La oficialista Paola Vega acusó al Partido Liberación Nacional y el Poder Ejecutivo por mantener sin ratificar el llamado Acuerdo de Escazú porque falta su aprobación en el congreso.
“La gente lo tiene que saber, quien está atrasando el acuerdo de Escazú es el Partido Liberación Nacional. Y el Poder Ejecutivo por hacerles caso y no convocarlo (a las sesiones)”, dijo Vega en el plenario mientras se discutía el segundo debate del acuerdo de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Vega habló en contra de este último acuerdo, mientras destacó la ausencia de Costa Rica en la lista de países que hayan ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (precisamente conocido como el Acuerdo de Escazú, porque se negoció en este cantón costarricense).
“PLN dice que no quiere votar el Acuerdo de Escazú por un voto salvado de una magistrada que, ciertamente, ha sido desmentido y está montado en los argumentos que el sector empresarial chileno dio en su momento al Acuerdo de Escazú”, afirmó Vega.
“¿Por qué el Partido Liberación Nacional le hace caso al voto salvado de una magistrada en el Acuerdo de Escazú, pero omiten el caso de la OCDE un voto salvado no de una sino de tres magistrados? Este voto de la OCDE estuvo lejos de ser unánime, quedó partida la Sala Constitucional”, dijo también la legisladora.
Con sus intervenciones, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) revivió tensiones que han fracturado la relación del PAC y los mayoritarios del PLN. El jueves pasado, a la luz de acusaciones sobre la penetración de un grupo de narcotráfico en una municipalidad verdiblanca (también ligada al diputado Gustavo Viales, secretario general del PLN), PAC y PLN explotaron en reclamos por la imagen y ética de cada bancada.
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Vega acusó a los liberacionistas de bloquear proyectos de ley ambientales, asumir posturas “recortistas” con el presupuesto de programas públicos y, también, de adversar proyectos tributarios para gravar riquezas.
“La ley que le ponía freno al uso de plásticos de un solo uso la frenó el PLN. Ni siquiera quieren avanzar con responsabilidad extendida al productor (…) “¿Le dicen eso a la OCDE cuando van a París? ¿Le contaron a la OCDE en París que frenaron el proyecto de plásticos, responsabilidad extendida al productor, que recortaron el presupuesto público y no dejan que avancen impuestos progresivos?”, acusó.
La oficialista, presidenta de la Comisión de Ambiente, dice que proyectos de ley dictaminados por ese mismo órgano legislativo se frenan en el plenario porque a los verdiblancos “los llama Antonio Álvarez Desanti y les dice que no pueden pasar eso, lo hacen, lo dejan”.
La diputada Vega también acusó a los liberacionistas de “hipocresía” por el trámite de la adhesión a la OCDE. Según la oficialista, el criterio de la Sala Constitucional sobre el acuerdo que los diputados deben aprobar estuvo fragmentado y advirtió que podría ser inconstitucional.
“El voto salvado de tres magistrados que advierten de la inconstitucionalidad absoluta de lo que hoy estamos votando”, dijo Vega.
Según explicó, dentro del convenio de adhesión de la OCDE se afirma que el país debe aprobar las “redacciones todos los demás instrumentos (jurídicos) que la OCDE nos diga”
“Básicamente le estamos dando el cheque en blanco a la OCDE”, afirmó también.
Entre otras cosas, Vega también acusó al PLN de aliarse con el PUSC para crear “la famosa norma 12 que ahora es huérfana y no tiene padre ni madre, pero todos sabemos bien quién la parió” (esta fue la norma que impidió nombramientos de maestros, conserjes y policías; el MEP dejó sin servicios de educación a 200 mil estudiantes).
Entre otras, Vega también acusó indirectamente a Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández (ambas del PLN) porque la “OCDE habla de reducir jornadas laborales, y hay diputadas que promueven jornadas de 12 horas”. Esto último se relaciona con el trámite de un proyecto de ley también respaldado por el Gobierno, que permitiría jornadas continuas de 12 horas en el sector privado.
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