La legisladora Paola Vega del Partido Acción Ciudadana afirmó en una entrevista con UNIVERSIDAD que fue la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien negoció la cláusula de objeción de conciencia que apareció en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) a finales de enero pasado.
“La ministra Pilar Garrido fue quien negoció esta cláusula de objeción de conciencia con Nueva República, ella se extralimitó. La objeción de conciencia nunca debió ser objeto de negociación. Porque, además, no solamente pone en la negociación temas de derechos humanos que no deberían serlo (negociables), sino que mete un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la materia que estaba regulando la ley”, dijo Vega en una conversación con UNIVERSIDAD, en la que adelantó que votará en contra del proyecto de ley.
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El artículo de objeción de conciencia permitiría a funcionarios públicos que presenten una declaración jurada en la que manifiesten que se vulneran sus “convicciones religiosas, éticas y morales” en actividades “de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”. Votaciones para establecer límites de aplicación, a un articulado que podría violentar principios constitucionales según se ha advertido, fueron refutadas por el PAC durante el jueves y la diputada Laura Guido fue la vocera de la postura de fracción.
Esta tarde, antes de la publicación de este artículo, se buscó una respuesta de la ministra Garrido sobre las declaraciones de Vega. Esta respuesta fue enviada vía correo electrónico.
«La potestad de presentar, negociar y votar las mociones, para aprobarlas o rechazarlas es enteramente de los diputados
y diputadas, lo cual yo respeto siempre, comparta o no yo sus posiciones. En el trámite de las mociones de fondo, eso
quedó evidenciado con la aprobación de mociones de la más variada naturaleza, muchas de las cuales no eran
adecuadas en nuestro criterio técnico», escribió la ministra de Mideplan.
El pasado miércoles 7 de abril, UNIVERSIDAD también buscó clarificación con Mideplan sobre declaraciones de Vega en las que acusó que “la ministra de Planificación, después de este proyecto va a estar en la OCDE”. Garrido aún no responde preguntas sobre cuál será el cargo que presuntamente ocuparía en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o en qué fecha iniciaría sus labores.
“¿Quiero ver si se va a aplicar el salario global en el salario de la OCDE? Si también va a pasar los doce años, allá en París, sin que le aumenten el salario y se va a someter como el montón de empleados públicos que van a tener este problema salarial. Eso sería coherencia”, afirmó Vega en el plenario durante la discusión de una moción para excluir a las universidades públicas del proyecto de ley.
En entrevista con este medio, este viernes, la diputada Vega afirma que “no mantengo conversaciones con Pilar Garrido desde hace días, cuando las diferencias ideológicas se hicieron irreconciliables en este proyecto de ley”.
Sobre estas diferencias, también respondió sobre declaraciones que dio el presidente Carlos Alvarado durante una rueda de prensa. Ante la consulta de Repretel, el Presidente confirmó que la objeción de conciencia ingresó al proyecto de ley para conseguir suficientes votos para tener su primer debate.
“Tenemos una discrepancia ideológica muy alta en este tema de Empleo Público, tanto en los elementos que tiene el proyecto como lo que se ha permitido en su negociación, en su avance. Un tema como objeción de conciencia no debería ser objeto de una negociación, me parece que es un tema que claramente va a caerse en Sala Constitucional y lamento mucho las declaraciones del Presidente”, dijo Vega a este semanario.
“Objeción de conciencia es una clara regresión en materia de derechos humanos, no se debería apoyar. Objeción de conciencia, en cualquiera de las formas que se planteando en los proyectos de la Asamblea y Empleo Público no es la excepción, representa una clara regresión en materia de derechos humanos y representa una intención de tener un aval para discriminar. En esa línea no puedo aprobar esa cláusula y es una de las razones que me suman a darle mi voto negativo del proyecto de ley”, afirmó Vega.
Vega describe fragmentación oficialista
Según dijo la diputada, la fracción del PAC se enteró de estas negociaciones después de que todo el trámite se blindara en la Comisión de Gobierno, en donde el diputado Víctor Morales sirvió de apoyo a la ministra Garrido.
“Me imagino que él lo que hizo fue un acompañamiento de la negociación que, en este caso, se hizo por parte de doña Pilar, con diversas fracciones. (Él actuó) como brazo legislativo”, aseguró Vega.
Hasta ahora, el tema no ha sido discutido en reuniones con el resto de los diputados oficialistas. Vega dice que los legisladores estuvieron al margen. En el caso del jefe de fracción, “Enrique Sánchez se enteró del tema cuando ya estaba en la Comisión”.
Vega también dijo que, en una eventual consulta facultativa ante la Sala Constitucional, es probable que no firme dicho documento con su fracción porque le preocupan cuatro temas: “autonomía universitaria, independencia de poderes, derechos laborales y objeción de conciencia”.
“No necesariamente mi firma va a acompañar la consulta constitucional que haga la fracción”, afirmó Vega.
“Yo creo que van a haber dos consultas: de quienes apoyan el proyecto de ley y de quienes adversamos el proyecto de ley. Más que una agrupación por fracciones, va a ser por bloque de alianzas respecto al proyecto de ley. En esa lógica, por supuesto, me veo más cercana a firmar una consulta con quienes hemos presentado argumentos en contra del proyecto de ley y hemos expresado serias violaciones a elementos constitucionales”, afirmó la diputada.
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