Katherine Moreira Brown, diputada limonense del Partido Liberación Nacional dijo este martes que a causa de los altos costos de cualquier trámite en la Terminal de Contenedores de Moín (operada por la empresa holandesa APM Terminals), los empresarios “extrañan los tiempos de Japdeva”.
En su espacio de control político, la liberacionista señaló el trato injusto que recibe la empresa estatal, dijo que pareciera ser que a las autoridades les importa la viabilidad económica de la concesionaria que la de Japdeva y reclamó por acciones que pongan “en balance a ambas terminales”.
La verdiblanca, representante de la provincia de Limón, dijo que Costa Rica “está urgido de recuperar terreno a nivel internacional en cuanto a competitividad”.
“Somos un país caro y eso para nadie es un secreto. Por eso es urgente reducir los costos de operación a nuestros productores nacionales y especialmente a quienes exportan. No obstante, desde la entrada de la TCM, los costos logísticos para enviar mercancía a otros lugares han sido elevados, han sido constantes los llamados del sector exportador para que el Gobierno de la República haga algo al respecto, pues en la actualidad la TCM tiene los costos más elevados para los importadores y exportadores desde el 2019”, dijo la legisladora.
Según Moreira, han habido distintas iniciativas de acercamiento “sin que se haya logrado concretar algo por parte del Poder Ejecutivo para reducir esa carga a los a los empresarios. “¿Cuántos no extrañan los tiempos de Japdeva?”, preguntó.
La diputada indicó que movida por la conciencia de los impactos de esta situación y tomando en consideración además que la entrada en operación de la TCM en manos de APM Terminals “ha provocado una fuerte afectación a las arcas del Estado por la cantidad de ingresos que se han dejado de percibir”, a principios de agosto envió un oficio al ministro de Obras Públicas y Transportes para pedirle soluciones.
Moreira dijo que en una misiva al ministro de Obras Públicas y Transportes, le planteó activar el inciso 1) de la cláusula 4.1.2 del contrato de concesión de la TCM que permite “modificar unilateralmente, durante la ejecución del Contrato, las características de las obras y de los servicios contratados cuando existan razones de interés público para ello. Cuando se trate de aumentos, en ningún caso, podrán superar lo dispuesto en la cláusula 12.3 de este contrato de concesión. En caso de disminuciones estas modificaciones tampoco podrán superar ese monto y se regirán por lo establecido en el artículo 47 del RGCOP”.
La diputada dijo que así, de acuerdo con la ley los servicios pueden ser modificados, pues hay “una afectación profunda a una entidad como JAPDEVA, que actualmente lucha por alcanzar su equilibrio financiero, luego del traslado del 80% de la carga de contenedores a la TCM”.
Al tiempo, dijo “el sector exportador requiere de apoyo para ser más competitivo a nivel internacional en cuanto a calidad y precio se refiere, siendo que APM Terminals representa costos logísticos más altos para el sector exportador. Sin embargo, en la respuesta recibida por parte del viceministro Ing. Alejandro Guillén, no hubo mención a este tema”.
Según la diputada, parece ser que, prevalece más la viabilidad financiera para un proyecto manejado por una empresa privada, de la cual solo recibimos un canon de un 7.5% de sus ingresos, y no el equilibrio financiero de una empresa estatal como JAPDEVA, a la cual ARESEP desde 2012 no le actualiza las tarifas para hacerlas más competitivas y adaptadas a la realidad nacional.
Por tal razón, hago un nuevo llamado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que ponga en balanza este tema y lleve a cabo las modificaciones necesarias al contrato con la TCM, siendo que debe ser de interés público lograr un equilibrio para JAPDEVA, evitar el aumento del desempleo en la provincia y dar un respiro al sector exportador que se ha visto afectado por temas de carácter internacional como la guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19 y el alza de precios de los combustibles.
Según dijo, parece que mucho importa “la viabilidad financiera para un proyecto manejado por una empresa privada, del cual solo recibimos un canon de 7.5% y no el equilibrio financiero de una entidad como Japdeva, que desde el 2012 no actualiza sus tarifas”.
La legisladora aseguró que podrían tomarse acciones para convertir a Japdeva en una institución competitiva para que pueda seguir generando empleo en la provincia de Limón. “Considero que la institucionalidad pública debe poner en balanza este tema y hacer las modificaciones necesarias al contrato con la TCM para lograr un equilibrio para ambas terminales, pues a Costa Rica tampoco le sirve el cierre de Japdeva ni aumentar el desempleo en una región que clama por oportunidades laborales”, concluyó.
