La diputada cartaginesa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, amenazó esta tarde a los magistrados de la Sala Constitucional y les recordó que es función de la Asamblea Legislativa reelegirlos, luego de avisar que están a la espera de la redacción final de las sentencias relacionadas con el matrimonio igualitario para analizar sus alcances.
“Yo sí tengo muy claro lo que nos corresponde como legisladores, vamos a defender la institución del matrimonio entre hombre y mujer tutelada en nuestra Constitución Política, y quedamos a la espera de los considerandos de la resolución, porque señores magistrados, aquí son reelegidos ustedes”, manifestó.
Estas declaraciones las rindió en la sesión del Plenario Legislativo de este lunes, en la que los diputados continuaron con un debate reglado que inició desde el jueves de la semana pasada para comentar el fallo de la Sala Constitucional, organismo que declaró inconstitucionales las normas actuales del Código de Familia (inciso 6 del artículo 14 y la totalidad del artículo 242).
Por un lado, el inciso 6 prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras que por el otro, el artículo 242, no reconoce sus uniones de hecho.
Hasta el momento, sólo se conocen las implicaciones generales de las sentencias (numeradas 2018-12782 y 2018-12783), que dejarán el tema en manos de la Asamblea Legislativa por 18 meses una vez que sean publicadas y notificadas.
En ese plazo, los diputados deberán intentar corregir la inconstitucionalidad o, de cumplirse el plazo propuesto, se anularían las normas actuales automáticamente.
Sobre las declaraciones de la diputada Rodríguez, el oficialista presidente de la comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, comentó que “no son aceptables ni tolerables amenazas contra el proceso de reelección de los magistrados”, una afirmación que llegó justo al cierre de las discusiones sobre el tema.
Algo similar indicó a través de sus redes el abogado Luis Salazar, el comisionado para los asuntos LGTBI del Gobierno, quien añadió que “la independencia judicial está resguardada en la Constitución Política”, por lo que “podremos discrepar sobre los alcances de una resolución, pero nunca amenazar a los jueces y juezas con su reelección”.
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Poco antes, el jefe de fracción de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, como otros de esa bancada, había manifestado su disgusto por una supuesta intromisión de la Sala en “decirles lo que tienen que hacer y en cuánto tiempo tienen que hacerlo”, a lo que el oficialista Sánchez respondió que era sólo una de sus funciones declarar la inconstitucionalidad de las normas como lo hicieron.
El miércoles anterior, la Sala Constitucional resolvió las sentencias en una extensa sesión que concluyó al borde de la medianoche.
Desde entonces, los diputados —la mayoría insatisfechos (aunque por distintos motivos)— y los recurrentes están a la espera de los textos completos, pues así empezarán a descontarse los días para la anulación de las normas discriminatorias.
Con esta resolución, la Sala Constitucional validó las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que instó al país a legalizar la figura legal, sin ninguna discriminación, tras una opinión consultiva que planteó el gobierno anterior.
