La liberacionista Yorleny León sostiene que dos elementos confabularon para la participación de las empresas H Solís y Meco desde el contrato originalmente pactado con China Harbour Engineering Company (CHEC, por sus siglas en inglés) para construir la Ruta 32 hacia Limón.
La diputada León dijo en entrevista con UNIVERSIDAD que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), junto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) atrasó procesos de “servicios de infraestructura, servicios públicos, expropiaciones” y, sumado a esto, la diputada confirma que ha recibido información de funcionarios públicos “presionados” para integrar a H Solís y Meco a la ejecución de las obras.
En el 2020, CHEC subcontrató a ambas empresas para, presuntamente, agilizar las obras.
“Ese atraso permanente de todas la movilización y habilitación de la Ruta 32 para poder trabajar es lo que ha hecho que el proyecto no avance. Pero, además, también, podría incorporar el interés o presión de empresas como H Solís o Meco ejercían para que fuesen ellos contratados en los diferentes tres segmentos en los que está dividida la Ruta 32”, afirmó León a este semanario.
“Era frecuente escuchar personas que participaban en reuniones y que manifestaban sentir esa presión para que Meco y H Solís fueran contratados o designados los tramos de esta importante ruta”, dijo León.
La diputada guardó la identidad de las personas con quienes se reunió para recibir esta información. No obstante, mencionó funcionarios locales de Limón y, también, de nivel institucional.
León primero aseveró la influencia de Meco y H Solís en la contratación de las obras durante una audiencia de la Comisión Limón durante la semana pasada. De este órgano de la Asamblea Legislativa, la liberacionista es su presidenta.
Allí, ella y otros diputados limonenses tuvieron un careo con miembros de una organización civil y el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata.
El ministro defendió que la empresa CHEC mejoró la ejecución de las obras.
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“Creo que esta mejora que hemos visto, en las últimas semanas, en la empresa CHEC, más bien se debe a la presión que se ha generado, por otro lado, sobre dos constructoras que estaban ahí, encima de este proyecto. Con nombres y apellidos: H Solís y Meco”, aseguró León.
La diputada acusó que las empresas tenían intereses para que no funcionara el modelo de obra “llave en mano” de las obras construidas y que, en su lugar, siguiera funcionando el mercado en sus manos. Las empresas hacían “todo lo propio para que este proyecto fracasara, era una manera de asegurarse este mercado”, dijo la diputada frente al ministro Méndez Mata.
De hecho, la tesis de León es similar a las acusaciones del expediente 19-000025-128-PE, en donde se investiga a H Solís y Meco por delitos de corrupción como tráfico de influencias y dádivas para funcionarios públicos del MOPT, Conavi y otras instituciones públicas.
Desde julio pasado, UNIVERSIDAD publicó el criterio de una fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, de apellido Rodríguez, sobre este tema. La fiscala argumenta que el caso de corrupción en CONAVI data desde su creación y es “uno de los mejores ejemplos de corrupción pública y privada en nuestro país”.
“Se trata de una organización criminal sumamente rentable para los funcionarios corruptos porque adquieren la capacidad de incrementar sus patrimonios de manera ilegítima. También rentable para las empresas H Solís y Meco, las cuales producto de corromper a estos funcionarios públicos e instrumentalizarlos para sus fines, han logrado posicionarse prácticamente como un duopolio nacional en materia de infraestructura vial, recibiendo cuantiosas ganancias y lo más preocupante, ejecutando obras de baja calidad, defectuosas e incompletas”, asegura el documento dentro del expediente “Cochinilla”.
Frente al caso penal, MOPT suspendió los contratos negociados con las sociedades investigadas y acusadas.
El pasado 22 de setiembre, el ministro Méndez Mata defendió ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para inyectarle ¢12.215 millones de colones a la Ruta 32.
La diputada León, quien también es miembro de la Comisión de Hacendarios que tiene que aprobar ese dinero, dice que “La Ruta 32 requiere del contenido presupuestario, eso no podemos dejarlo de lado”.
La tarea por delante, afirmó, es “estudiar, básicamente, si el superávit mencionado en el expediente sí corresponde a un superávit y corresponde en ese monto”.
Según adelantó León, su despacho cuestionará por qué el pago para expropiaciones es tan bajo porque aún faltan 300 de 500 para contar con esos terrenos.
“Me llama la atención que el pago de expropiaciones es tan bajo, ¢2 mil y algo millones, mientras que el pago de Cacisa, la empresa supervisora, es mucho mayor. Es de más de ¢5 mil millones. Hay dudas que me surgen como: ¿estamos pagando el monto correcto por esa supervisión?¿Deberíamos tener en la Ruta 32 a un supervisor que está siendo cuestionado en otros proyectos de infraestructura vial (Cacisa también forma parte del expediente “Cochinilla” por la Rotonda de Garantías Sociales)? ¿Qué pasa con las recomendaciones de Cacisa, si es que las emite? ¿Conavi está tomando las medidas del caso para las recomendaciones que Cacisa está emitiendo? ¿Por qué tienen un contrato tan abierto con Cacisa que les permite meter cualquier subcontratación en el marco de ese contrato tan grande y por demanda?”, dijo León en la entrevista con UNIVERSIDAD.
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