“Una estafa al Estado” así definió el diputado Carlos Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el proyecto de bono colectivo de vivienda “Tierra Prometida” en Pérez Zeledón. El legislador aprovechó la visita del viceministro del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), José David Rodríguez Morera y el Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) Dagoberto Hidalgo a la Asamblea Legislativa para denunciar la situación.
La denuncia la hizo durante la audiencia de los jerarcas del sector de la vivienda que asistieron a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales la tarde de este martes 18 de setiembre. La comisión había convocado a la ministra del MIVAH Ángela Mata Montero (quien a la hora de la sesión se encontraba en la conferencia de prensa de Casa Presidencial) y a Hidalgo a discutir el expediente legislativo N°, 23 925. El proyecto tiene como objetivo facultar al banco para brindar financiamiento para la gestión de renovación urbana y en la regularización de asentamientos informales. A su vez permitirle “llevar a cabo proyectos y otorgar financiamiento para bonos colectivos por medio de entidades nacionales o internacionales sin fines de lucro.”
En su espacio de preguntas el legislador Felipe García (PUSC) consultó acerca de la ejecución de los proyectos de bono de vivienda colectivo, ante lo cual Hidalgo indicó que, salvo “casos puntuales”, el bono ha sido exitoso. Ello lo aseguró basado en que ha garantizado vivienda a 100.000 familias a través de 54 proyectos en las 7 provincias durante su tiempo de existencia (la modalidad se instauró en el 2008).
Esto dio pie al legislador a preguntar si el proyecto de vivienda “Tierra Prometida” en Pérez Zeledón es una de esos “casos puntuales”.porque aunque el proyecto se aprobó en 2014 y se ha girado casi el 80% del presupuesto para el proyecto (₡1.700 millones) “Es un barrial y alcantarillas por calles.»
Dagoberto Hidalgo gerente del BANHVI aseguró que “se han tomado cartas en el asunto” y enlistó que “se solicitó la intervención de un ente técnico para hacer pruebas técnicas, pruebas de laboratorios y otros para aclarar las observaciones que hemos recibido acerca de las obras.” Indicó que se solicitó a la empresa a cargo de las obras “establecer un plan de mitigación”.
En su denuncia el legislador del PUSC aseguró que ha pedido información acerca del proyecto al BANHVI pero que el informe técnico sobre el caso estaba declarado como confidencial. Indicó que tuvo acceso al documento gracias a la auditoría interna.
“Yo quiero decirle a esa comunidad que a mí me da vergüenza ver un informe con 40 recomendaciones técnicas”, aseguró García en referencia al documento. “Desde el BANHVI no se han tomado ni las medidas, ni las acciones. ¿Saben cómo se llama esto?, esto es una estafa al Estado costarricense, estos son fondos públicos”
El altercado llamó la atención de otras diputaciones de la comisión como Cynthia Córdoba del Liberal Progresista (PLP) quien aseguró que desconocía la situación denunciada por García y que eso la “embarga de preocupación” debido a que la reforma de ley en discusión amplía a más organizaciones el uso de recursos públicos. Luz Mary Alpízar de partido Progreso Social Democrático (PPSD) se unió a Córdoba y también expuso sus dudas sobre la supervisión y auditoría de los proyectos del BANHVI.
El diputado García concluyó su intervención asegurando que “esta situación ya tiene un recurso de amparo en Sala Constitucional, por lo que lo próximo que procede es una demanda. Nos vemos en los tribunales de justicia y vamos para (la comisión de) Ingreso y Gasto Público.”
