El guanacasteco Luis Fernando Mendoza denunció que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) burló legislación vigente para evitar el traspaso a municipalidades de maquinaria y una finca de la planta asfáltica El Chopo.
El Chopo, ubicada en Cañas de Guanascate, es una de cuatro plantas de asfalto públicas que fueron abandonadas en la última administración.
La Asamblea Legislativa aprobó, en octubre del 2021, donar “a la Federación de Municipalidades de Guanacaste, los equipos y planteles necesarios para operar la planta asfáltica ubicada en el bien inmueble indicado en el artículo anterior” según dice el proyecto de ley 21.196 que se convirtió en la N° 10087, en febrero pasado.
El ahora diputado liberacionista, afirma que él “era presidente de la Federación de Municipalidades” y que esperaban la publicación de la ley “para traer para la Federación esa planta de asfalto”. La denuncia pública ocurrió en el plenario del 18 de mayo.
Según dijo Mendoza, justo después de la publicación de la Ley en La Gaceta, el MOPT solicitó a la notaría del Estado que se hiciera una “unión de fincas, dando origen a la nueva finca matrícula, un número larguísimo, de forma que deja de existir el objeto de la donación, irrespetando entonces la ley aprobada por esta Asamblea Legislativa”.
Mendoza explicó que, en el caso de El Chopo, la planta asfáltica que se pretendía donar nunca se estrenó para su labor pública. El diputado expuso que sospecha que existe un desinterés sobre esa inversión para que “las municipalidades sigan comprando asfalto a uno y otro, y otro, y otro empresario privado”.
“En el Gobierno de doña Laura Chinchilla, siendo yo diputado, dejamos cinco o cuatro plantas de asfalto, nuevas de paquete, instaladas en cuatro lugares del país; una de ellas en la Tajo Chopo en Cañas. Oigan esto: aún está sin estrenar”, afirmó.
El trámite que anuló la donación ocurrió “el 3 de marzo del año 2022, posterior a la publicación de la ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que siempre se manifestó en contra de la planta de asfalto, porque ahí no se beneficiaban las municipalidades, no sé por qué razón, entiendo que hay otras plantas de asfalto de algunas empresas privadas alrededor, no quisiera sacar conclusiones rápidas de eso, pero no querían que la planta de asfalto funcionara”.
En febrero pasado, este semanario publicó información sobre cómo el MOPT usó cálculos erróneos para valorar plantas de asfalto públicas y así entregarlas a las municipalidades. Dentro de este trámite, que realizó una Comisión conformada por el exministro Rodolfo Méndez Mata, no solo se calculó mal la rentabilidad de las plantas sino que el MOPT nunca valoró continuar con su operación, en lugar de donarlas. El asfalto público era más barato de incorporar a las obras viales que las compras ordenadas a las empresas privadas (que en Guanacaste se trata específicamente de las imputadas penalmente Meco y H Solís).
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El legislador del PLN adelantó que llevará este caso a la Fiscalía para su investigación.
“Aquí tengo la prueba de que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tengo notas internas, hicieron esta reunión de fincas a propósito, conociendo que estaba aprobada la ley, conociendo que la finca se había donado, e hicieron la reunión de fincas para que entonces la finca donada ya no existiera”, afirmó Mendoza en el plenario.
Se solicitó más información a su despacho; no obstante, el equipo de Mendoza únicamente envió una línea de tiempo con los eventos enumerados por el diputado.
“Siempre dijeron que esas plantas de asfalto no podían funcionar porque salía más caro ponerlas a trabajar que comprárselo a la empresa privada, y no es cierto, porque los datos que tenemos y las cifras que tenemos es que con esta planta de asfalto, el asfalto es más barato”, aseguró el guanacasteco.
“Yo espero que esto que voy a denunciar no sea una extensión de Cochinilla”, dijo también el diputado, aludiendo justamente al caso de corrupción que mantiene en investigación a los principales privados con plantas asfálticas en el país, Meco y H Solís.
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