País Caso Cochinilla

Diputada cuestiona a coordinador de la GIZ sobre concentración de contratos en manos de empresa MECO

MECO tiene adjudicados 21 millones de colones en el Programa Red Vial Cantonal II, la mayoría con las municipalidades, destacó la diputada liberacionista Paola Valladares.

Al ser cuestionado acerca de la concentración de licitaciones de proyectos de la Red Vial Cantonal II MOPT-BID en manos de la empresa constructora MECO, el Coordinador Nacional-GIZ para el proyecto, Eduardo Barquero Solano, afirmó que la contratación de MECO se dio porque fue la empresa que ofertó al menor precio.

Barquero compareció hoy ante la sesión número 37 de la Comisión Especial Investigadora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la Asamblea Legislativa.

Barquero dirige la asesoría técnica que se hace en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La diputada liberacionista Paola Valladares preguntó a Barquero sobre la contratación y los carteles.

“MECO tiene adjudicados 21 millones de colones en el Programa Red Vial Cantonal II, la mayoría con las municipalidades. ¿Cómo MECO ha logrado adjudicarse tantos proyectos? ¿Cree que ha habido un juego con el tema de los carteles y que portillos permiten que estas empresas sean las únicas en esos proyectos?”, cuestionó Valladares.

Barquero explicó que en el Programa Red Vial Cantonal II del BID tuvieron más bien empresas muy pequeñas participando; pero que demoraban mucho en pagarles.

“Pienso que hicimos un buen esfuerzo de apoyo a estos contratistas; pero a veces tardábamos hasta tres meses para poder pagarle a un contratista pequeño. Por falta de capacidad financiera tenían que ir a descontar las facturas con las entidades financieras mientras se avalaba el contrato de cesión. Y hasta que tuviéramos el contrato de cesión avalado en el Ministerio podíamos pagarle a la entidad financiera que había financiado al contratista”, indicó Barquero.

“Entonces se consideró que teníamos buscar licitaciones más grandes, de $4 o $5 millones, en las que agrupáramos hasta 14 proyectos y entonces ocupábamos una empresa con cobertura regional suficiente para cumplir. Eso significa poder ejecutar dos y hasta tres proyectos en diferentes cantones a la vez. La contratación de MECO es porque MECO ha ofertado el menor precio hasta el momento en las licitaciones del programa”, justificó.

La legisladora Valladares señaló que con ese modelo no se le está dando la capacidad de competir a las pequeñas empresas porque sacan las contrataciones por proyectos de 14 líneas y concursan únicamente las que tienen mayor capacidad financiera y liquidez.

Barquero comentó que en marzo de 2021 se reunieron para ver el tema de “las concentraciones de contrataciones” y que posteriormente modificaron los carteles para poder hacer contratos diferenciados, siempre garantizando que se cumpla el plazo de construcción.

El asfalto donado por Recope

La diputada Valladares también consultó a Barquero sobre el caso puntual de la Municipalidad de Turrialba y la donación de asfalto por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la cual iba a ser usada para mantenimiento vial.

Valladares dijo que no ve que la empresa constructora MECO facture menos cuando el Estado está haciendo una donación de asfalto a través de Recope, pero eso no se ve reflejado en una disminución de la factura que cobra MECO.

Como reportó el medio Repretel, Recope la pidió cuentas a la Municipalidad de Turrialba por asfalto valorado en ¢32 millones, que les donó para asfaltar una carretera. Según el medio, la constructora MECO retiró el producto y tras una inspección se confirmó que no se había aplicado.

Según Barquero, siempre piden que en el proyecto se indique que va a haber ese tipo de donaciones; pero que en el caso de este proyecto vial de Turrialba, fue formulado tiempo atrás cuando Recope todavía no manejaba las donaciones de asfalto.

“Esto ya se aclaró para el proyecto de Turrialba. Recope solicitó una aclaración a la municipalidad. Esto ya se aclaró y ese proyecto está en etapa de notificación de defectos. Tomamos los acuerdos necesarios con Recope para que las futuras donaciones vayan incorporadas de una vez en la contabilidad. Eso definitivamente ya lo hemos estado tomando en cuenta”, afirmó Barquero.

En la audiencia Barquero detalló que el financiamiento total solicitado por el gobierno de Costa Rica al BID es de $200 millones, más la contrapartida nacional. De este monto se han ejecutado $56 millones, más $23 millones de contrapartida nacional.

Agregó que actualmente tienen una cantidad grande de proyectos formulados, que tienen que pasar a la etapa de contratación.

El 14 de junio de este año se reveló el caso Cochinilla, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó decenas de allanamientos en viviendas y en las empresas constructoras Meco y H Solís, en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) exponiendo una red de corrupción en que los empresarios supuestamente sobornaban a funcionarios para garantizarse contratos de obra pública en la red vial.

Se investigan los delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias.

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