Director de Fondo dice que empresas están obligadas a descontar de sus ofertas sitios a los que ya tengan que llegar por contrato.
La coincidencia geográfica entre proyectos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel) y las obligaciones de cobertura para telefonía móvil de las telefónicas privadas, provoca que dinero de ese fondo público sirva a las empresas Claro y Telefónica para expandir su propia red de servicios.
Humberto Pineda, director de Fonatel, aseguró que esa coincidencia geográfica es reconocida mediante una declaración jurada de las empresas, las cuales a la hora de concursar por la adjudicación de proyectos del Fondo, descuentan los sitios específicos a los que ya tienen la obligación de llegar.
Un análisis de UNIVERSIDAD y de funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) encontró coincidencias entre los distritos a los que Claro y Telefónica tienen la obligación contractual de llevar telefonía celular y los proyectos financiados por Fonatel en San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón.
Estos proyectos son pagados con fondos públicos que suman $20.043.579 (unos ¢10.700 millones al cambio actual).
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El director de Fonatel puntualizó que al comenzar la obra el dinero no se desembolsa en su totalidad, sino que hace un primer desembolso de 50% del total asignado al proyecto y el otro 50% se va entregando paulatinamente según el avance la obra.
Luego, las empresas privadas pueden comenzar a vender servicios, utilizando la infraestructura pagada por Fonatel. Según Pineda, cuando las empresas comienzan a recaudar dinero de sus ventas, esos montos son rebajados del saldo pendiente que debía desembolsar el fondo.
El dinero girado por Fonatel a zonas que contractualmente debían ser cubiertas por las telefónicas privadas es muy significativo, si se toma en cuenta que según reveló el Poder Ejecutivo, los aportes del ICE a Fonatel desde el 2010 sobrepasan los ¢31 mil millones.
Si bien los proyectos de Fonatel en teoría no son coincidentes con la expansión de la telefonía celular, pues tienen que ver con instalación de acceso a Internet y telefonía fija, la realidad apuntada por expertos en el tema y hasta por la Contraloría General de la República (CGR) es que las obras de infraestructura necesarias para establecer una red de telecomunicaciones -como torres- sirven para que las compañías vendan toda la gama de servicios adicionales.
Andrés Oviedo, abogado y especialista del bufete Facio & Cañas quien ha realizado análisis sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en el país para el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la UCR, señaló que, si a una empresa se le adjudica un proyecto de Fonatel para dar cobertura en sitios a los que ya tenía la obligación de llevar la telefonía celular, “técnicamente sí le favorece, porque se despliega la red y a partir de ese momento puede prestar otros servicios”.
Oviedo confirmó que el público de las regiones a las que se llega mediante proyectos de Fonatel queda como cliente de la empresa seleccionada, la cual “puede ofrecer toda la cartera de servicios que tenga”. Sin embargo, hizo la salvedad de que las demás empresas que participan del mercado pueden instalar equipos en las torres construidas, pues la ley garantiza el derecho a elegir operador.
Mauro Murillo, de la Dirección de Desarrollo de Nuevos Negocios del ICE, expresó que “la preocupación nuestra es que se determine si con fondos de Fonatel se subsidia la construcción de infraestructura, particularmente torres, que Claro y Telefónica tenían que llevar a las comunidades por obligación”.
Tomando en cuenta la magnitud del aporte del ICE a Fonatel y la realidad de que las empresas Claro y Telefónica reciben fondos de esa entidad pública para construir infraestructura en zonas que se consideran poco rentables comercialmente, Murillo consideró correcto decir que el ICE estaría así subvencionando la expansión de esas empresas privadas.
“Sabemos que están levantando las torres, las cuales pueden servir para ofrecer servicios de telefonía móvil no subsidiados. Potencialmente se podría incluso ofrecer televisión, pero hay que ver la capacidad de los equipos instalados”, añadió.
El diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas, exdirigente sindical del ICE, se refirió al tema y criticó a Fonatel pues según dijo “saca licitaciones donde entra todo el mundo, ya casi con compadre hablado”.
Arguedas añadió que “todo está al garete, Fonatel elige las localidades a mansalva, no hay nada proyectado, hay comunidades que se quedan muy rezagadas”.
SIN PLAZOS
En mayo del 2011 el Estado costarricense firmó los contratos para explotación del espectro radioeléctrico con Azules y Platas S.A. -cuya razón social es Telefónica de Costa Rica TC Sociedad Anónima- y Claro CR Telecomunicaciones S.A.
El artículo 11 de los contratos estableció la obligación de cumplir a cabalidad el Plan de Desarrollo de la Red (PDR), desarrollado en el Anexo A de cada contrato.
El PDR, o “Roll Out Plan”, consistió en una lista de distritos a los que ambas empresas quedaron obligadas a llevar la cobertura total o parcial de la telefonía celular. Esa lista fue dividida en tres fases según las necesidades de desarrollo inicial de la red, su expansión y el cumplimiento de la cobertura total.
Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís firmó en abril del año pasado una adenda a los contratos, por considerar que cada empresa padecía “obstáculos irreversibles para la concesionaria, generados por las municipalidades” para el cumplimiento de las obligaciones del PDR.
Por ello, el texto del contrato dejó de referirse a las tres fases del Plan de Desarrollo de la Red y el “Anexo A” fue sustituido. Es la versión nueva de ese Anexo de la que obtuvo copia UNIVERSIDAD en el Viceministerio de Telecomunicaciones.
La nueva versión del contrato eliminó las tres fases para la instalación de cobertura del servicio.
Es decir, de un plumazo fueron eliminados los límites de tiempo para llevar telefonía celular a los diferentes distritos y el nuevo PDR especifica aquellos en los que se puede proveer una calidad inferior del servicio.
Cabe destacar que ese PDR es una lista de distritos y luego del addendum firmado por Solís si bien no especifica zonas o comunidades específicas dentro de ellos, apunta que “el área que se evaluará” depende de los límites de áreas de cobertura con diferentes niveles de intensidad de potencia.
Es importante que el numeral 11.8 de ambos contratos -que sobrevivió al addendum de Solís- establece que las obligaciones de cobertura dentro del PDR “son de acatamiento obligatorio para la concesionaria y en ningún caso podrán ser consideradas como obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad”.
Es en el artículo 32 de ambos contratos donde se establecen las obligaciones de acceso y servicio universal y solidaridad, las cuales son financiadas por Fonatel.
Todo ello quiere decir que el mandato de cumplir con el PDR es independiente del desarrollo de los proyectos que Fonatel adjudique a cualquier empresa, en el marco de la concreción del acceso y servicio universal y la solidaridad.
Incluso la Contraloría General de la República (CGR) en la resolución R-DCA-175-2014 se refirió de oficio al tema y apuntó que “en virtud de la convergencia mediante una misma red pueden prestarse diversos servicios de telecomunicaciones”.
Así, la CGR apuntó que “queda bajo la responsabilidad exclusiva” de la Sutel y del Fideicomiso contratante de los proyectos de Fonatel -administrado por el Banco Nacional- velar porque no se presente una coincidencia entre las obligaciones de cobertura establecidas en el PDR y las obligaciones de cobertura que asumen los adjudicatarios de los proyectos de Fonatel.
Sin embargo, esas coincidencias ocurrieron. Por ejemplo, el proyecto San Carlos de Fonatel consiste en llevar telefonía fija y conexión de Internet a una población de 48.581 personas de los distritos Venado y Buena Vista, Pocosol y Cutris, todos incluidos en el PDR.
En diciembre del 2013, Fonatel adjudicó a la empresa Claro CR Telecomunicaciones S.A. el proyecto San Carlos, con lo cual recibió $2.963.275. Según el sitio web de Sutel, ese proyecto se ha desarrollado en un 55%.
“PROCESOS TRANSPARENTES”
Víctor García, gerente regulatorio de Claro Costa Rica, consideró “fundamental” el hecho de que todos los proyectos adjudicados a Claro fueron las propuestas “más eficientes y menos costosas” para el país y son resultado de “procesos transparentes de licitación pública”.
Reconoció que Claro y cualquier otro operador al que se adjudiquen proyectos de Fonatel “no tienen impedimentos para reutilizar su infraestructura con cualquier otro tipo de servicio”.
Añadió que no obstante, en el caso de las áreas de cobertura de Fonatel, los ingresos provenientes de cualquier otro tipo de servicio también son considerados en la evaluación financiera mensual de los proyectos para determinar si los subsidios girados por el Fondo se sostienen o se eliminan.
“Por mandato de Ley Fonatel, únicamente puede apalancar operaciones en zonas donde se demuestre que estas son deficitarias”, subrayó.
García apuntó que los costos de infraestructura reutilizable, como fibra óptica, no pueden ser considerados para los cálculos de solicitud de subsidio.
“Claro en ninguno de sus proyectos de Fonatel ha incluido los costos de la infraestructura reutilizable para la prestación de otros servicios derivados de las obligaciones de Concesión o de sus propios planes comerciales”, apuntó.
Por su parte José Pablo Rivera, gerente de regulación de Telefónica, admitió que en las zonas contempladas en los proyectos de Fonatel “se posibilita la oferta de múltiples servicios a sus habitantes, entre ellos telefonía móvil”, lo cual según dijo contribuye “de manera muy significativa” a la reducción de la brecha digital en “zonas vulnerables”.
Añadió que el hecho de que un distrito esté contemplado en el PDR “no quiere decir que toda el área de ese distrito lo está” y que si un poblado se encuentra cubierto por la obligación contractual y es parte de una zona de proyecto de Fonatel, los costos de levantamiento de infraestructura y de provisión del servicio objeto del Fondo son asumidos por la empresa.
