Un proyecto de ley intentará abrir una nueva gran discusión en el Congreso: legalizar o no la producción de cannabis y cáñamo para fines medicinales.
Se trata de una iniciativa propuesta por la diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), la cual se tramita desde este lunes bajo el expediente 21.315 en la corriente legislativa
Sobre su proyecto, Volio afirmó que permitiría «mejorar la calidad de vida» de muchas personas, cuyas enfermedades pueden ser tratadas con estos remedios hasta ahora prohibidos.
«En Costa Rica, la sociedad civil se ha organizado para poder obtener aceites y extractos de manera ilegal ante la prohibición gubernamental, lo cual es un perjuicio hacia la salud de los habitantes que requieren o prefieren este tipo de medicamentos», dicta el propio expediente.
La congresista, quien es reservista de la policía, además señaló que la apertura en materia medicinal ayudaría a «disminuir la delincuencia relacionada con la comercialización ilícita» de la droga, al tiempo que permitiría desarrollar una nueva industria relacionada con la materia.
La legisladora afirmó que esto generaría un ambiente propicio para «nuevos empleos», los cuales surgirían «mediante la plantación, la investigación y el desarrollo de estos productos».
Asimismo, el texto incluye un nuevo impuesto a la exportación de productos cannábicos, el cual correspondería a un 3% de su valor total a la hora de salir de nuestras fronteras. Sus resultados se repartirían en un 65% a las instituciones estatales involucradas con la materia, mientras que el restante 35% se dirigiría a la caja única del Estado.
Según la exposición del proyecto, el uso y la producción de cannabis es legal en más de 20 países del mundo, hecho que abriría las puertas a un mercado de más de 1.000 millones de personas.
Eso sí, la iniciativa señala que su intención no sería la de regular «el consumo recreacional de cannabis (…) sino que se circunscribe a una regulación industrial de la producción medicinal e industrial del cannabis y del cáñamo».
El proyecto
El proyecto de ley presentado por Volio consta de 24 páginas y se propone como objetivo «regular los mecanismos de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, almacenamiento, distribución, industrialización, comercialización, exportación, transporte, expendio, uso y consumo de las plantas de Cannabis Sativa L y sus variedades y la planta de Cáñamo o “Cáñamo Industrial”,
El texto brinda el control total al Estado para plantear la regulación en la materia, dándole la potestad de emitir los reglamentos necesarios para impulsar y fiscalizar toda la cadena de producción.
La tarde de ayer presenté el Proyecto “Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para fines medicinales”.
Nos permitirá crear nuevos empleos, mediante la plantación, investigación y desarrollo de estos productos (1/2) pic.twitter.com/fnWTqbMKna
— Zoila Rosa Volio (@zoilarosavolio) March 26, 2019
Por este motivo, prohíbe la comercialización entre particulares y la reproducción de semillas sin la autorización del Ministerio de Salud; así como la realización de cultivos para fines que se diferencien de la reproducción de semillas autorizada o la investigación.
Además, el texto impone las especificaciones sobre cuáles son las plantas y las semillas que serán permitidas; al tiempo que pide al Ministerio de Salud fijar las especificaciones en materia de los productos médicos.
Según el proyecto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) serían los encargados de regular todo lo relativo con la materia: Salud en materia de producción e industrialización de extractos y medicamentos, y el MAG en materia de cultivos.
Entre otras medidas, estas carteras podrán otorgar licencias, autorizaciones de exportación, llevar registros de semillas y productos, y sancionar las infracciones a la ley; y quedarían facultadas para «diseñar y construir la infraestructura adecuada para la realización de todas las actividades reguladas».
Por parte de las personas que quieran recibir estas licencias, estos deberán cumplir con las indicaciones de la Ley sobre Estupefacientes y demostrar una total transparencia en el origen de sus capitales. Para ello, el Ministerio de Salud incluso podría solicitar el levantamiento del «velo bancario».
Las licencias
Las licencias que propone el proyecto de ley en materia de salud son de dos tipos: la de Categoría A y la de Categoría B.
La primera tendría un costo de $150.000 (¢90 millones) y no impondría limitaciones a las áreas de cultivo ni a la variedad de plantas permitidas. Además, autorizaría la instalación de laboratorios de extracción e industrialización de los extractos.
El segundo tipo de licencia, por su parte, tendría un costo de $50.000 (¢30 millones), y simplemente permitiría a los laboratorios ya establecidos en el país producir los extractos a base de cannabis aunque no podrían producir por su materia prima (tendrían que comprarla).
En ambos casos, el proyecto establece que los interesados en las licencias deberían cumplir con todos los requisitos legales, así como presentar planes de inversión y de contratación que deberán ser aprobados por las autoridades.
Por otra parte, en materia de licencias agrícolas, habría tres tipos de categorías para la explotación alimentaria o industrial de cáñamo: la C, la D y la E.
Sus cuyos costos variarán entre los $25.000 (¢15 millones) y los $75.000 (¢45 millones), y la principal diferencia radicaría en los tamaños de los terrenos que permitirían (de 0 a 10 hectáreas, de 10 a 20 hectáreas y de 20 a 30 hectáreas).
Todas estas licencias tendrían plazos de seis años y sólo podrían cederse con autorización del Ministerio de Salud. Además, deberán acompañarse de permisos y servicios de custodia para el transporte de sus productos finales y sus renovaciones podrán hacerse por plazos iguales, si se pagan de nuevo los montos establecidos.
Cualquier incumplimiento acarrearía la extinción de los permisos, dicta la ley. Además, esto facultaría a clausurar locales y a penas económicas de 20 salarios base de un auxiliar judicial I, sin detrimento de las ya establecidas por el comercio ilegal de drogas en el país.
Ahora, el texto entrará en la corriente legislativa, donde dependerá del respaldo de otras fracciones para continuar su camino al Plenario legislativo.
