La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) recibió aproximadamente 400 denuncias entre los años 2018 y 2019; sin embargo no ha impuesto ninguna multa debido a que no tenían un espacio físico para realizar las audiencias orales, respondió su directora Elizabeth Mora Elizondo, ante consultas de la diputada liberacionista Silvia Hernández.
Mora compareció el lunes ante la comisión legislativa que investiga la supuesta violación a la intimidad de las personas y datos sensibles de la ciudadanía a través de las bases de datos que manejaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La funcionaria informó que durante 2018 y 2019 la agencia que dirige recibió alrededor de 400 denuncias, de las cuales un 60% han tenido una resolución en firme. No obstante, confirmó que no ha impuesto ninguna multa pues desde el 2018 la Procuraduría General de la República les impide hacerlo. Según Mora esto es porque no tienen capacidad de seguir el procedimiento extraordinario que establece la Ley General de Administración Pública, porque no contaban con un espacio físico para realizar las audiencias orales y recién pudieron tenerlo en diciembre de 2019.
Mora también declaró que la agencia nunca fue consultada sobre el decreto que creó la UPAD, ni sobre su funcionamiento. El diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Socialcristiano, cuestionó su falta de actuación en este sentido.
“No nos correspondía enderezar porque el decreto ya estaba derogado, lo que nos correspondía era iniciar una investigación de oficio. La agencia reacciona ante las denuncias presentadas ante la agencia. No estamos en capacidad ni tenemos la estructura administrativa suficiente para poder hacer esas investigaciones”, dijo Mora.
“Cada dueño de base de datos es el responsable del uso adecuado de la información que está en su base de datos; así es como está diseñada la ley. La agencia no tiene la capacidad ni la estructura administrativa para enfrentar todas las situaciones en la cantidad de bases de datos que existen en este país, que es prácticamente incontable”, respondió la funcionaria, quien trabaja en la Prodhab desde julio de 2015 y asumió como directora a mediados de 2019.
Detalló que actualmente trabajan en la institución 13 personas, que para el 2020 tenían asignado un presupuesto anual de ¢600 millones; pero que para el 2021, este se redujo a ¢378 millones.
En la audiencia también quedó claro que, en el caso de la UPAD, la Prodhab abrió una investigación de oficio contra el Ministerio de la Presidencia y no a la Presidencia de la República, que es a donde está adscrita la UPAD.
La diputada Hernández le indicó entonces a Mora que el artículo 1 del decreto de creación de la UPAD define que “el presente decreto tiene por objeto la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, adscrita a la Presidencia de la República”.
“No solamente usted tiene abierto un procedimiento en la instancia equivocada, sino que además le dice al pueblo de Costa Rica que tiene en pausa esa investigación. Con todo respeto, esto es como mínimo impericia en el manejo de la información”, apuntó Hernández.
Mora entonces dijo que no podía responder al respecto, por lo que se declaró un receso y al volver explicó que la Jefa del Departamento que lleva a cabo los procedimientos de protección de derechos le indicó que la decisión se tomó así en vista de que el decreto lo firma el Ministro de la Presidencia y así lo refiere el encabezado del decreto.
“No obstante, me reitera que en el proceso de la investigación podría determinarse que es necesario ampliar la investigación a otras instancias, incluso al mismo Ministerio de Planificación, que en su momento no fue tomado en cuenta”, añadió Mora.
En el cierre de la audiencia, la diputada Silvia Hernández declaró: “Manifiesto mi más profunda preocupación por la desidia e impericia con la cual se ha manejado la Agencia de Protección de Datos. Lo que queda claro es que la Agencia ha sido, cuando menos, omisa en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Queda claro que no es una institución activa; de todo se entera por terceros; ha sido incapaz de dar el debido seguimiento a las instituciones y sus bases de datos; y ha sido incapaz de emitir un reglamento cuando ha sido necesario. Urge una nueva dirección en la Prodhab”,
El 14 octubre de 2019, el presidente de la República Carlos Alvarado, el entonces Ministro de la Presidencia Víctor Morales y el viceministro de planificación Luis Daniel Soto firmaron un decreto que creó la UPAD (41996-MP-MIDEPLAN), una dependencia adscrita a Casa Presidencial que se ha dedicado, según sus creadores, al análisis de datos provenientes de instituciones públicas.
El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso. Este se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la República bajo el expediente 20-000330-0619-PE.