País Liberacionista Yorleni León

Diputada empujará moción que retoma intromisión de Mideplan en empleo público

Moción devolvería control a Mideplan sobre políticas salariales, de reclutamiento, capacitación y sanciones que aplicarían para universidades, municipalidades, CCSS y otras instituciones que gozan de autonomía o independencia política 

A las puertas de iniciar un voluminoso trámite de mociones, la Ley Marco de Empleo Público ( expediente 21.336) podría revertirse a un estado semejante al original si los diputados aprueban una propuesta de la fracción de Liberación Nacional.

La diputada liberacionista Yorleni León confirmó a UNIVERSIDAD que reiterará la moción 80 que pretende mantener a todas las instituciones estatales en igualdad de condiciones salariales, como pretende el Gobierno.

Esto ocurre porque los diputados podrán resucitar alrededor de 352 mociones rechazadas por la Comisión de Gobierno y Administración para cambiar el proyecto de ley. Entre ellas, la 80, que implicaría casi un texto sustitutivo.

Al reemplazar el artículo 6, se eliminarían las concesiones otorgadas a universidades públicas (que, para cumplir con el principio de autonomía constitucional se le permitió contar con “estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno”) y municipalidades.

En artículos 7 y 9, León devuelve al Ministerio de Planificación (Mideplan) todas las competencias que los diputados le otorgaron a la Dirección de Servicio Civil para evitar un roce de constitucionalidad, al otorgarle potestad para que Mideplan establezca salarios, procesos de reclutamiento, contenidos de capacitación y hasta las evaluaciones de los funcionarios públicos.

Consultada sobre si Mideplan respalda la moción, la diputada León negó coordinación alguna. “Es una moción de autoría de mi despacho al igual que el resto de las mociones que presentamos. Las mociones de mi despacho no nos las dio Mideplan, las producimos nosotros”.

Se le pidió criterio externo de este plan sustitutivo a dos abogados laboralistas, Esteban Calvo y Mauricio Castro.

“En el texto que dictaminó la Comisión en noviembre, el año pasado, en el artículo 7 se le confiaban 17 competencias a Mideplan. En el texto nuevo, dictaminado la semana pasada, las competencias se le reducen a cuatro y todas las demás se le confían al Servicio Civil. La moción 80 pretende devolver todas las competencias que el texto dictaminado confía al Servicio Civil para devolverlas a Mideplan”, afirmó Calvo.

Por su parte, Castro teme que el proyecto todavía mantiene intenciones de “darle al Gobierno Central el control sobre toda la administración pública” y que, en el caso de las universidades públicas, su autonomía constitucional inclusive las protege de los diputados “normen, regulen, organicen y mucho menos establezcan un mecanismo que de manera permanente perfore la autonomía que está establecida en la Constitución Política”

“Específicamente con las universidades, con la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, desde el punto de vista de la autonomía, el Poder Ejecutivo no puede meterse en la definición de política o de sus objetivos específicos. La Sala Constitucional ha dicho en varias ocasiones que, dentro de la definición de objetivos de política pública, está la definición de política salarial y de recursos humanos. Es violatorio de la Constitución Política que una ley le dé la competencia a una instancia externa a la CCSS, a las municipalidades y las universidades, sea con Servicio Civil o Planificación, para definir aspectos salariales y laborales de la administración”, explicó Mauricio Castro.

Diputados temen que Gobierno controle y colapse empleo público

El legislador oficialista Welmer Ramos confirmó que aún persisten dudas entre su bloque, sobre problemas que el proyecto arrastra y que, con la moción de León, serían aún más evidentes.

“El proyecto de ley, tal y como está actualmente, está creando un sistema bicéfalo en el que Mideplan tendrá la rectoría, no solo de los salarios, sino de todo el empleo público. Obligaría a todos los entes a pasar por la plataforma de Empleo Público de la Dirección de Servicio Civil, pero no deja claro quién selecciona el personal”, explicó Ramos.

El oficialista, asimismo, reclama que un ente expresamente político como Mideplan centralizará directrices sobre cómo capacitar jueces y, también, reunirá el régimen sancionatorio del Tribunal del Servicio Civil.

Sobre este plan, Ramos teme que el nivel de centralización propuesto, asimismo, provoque un colapso del Servicio Civil porque actualmente atiende solo a 46 instituciones y pasaría a darle servicio a 314. Este ente, afirmó el diputado del PAC, apenas cuenta con 198 funcionarios y contrastó la “dimensión del asunto” afirmando que solamente el departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública tiene más de 700 para cumplir con tareas de reclutamiento, capacitación, sanciones y otras tareas propias de la administración de personal docente.

El posible colapso de los trámites sancionatorios también fue preocupación del frenteamplista José María Villalta, quien describió la moción 80 de Yorleni León como un plan que “refuerza todavía más, de forma más directa, la intromisión del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de las instituciones autónomas”.

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