Diputado acude a la Sala IV para revelar posibles beneficiarios de las amnistías tributarias

Hacienda negó a Villalta la información sobre los potenciales beneficiarios del incentivo en el plan fiscal, el cual reduciría el pago de intereses y de penalizaciones a quienes cancelen lo adeudado en un periodo de tres meses.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, informó que interpuso un recurso de amparo contra el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, para acceder a las listas de posibles beneficiarios de las amnistías tributarias que propone el plan fiscal, las cuales permitirán al Estado condonar los intereses y reducir las sanciones a sus deudores si cancelan sus obligaciones en los tres meses posteriores a la aprobación de la ley.

Villalta solicitó la información a Hacienda desde el pasado 26 de septiembre; sin embargo, el Despacho del Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud un mes después, a través de un oficio referido por el viceministro Acosta, argumentando que “las disposiciones que establecen en el artículo 117 del Código Tributario las informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes tienen carácter confidencial”.

Al respecto, el diputado Villalta decidió interponer el recurso de amparo, pues desde su punto de vista no recibir la información estaría coartando sus derechos de acceso a la información, enmienda como legislador y el principio de debate legislativo.

“Nos parece inaudito que el Ministerio de Hacienda insista en negarnos información vital para poder legislar responsablemente. Hasta el momento ni Hacienda ni las fracciones a favor del plan fiscal han sido capaces de justificar este privilegio que le entregan a quienes le adeudan impuestos al fisco», señaló el diputado.

«Lamentamos que otra vez tengamos que recurrir a un recurso de amparo para que el Gobierno no violente el derecho de acceso a la información”, agregó sobre su gestión.

A lo largo de las discusiones fiscales, Villalta ha sido uno de los principales opositores no sólo del proyecto de reforma en su totalidad, sino también de las amnistías que se plantean para contribuyentes en general, en sus obligaciones adeudadas hasta octubre de 2017, y para las entidades del Sistema Bancario Nacional, el periodo 2010-2017.

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Estas amnistías perdonan entre un 60% y un 80% de los castigos según la prontitud con la que los deudores cancelen sus cargas (en un periodo de tres meses), al tiempo que se condonan la totalidad de los intereses adquiridos por ellas.

Parte de la polémica de las amnistías, además, radica en que  no solo incluye beneficios fiscales con la Dirección General de Tributación (DGT) y la Dirección General de Aduanas (DGA); sino que también adhiere las obligaciones de las entidades con instituciones como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)

Sobre estas condonaciones, Villalta incluso había solicitado el criterio de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, entidad que había determinado que incluirlas en el proyecto era “inconexo”, al tratarse de un privilegio en detrimento de los buenos pagadores.

Recursos frescos

Por parte de Hacienda, las amnistías han sido defendidas en distintas ocasiones, especialmente porque —según los jerarcas del ministerio— son las principales herramientas para recaudar recursos al más corto plazo.

Según la ministra de Hacienda, con excepción de las amnistías, la mayor parte de los recursos que podría recibir Hacienda por la reforma fiscal apenas empezarían a ser percibidos hasta pasados los primeros seis meses de la aprobación del proyecto

Los recursos inmediatos, según indica Hacienda, permitirían mejorar las condiciones financieras del país y ampliarían el efecto que tendría la reforma, pues brindarían recursos suficientes para evitar mayores endeudamientos a las altas tasas por las condiciones económicas actuales del país (en déficit sostenido desde la década anterior).

No obstante, Hacienda aseguró a Villalta que aún no se tiene un cálculo concreto de cuánto se recaudaría con la amnistía; sin embargo, “se estima que bajo el supuesto de un porcentaje de recuperación entre un 10% y un 15% la recaudación estimada por concepto de deudas administrativas y en Cobro Judicial sin demanda ascendería a alrededor de un 0,5% del PIB”, mientras que “en caso de que la recuperación sea entre un 25% a un 30% la recaudación alcanzaría alrededor de un 0,7% del PIB”.

En esa línea, Hacienda aceptó que “la amnistía tributaria es un proceso voluntario, y que la Administración Tributaria desconoce cuántos contribuyentes se acogerán a la misma”, así como la magnitud del dinero que se dejaría de percibir por el pago de intereses.

Otro punto que discuten los opositores a la amnistía es que es un proceso que apenas brindaría recursos por tres meses, pues no es un acto continuo (como el pago de impuestos). Por parte del Ejecutivo, sostienen que es dinero que mejoraría el perfil de la reforma.

Según Hacienda, “los objetivos que persigue la amnistía tributaria —lejos de considerarse una pérdida en recaudación—, se tiene cumplir un impacto recaudatorio en el corto plazo para reducir el déficit fiscal, sin aumentar los tributos”.

“Una amnistía se convierte en un incentivo para que los obligados tributarios regularicen y formalicen su situación, tal como ha sucedido en otros países, donde se ha demostrado que al ampliar la base impositiva, como ocurre con la propuesta del IVA, las empresas informales regularizan al tener la oportunidad de ponerse al día sin mayores consecuencias por el incumplimiento del pasado”.

“Cabe agregar que la norma de alcance general excluye aquellos casos que sean sujetos de ser presentados en la vía penal o que ya tengan una demanda de cobro judicial presentada”, escribió la entidad, en respuesta a Villalta.

En la Constitucional

Además de este recurso de amparo por la información, los diputados que firmaron la consulta facultativa de constitucionalidad sobre temas de fondo de la reforma pidieron a los altos jueces que se pronuncien sobre las amnistías.

Al tratarse de un tema de fondo, la Sala Constitucional —que deberá dar su opinión sobre el plan fiscal en las próximas horas— deberá determinar si la amnistía puede o no concretarse; sin embargo, un rechazo no se traería abajo el proyecto.

Los diputados pueden aprobar normas inconstitucionales; sin embargo, cuando la Sala se pronuncia contra una medida en concreto (como es el caso de las amnistías) lo manifestado por el tribunal se entiende como una especie de  “adelanto de criterio” sobre cómo resolverían el caso más tarde, si se presenta una acción de inconstitucionalidad contra las medidas.

Lo único que podría retrotraer el proceso de la reforma o liquidarla son los vicios en el procedimiento de su confección, algo de carácter meramente procedimental.

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