Poca mención recibió la acción del Consejo de Gobierno para volver a intervenir en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esta vez acordando suspender y denunciar penalmente a cinco directivos.
Para la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), se trató de un “golpe de Estado a la CCSS”, como lo externó en sus redes sociales, ya que se encuentra fuera del país. Sin embargo, el tema solo recibió una mención en la sesión del Plenario, con una referencia indirecta de parte de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien indicó durante la hora de control político que había una excelente noticia, ya que la Junta Directiva de la CCSS echó marcha atrás en el tema del salario inembargable.
Cisneros no hizo mención directa a la decisión del Consejo de Gobierno de suspender a cinco directivos (se trataría de José Luis Loría, Martha Rodríguez, Carlos Salazar, Jorge Arturo Hernández, Carlos Salazar y Maritza Jiménez), y al propio Ramos, alegando que tenían un conflicto de intereses al aprobar el aumento salarial correspondiente al 2020. Estos cinco directivos, al igual que Ramos, consideraron que el aumento salarial era válido, lo que representó un desafío a Chaves.
“El presidente viola el artículo 8 de la Ley Constitutiva de la CCSS y acaba con las sesiones de la Junta Directiva. Es un golpe de Estado técnico y sin fundamento ni precedentes”, escribió Barquero. Sin embargo, ninguno de sus compañeros de bancada se pronunció sobre este tema durante la sesión del Plenario.
Se trata de la segunda incursión del Gobierno contra la Junta Directiva de la CCSS, luego de que no siguieron sus deseos, lo que supone que la autonomía de la entidad está siendo dinamitada. El 17 de setiembre Chaves anunció el despido del presidente ejecutivo Álvaro Ramos porque no se plegó a su decisión de bloquear el aumento salarial en la CCSS: Esta primera acción generó duras constitucionales, ya que la ley establece que solo el Consejo de Gobierno podía realizar la destitución y este no se realizó hasta el 19 de setiembre, y en forma virtual.
Tampoco es la primer Junta Directiva de una institución autónoma que es desmantelada por la presente administración. El 1 de junio se anunció la suspensión de tres directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), alegando que se presentaron irregularidades en sus nombramientos.
Por su parte, Cisneros aseguró que se tenía una increíble noticia, porque la Junta Directiva de la CCSS, que había violentado los derechos fundamentales de los trabajadores de la CCSS al permitir rebajos en las salarios, por encima del salario mínimo inembargable, había echado marcha atrás. “Casi mil trabajadores recibían menos de mil colones al mes. Varios miembros de la Junta Directiva representaban a cooperativas, sindicatos y asociaciones solidaristas que prestaban a empleados”, dijo la diputada del Partido Progreso Social Democrático,