millones y el grueso se basó en la comercialización de productos agrícolas (¢47.400 millones) y la venta de alcoholes y licores (¢22.400 millones).

Cuestionamientos educativos

El artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP N° 2035 obliga a las entidades públicas a comprarle los suministros genéricos con los cuales trabaja, es decir, centros educativos, cárceles y hospitales deben pagar los precios cobrados por la institución.

Actualmente el CNP provee alimentos a 1.879 centros educativos del país, un servicio que critican duramente algunos sectores de las Juntas Administrativas y Educación.

A inicios del mes de mayo, UNIVERSIDAD señaló que la Dirección de los Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) acumulaba 200 denuncias en contra del CNP. Los señalamientos datan de agosto del 2018 a la actualidad y el año pasado se presentaron 148, mientras que este año ya suman 52.

Las denuncias de los centros educativos coincidieron en varios motivos, desde sobreprecio de los productos, hasta la poca capacidad de distribución del Consejo.

Por este motivo, el servicio del CNP también ha sido cuestionado por otros diputados como, Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien presentó una iniciativa para que los centros educativos nacionales puedan comprar sus insumos dentro o fuera de la institución, según prefieran.

El proyecto completo


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