A las puertas de una semana abocada al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) y nuevos cambios, la oficialista Paola Vega aseguró a UNIVERSIDAD que persisten intenciones desde la Asamblea Legislativa para intervenir en la cátedra de las universidades públicas.
“Con las universidades veo una clara intención de algunos diputados de avanzar hasta meterse en temas de cátedra y formación universitaria. Esto es a nivel de la Asamblea Legislativa. Fracciones como Liberación Nacional, desde que entraron, han mantenido una línea anti universidades públicas, hay un fuerte lobby de universidades privadas. Hay diputados que mantienen relaciones estrechas con universidades privadas y, en varios sentidos, han legislado en varios proyectos de ley. Los diputados no quieren entender el sistema universitario. No han querido escuchar ni entender las diferenciaciones. Hay un total hermetismo al escuchar las necesidades de las universidades. En la fracción del PAC tenemos posiciones encontradas en torno a la autonomía universitaria”, aseguró Vega en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Todas las personas pertenecientes al régimen municipal les dan votos, entonces ahí sí tienen un interés hipócrita de excluirlas. Lamentablemente, ese es el escenario. Se quiere volver al Estado del proyecto donde se dañaba por completo la autonomía universitaria”, dijo también la diputada.
Vega acusa que hay “un grupo al que le molesta el pensamiento crítico universitario y ha encontrado muy viable en esa posición afectar a las universidades con temas de Empleo Público”.
El vehículo de esta afectación es una redacción falente del proyecto —que Vega opina es inconstitucional—, por medio de la cual la selección de personal, la definición de remuneraciones y salarios; así como la aplicación de sanciones quedarán en manos de la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan). Todo ello para cumplir con el artículo dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (el 46, que define en manos del Mideplan como ente rector “Toda la materia del empleo del sector público”).
En las más recientes sesiones de la Comisión de Gobierno y Administración, en las que se modificó la redacción del plan de Empleo Público hasta la redacción de hoy.
“La única moción que garantizaba la autonomía era la 90, aprobada en Comisión y que quieren revertir. Hay, además, un tema de hipocresía, porque Liberación quiere volver a introducir a las universidades dentro de todo el paquete de empleo público pero sacar a las municipalidades, eso es simplemente porque las municipalidades les dan rédito de las convenciones internas, así tal cual”, afirmó la diputada Vega en entrevista.
Universidades serán debate de esta semana
Paola Vega es la redactora de una moción de reiteración que mantiene un articulado definido en la Comisión para que el Sistema General de Empleo Público esté conformado por “el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal” con sus “estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno”.
No obstante, este mandato de la ley podría cambiar esta misma semana, si una mayoría de diputados atiende la urgencia del presidente Carlos Alvarado de aprobar una moción reiterada por la diputada liberacionista Yorleni León (la moción 80, que UNIVERSIDAD explicó es un plan para eliminar autonomías otorgadas a universidades públicas y municipalidades, pero que también afectará la redacción de otros artículos).
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Vega confirma que una mayoría de diputados del PLN, y una mayoría de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) coinciden en subordinar las universidades Mideplan, de forma idéntica a la propuesta por el proyecto original de Gobierno.
“Liberación está insistiendo con volver, básicamente, con volver básicamente al espíritu original del texto, sin contemplar todo lo avanzado en la discusión y negociación de las mociones 137. Tienen un ánimo muy violento contra las universidades, están queriendo integrarlas sin hacer ninguna adecuación que permita mantener los principios de la autonomía universitaria”, afirmó Vega.
Sobre la discusión a lo interno del PAC, Vega evitó decir nombres de sus compañeros diputados pero explicó que “tenemos diferencias sustanciales no de entender, hay diferencias sustanciales de cómo estamos valorando la autonomía universitaria”.
“Hasta donde entiendo, van con la moción 80. Eso significaría retroceder en lo que se había logrado, al menos en la construcción conjunta de la escala del salario global, y en otros temas. Creo que las mociones presentadas, de reiteración, como la 93, responden a mociones de consenso que, en algún momento, se dijeron que eran las que salvaguardaban la autonomía universitaria”, explicó la diputada oficialista.
Cambios son del PLN y del PUSC
Entre los planes discutidos, según confirmaron diputados que participaron en la construcción del proyecto en la Comisión de Gobierno, se encuentran las mociones liberacionistas 93 (que divide el régimen universitario entre “personas y académicas”, pero subordina a Mideplan al personal administrativo de centros de investigación y docentes en régimen mixto de empleo, que enseñan pero están contratados como administrativos dentro de sus unidades académicas) y también la socialcristiana 330 (en las que las universidades, Poder Judicial, Poder Legislativo Tribunal Supremo de Elecciones y municipalidades únicamente tendrán autonomía para definir el salario global, bajo la rectoría del Poder Ejecutivo).
Se consultó a la subjefa del PLN, Karine Niño, sobre su apoyo a la moción 93. Niño, al igual que Vega, ha solicitado a la Comisión de Gobierno que blinde la autonomía de las universidades dentro del proyecto de ley y mantenga la redacción consensuada en semanas pasadas.
“Esa moción la firmo porque también la presenté de manera independiente. Se construyó pensando un nuevo artículo, aclarando que las relaciones de empleo de las personas académicas y docentes superior tengan su propio funcionamiento, de acuerdo a sus órganos de autogobierno, contemplados en los artículos de la Constitución Política 84, 85 y 87. No veo que afecte que las universidades estén afuera de la construcción de un salario global para los docentes y personal académico. Me estaba enfocando más en el tema educativo, exactamente es para blindar autonomías en el tema de cátedra, según el artículo 87 de la Constitución”, explicó la diputada Niño.
Por su parte la diputada Vega asegura que la única vía para garantizar la autonomía es “en los términos de la moción que se me había aprobado, que es que las universidades tengan que diseñar salario global pero que lo hagan conforme de conformidad con su normativa interna y su autonomía universitaria. Más allá de eso, no nos podríamos meter”.
Este lunes, 22 de marzo, los diputados comenzarán la lectura de las mociones de reiteración. Estas mociones fueron reducidas de 352 a 254, según una resolución del diputado presidente, Eduardo Cruickshank. La diputada Paola Vega es una de las diputadas que criticó esta resolución y por las cuales Cruickshank concedió un tiempo de apelación que se vencerá este mismo lunes.
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