En medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno del país ha apostado por una serie de medidas y regulaciones que favorecen la labor del sistema bancario nacional, pero estas siguen sin impactar a las personas con créditos o a quienes intentan obtener uno para retomar sus actividades económicas.
Por ejemplo, en setiembre pasado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó otorgar a bancos e intermediarios financieros regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) una línea de crédito por ¢700.000 millones, con la condición de que fueran usados para ofrecer préstamos favorables a hogares y empresas afectadas por la pandemia.
Adicionalmente, este martes se sumaron ¢142.887 millones más para prórrogas, readecuaciones, refinanciamientos o recursos frescos.
Además, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) anunció a inicios de mes una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2021, de acciones para la banca, como la posibilidad de modificar las condiciones contractuales de los créditos que requieren los deudores, la flexibilización temporal de los requerimientos de capital asociados al plazo de operaciones y medición de riesgos de mercado, y la posibilidad de prorrogar refinanciamientos y readecuaciones sin necesidad de análisis de estrés de deudores.
“Está bien que se regule para evitar que se golpee a los bancos, pero ¿cómo hacemos para evitar que esta situación golpee al deudor? Se está viendo solo la mitad de la ecuación”, economista Fernando Rodríguez.
Sin embargo, estas operaciones no han repercutido favorablemente en la ciudadanía, que se ha enfrentado en los últimos meses a un mayor endeudamiento y una imposibilidad de recibir fondos para nuevos créditos.
Según datos de la Sección de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, de enero a diciembre del 2020 se recibieron un total de 182.493 demandas nuevas por cobros judiciales.
Junto con estos datos, la Defensoría de Apoyo al Deudor (Defade) aseguró que se han mantenido los números de las propiedades que entran en cobro judicial para remate. Según la organización, en enero del 2019 se realizaron 284 remates, para enero del 2020 se registraron 352 y en enero del 2021 se efectuaron 384 remates.
A su vez, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reporta un crecimiento en el porcentaje de créditos con morosidad mayor a 90 días o se encuentra en cobro judicial.
Para diciembre de 2020, el 2,46% de todas las operaciones se encontraban en dicho estado, mientras que en el mismo mes del 2019 era el 2,42%.
Ante este panorama, el economista y ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, considera que las medidas que aplica el Gobierno están dejando de lado las necesidades de las personas y sus empresas, y que recurren a buscar el bienestar únicamente del sistema financiero.
“Lo que hace falta es una pieza en el medio, porque solo se está viendo la mitad de la ecuación. Está bien que se quieran establecer regulaciones para evitar que se golpee a los bancos, pero ¿cómo hacemos para evitar que esta situación golpee al deudor? ¿Qué estamos haciendo de este lado? ¿Cómo hacemos para evitar cláusulas que son conocidas por ser abusivas e impactan negativamente la capacidad de la gente? ¿Cómo hacemos para que los bancos mejoren su eficiencia y puedan prestar de forma más expedita y a menor costo, para ayudar a la reactivación?”, cuestionó.
Para Rodríguez, es importante que las autoridades entiendan que los consumidores también necesitan facilidades, de forma que se puedan aumentar sus recursos para generar una reactivación económica.
“Si se le inyectó plata a los bancos, si se echan paladas de dinero en el sistema financiero, pero no hay tasas de crédito más bajas, condiciones para préstamos más blandas y la eliminación de tasas piso para que la gente pueda liberar recursos, no voy a tener reactivación. No es solo que los bancos quieran poner más plata en manos de la gente, porque si ese crédito es costoso, si no existen periodos de gracia para poder pagarlos, si no se consideran las situaciones de riesgo de cada una de estas actividades, si no se crean condiciones blandas, si la gente no tiene más recurso para poder pagar, si no tienen trabajo, de nada va a servir”, aseguró.
Conassif dice no tener injerencia en relación banco – cliente
En una opinión similar a la de Rodríguez, la asesora legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor (Defade), Stephanie Portuguez, afirmó que las medidas establecidas por entes como Conassif excluyen a las personas que ya estaban afectadas previo a la pandemia por COVID-19 e impide que se apliquen acciones reales para favorecerlas.
“No es coherente que las entidades financieras dispongan de suficientes fondos para poder colocar a las Pymes y empresas productoras de riqueza y trabajo del país, pero no están en condiciones de realizarlo porque la regulación no se lo permite. Debe aumentarse el alcance de las medidas anunciadas por Conassif a quienes venían afectados previo a la pandemia”, dijo.
Ante estos cuestionamientos, el presidente de Conassif, Alberto Dent, dijo a UNIVERSIDAD que han analizado cuáles son las mejores medidas a seguir, a partir de un análisis internacional, y que al Consejo no le compete regular las actividades de los bancos con sus clientes.
“Es incorrecto ese tipo de afirmación, porque nosotros no tenemos nada que ver en la relación que tienen los bancos con sus clientes, nosotros tomamos las medidas que consideramos que sean prudentes y posibles para poder asistir. La decisión final de asistir o no a un cliente la toma el banco. Cada banco es diferente, cada cliente es diferente. Esa relación, el riesgo de cada entidad y la relación con cada cliente individual es una decisión que solo cada banco puede tomar”, aseguró.
Sobre la posibilidad de variar las medidas tomadas, Dent dijo que analizarán la recuperación económica para decidir si se deben prolongar o, por el contrario, suspender.
“Nos basamos mucho en información que provee el BCCR sobre el crecimiento económico, hablamos frecuentemente con los bancos y tenemos contacto frecuente con los clientes, con quienes nos reunimos y nos hablamos. Nosotros no tomamos decisión por los bancos porque le corresponde a ellos, pero nos gusta oír qué están sintiendo los clientes y si hay algo que podemos hacer para asistirlos”, aseguró.
Sin embargo, al consultársele si por parte de los clientes con los que se comunican ha existido alguna queja o petición para mejorar las condiciones, el presidente de Conassif indicó que “eso no lo manejamos nosotros, esa es una relación que maneja el cliente directamente con el banco; nosotros simplemente fijamos parámetros de operación normativa prudencial pero la relación con los clientes depende de cada banco”.
Para Rodríguez, este tipo de argumentación no justifica la inacción del Consejo en otras medidas, las cuales siguen sin resolverse, a pesar de la crisis que se atraviesa.
“A mí me hubiera encantado que, con lo que se está promoviendo, el Conassif aprovechara para generar regulaciones sobre las tasas piso, que se hagan pagos menores de cuotas y ayudar a generar más recursos disponibles para la gente, o crear condiciones para que el otorgamiento de créditos tenga condiciones más favorables de acceso. Si no son ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a regular el tema de las tasas piso? ¿Tenemos que llevarlo a la Asamblea porque Conassif no tiene capacidad?”, dijo.
Bancos reportan más de un millón de créditos readecuados
Según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), al 30 de junio del 2020 se había readecuado 1.034.192 operaciones por COVID-19. Esto representa ₵6,8 billones del saldo total de créditos en el Sistema Bancario Nacional, que asciende a ₵17,2 billones.
UNIVERSIDAD consultó al Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y Banco Nacional sobre la colocación de nuevos créditos y la readecuación de deudas, a partir de los recursos aprobados por el BCCR en setiembre.
Según la Oficina de comunicación institucional del BCR, el banco recibió ¢80.470 millones por parte del Central para el mejoramiento de créditos. Cerca del 23% de estos recursos se tienen destinados para nuevos préstamos y, a la fecha, han sido colocados el 20% de dicho margen.
Hasta el momento, cerca de 180 personas jurídicas han solicitado créditos o arreglos, con un 50% aprobado y un caso rechazado.
En cuanto al Banco Popular, según el subgerente de Negocios, Juan Francisco Rodríguez, la entidad tiene previsto asignar ¢72.892 millones a operaciones de readecuación de deudas, para impactar unas 2.800 operaciones de 2.200 clientes, entre clientes empresariales y personas físicas con actividad empresarial.
“Respecto de los niveles de aprobación, el Banco Popular ya inició el proceso de contacto a dichos clientes y los primeros cortes nos muestran una tasa de efectividad cercana al 100%”, dijo Rodríguez.
De parte del Banco Nacional, este semanario no recibió respuesta al correo electrónico enviado con las consultas.
74% de costarricenses tiene al menos una deuda
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) presentó este 9 de febrero los resultados de su encuesta sobre nivel de endeudamiento entre costarricenses. Entre los hallazgos destacan que el 74% de los consultados admitió tener algún tipo de deuda.
El 77% de las personas que indicaron tener deudas en el 2019, las mantienen en la actualidad. Sin embargo, un 14% indicó que no tenía deudas en 2019 y siguió sin obligaciones en 2020. Además, 20% de los encuestados dedican 62,5% o más de sus ingresos para el pago de deuda.
El estudio se realizó durante el mes noviembre del 2020, abarcó a un total de 1200 personas entre los 18 a 65 años, con un error muestral de 2,8% y fue aplicado en todo el país.