Recién conformada, la Comisión legislativa que estudiará el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) estará enfocada en los “elementos técnicos” del manejo de bases de datos, aseguró su presidenta, la diputada Silvia Hernández.
La liberacionista, quien promovió la creación de la comisión el lunes pasado, dice que, entre otras preguntas que los diputados investigarán, buscarán determinar el “contexto” en el que la UPAD usó los datos.
“Entiéndase si fue un contexto meramente político y no necesariamente para el uso racional al que se ha querido desviar esta conversación. Aquí nadie está satanizando la idea de usar el data mining u otro tipo de información para construcción de política pública. Esta no es la discusión que estamos teniendo”, afirmó Hernández.
Este medio consultó específicamente sobre el caso de los maestros huelguistas sancionados por salir del país, publicado este miércoles en la portada de UNIVERSIDAD.
El coordinador de la UPAD, Diego Fernández, confirmó que, durante la huelga del 2018, su unidad monitoreó estadísticas del Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de Migración para obtener los perfiles de maestros susceptibles a sanciones.
“Eso, sin duda alguna, cabe en elementos de manejo político, más allá del manejo técnico y serio que tiene la materia estadística”, afirmó la diputada Hernández.
La diputada liberacionista enumeró como algunas de las preguntas pendientes de respuestas: “¿Qué instituciones dieron esos datos? ¿De qué forma se accedió a esos datos? No descarto el tema de cómo se conformó esa unidad, desde cuándo viene trabajando. Si esto es algo que se viene trabajando desde la administración pasada o no”.
“No se debe perder el objetivo: claramente, evidenciar si se dio un uso ilegal de esos datos”, dijo la diputada.
La comisión fue juramentada este miércoles. Además de Hernández, los otros legisladores que la conforman son: el secretario Jonathan Prendas (que representa a los independientes); Ana Lucía Delgado (también del PLN); Carolina Hidalgo (Partido Acción Ciudadana); Pedro Muñoz (Partido Unidad Social Cristiana); Floria Segreda (Restauración Nacional) y Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiano).
Desde el lunes, los diputados decidieron interpelar al actual ministro de Presidencia, Víctor Morales Mora (también legislador del congreso). Esta cita será el lunes 2 de marzo.
Los diputados, además, votaron contra una moción de repudio dirigida al Presidente y dos mociones de censura señaladas hacia los firmantes del decreto fallido (Morales Mora y el viceministro de Planificación, Daniel Soto).
¿Quiénes participarán en la Asamblea?
Hernández dijo que los primeros convocados externos a las sesiones de la comisión serán “técnicos” que expliquen “qué significan datos estructurados, segregados e individualizados”.
A partir de ahí, los diputados valorarán “qué actores son importantes en el proceso”. Hernández confirmó que las “personas que firmaron el decreto, así como el Presidente, tendrán que ser parte de las audiencias”.
“El Presidente, muy probablemente, será una de las personas que tenga que participar. Eso no está jamás descartado, la moción lo señala inclusive así”, afirmó Hernández.
Este miércoles, el medio CRHoy.com afirmó que el exministro de Presidencia Rodolfo Piza fue quien gestó el decreto que creó la UPAD —ahora derogado, tras mandato del Presidente, horas después de su descubrimiento y polémica—. De acuerdo con ese diario digital, el Ministerio de Planificación (Mideplan) rechazó el mismo decreto que se publicó en el diario La Gaceta.
Consultada sobre si la comisión legislativa convocará a Piza, Hernández dijo que es “probable”.
“Muy probablemente, no se descarta, muy probablemente. Por la información que ha salido en los últimos días, que la misma prensa ha ayudado a evidenciar”, aseguró la diputada.
Hernández, asimismo, previó que “seguirá dándose una discusión fuerte de cada una de las fuerzas políticas” de la Asamblea Legislativa.
