La diputada liberacionista Kattia Rivera aprovechó su espacio de control político en la Asamblea Legislativa para cuestionar la idoneidad de Jorge Eduardo Sánchez como presidente de junta directiva del Banco Popular, pues solamente cuenta con experiencia de un año en la junta directiva de BICSA, pese a que la normativa pide al menos 8 años.
Desde su perspectiva, esta experiencia es ciertamente limitada en tiempo y en alcance, y no debería ser suficiente para ocupar el cargo de presidente del Banco Popular, dado que el perfil que esta posición demanda requiere más que una trayectoria política; exige un dominio técnico y profundo de las finanzas, de la gestión de riesgos, y del funcionamiento del sistema bancario en su totalidad.
“No se trata de un ataque personal”, dijo Rivera, sino de la defensa del rigor institucional, para asegurar que estas personas estén a la altura de las responsabilidades que el cargo demanda, pues en su criterio, la falta de conocimiento y experiencia en este campo puede llevar a decisiones desacertadas que tendrán efectos negativos de largo alcance, poniendo en juego no solo el patrimonio de las personas, sino también la estabilidad económica del país.
“Desde su fundación, el Banco Popular ha sido un baluarte para el desarrollo social y económico de nuestra nación. Su gestión ha estado en manos de los sectores sociales representados en la Asamblea de Trabajadores, quienes, en su legítimo derecho, nombraron a sus representantes el pasado 4 de noviembre de 2023. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una situación preocupante en la que la voluntad de los trabajadores ha sido ignorada, y el Poder Ejecutivo ha intervenido de manera indebida, socavando la autonomía del banco”, cuestionó también la diputada.
Increpó al gobierno para que termine de una vez con la intervención al Banco Popular, pues es visto como un ataque directo a la independencia de la entidad financiera, así como una clara señal de que el gobierno está utilizando su poder para mantener un control político y financiero que atenta contra los principios democráticos que rigen en la sociedad.
“Es inaceptable que el gobierno interfiera de esta manera en una institución que pertenece al pueblo costarricense, y que debe estar al servicio del bienestar común, no de intereses partidistas o electorales. No podemos permitir que la improvisación o la falta de criterio técnico pongan en riesgo el futuro de nuestros bancos y, por ende, de nuestra economía.
