Luego de 12 sesiones de trabajo, la mesa multisectorial de diálogo concluyó su proceso con 58 propuestas aprobados por el plenario.
En total, se recibieron 2.301 iniciativas, de las cuales 259 fueron analizadas y se aprobó el 2.5%. Por porcentajes, el sector empresarial presentó el 39% del total, el laboral/sindical un 21%, mujeres un 15%, sociedad civil un 14%, economía social un 5%, desarrollo local un 4% y el Poder Ejecutivo un 2%.
Según el análisis de los técnicos, las medidas aprobadas tendrán un impacto del 0,22% del PIB en el rubro de ingresos, un 1.18% en gastos, un 0.80% en eficiencia para el 2023 y un 0.96% en los acuerdos que se aplicarán por una única vez.
Los temas centrales de la mesa de diálogo fueron reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza, propuestas fiscal de alto consenso, inversión, eficiencia y eficacia del gasto, ingresos y exoneraciones, evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria, activos del Estado, y gestión de la deuda política.
Resumen de 58 propuestas aprobadas
Sobre reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza:
• Solicitar al Poder Ejecutivo atender en lo inmediato los temas de fondo de avales y Sistema de Banca para el Desarrollo, Simplificación de trámites, costo de energía.
• Priorizaciones metodológicas para el equipo técnico mixto: contribuciones sociales, cuidados, clústers/encadenamientos, conectividad, infraestructura.
• El Poder Ejecutivo preparará una propuesta para imprimir mayor eficiencia y transparencia en la gestión de programas e inversión social.
• Se remite al equipo técnico para análisis del impacto económico y social de las propuestas sobre: Banca para el Desarrollo, simplificación de trámites, conectividad, combate a la pobreza y empleo decente.
Sobre propuestas fiscales de alto consenso:
• Apoya la aprobación del proyecto de Hacienda Digital.
• Canales de comunicación ágiles y efectivos entre Aduanas y Tributación.
• Implementar los proyectos del sistema de inspección no intrusivo (Sini) y marchamo electrónico.
• Extender la cobertura de Sicop en un 100% en el sector público.
• A la Asamblea Legislativa, aprobar el proyecto de ley 21.546 «Ley de contratación administrativa».
• Aplicar de manera irrestricta la normativa y priorizar el combate a la evasión y elusión fiscal.
• Agilizar el trámite aduanero, combatir la evasión fiscal y las irregularidades en aduanas.
• Crear un expediente digital y sistema de notificaciones electrónicas para mejorar la eficiencia de los procedimientos fiscales y de control.
• A la Asamblea Legislativa, priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%.
Sobre Gestión de la deuda Pública:
• A la Asamblea Legislativa, eliminar permanentemente los subsidios de los combustibles a los diputados.
• Sobre Hacienda Digital, incluir la depuración de la base de datos del Registro Único de Contribuyentes en la redacción de las propuestas. Optimizar sistemas y procedimientos, maximizar el recurso humano en las unidades competentes para cobro administrativo y judicial para reducir la brecha de morosidad.
• Se solicita al Poder Ejecutivo un estado de la cuestión en la aplicación de las normas contables (Nicsp y Niif).
• Transparentar integralmente la gestión de la deuda.
• Diversificar los instrumentos de financiamiento (posibilidad de emitir bonos verdes).
• Políticas que eviten pagos de comisiones de desembolsos por pagos no girados.
• Intensificar la gestión de pasivos aprovechando instrumentos como los canjes, diversificación de los productos financieros u otros.
• Modificar la legislación vigente que permita analizar la habilitación de mecanismos de convocatoria desde Costa Rica para inversores extraterritoriales.
• Con una valoración técnica previa, sumarse a las gestiones internacionales a fin de que mejor las condiciones de la deuda externa por los próximos años.
• Instar a la Asamblea Legislativa para aprobar el expediente 21.794 (PAGAR).
• Hacer y publicar los estudios de la viabilidad sobre los mecanismos indicados.
Sobre evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria.
• Establecer parámetros e indicadores de medición para metas de recaudación y procesos de capacitación que busquen reducir el fraude fiscal.
• Actualizar periódicamente los estimados de brechas en evasión y elusión según impuestos.
• Al Ejecutivo, promover una reforma de ley que imponga a los condenados por fraude a la Hacienda Pública la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales, cargas sociales e inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa.
• Al Poder Ejecutivo, presentar un proyecto de ley que prohíba la actividad económica de personas funcionarias públicas en paraísos fiscales e incluya las inversiones en el extranjero en la Declaración Jurada de Bienes personas funcionarias públicas ante la Contraloría General de la República.
• Se conforma un grupo de trabajo mixto que defina una estrategia de formalización de emprendimientos y microempresas.
• Mejorar procesos de selección y contratación de funcionarios de Administración Tributaria.
Sobre activos del Estado:
• Al Poder Ejecutivo, realizar y presentar un estudio sobre los lotes ociosos del Estado que: determine la existencia, dimensiones y condición de uso de los lotes, incluya el listado del resultado de ese levantamiento de información, establezca con claridad los procedimientos normativos a seguir en cada caso.
• Se contrastará aprovechamiento actual y futuro, para determinar la viabilidad de usos alternativos o venta de lotes. El estudio deberá hacerse público y cualquier ingreso que se genere deberá destinarse al pago de la deuda.
Sobre ingresos y exoneraciones, eficiencia y eficacia del gasto público:
• Cerrar la brecha entre ingresos y gastos con financiamiento al menor costo posible.
• Al Poder Ejecutivo, elaborar un proyecto que elimine la exoneración a premios de lotería superiores a medio salario base e impulsar proyecto contra la lotería ilegal.
• Al Ministerio de Hacienda, realizar los estudios de costo – beneficio sobre las exoneraciones vigentes y otros instrumentos de gasto tributario. La metodología, los resultados y recomendaciones finales serán presentadas a espacios multisectoriales.
• Al Poder Ejecutivo, realizar un análisis de progresividad y del impacto económico-social en la aplicación de tasas diferenciadas del IVA a la canasta básica y los distintos mecanismos de devolución. Se solicita se presenten los resultados finales y la metodología aplicada (la Plenaria no aprobó un aumento del IVA).
• Al Poder Ejecutivo, emitir una directriz que revise la conformación de un Consejo Consultivo Económico Social (CESS).
• Emitir una nueva serie de bonos fiscales cero cupón ampliando el plazo hasta de 10 años.
• Venta de la cartera de crédito de Conape al Banco Popular por una única vez.
• Al Ministerio de Hacienda, cerrar la brecha entre ingresos y gastos por medio de vías de financiamiento con mejores condiciones (tasas y plazos), y que no estén sujetas a condicionalidades que lesionen protección social y laboral, ni programas de apoyo productivo.
• Al Ministerio de Hacienda, garantizar la racionalidad, eficacia y eficiencia en el gasto, fortalecer su capacidad para una mejor recaudación fiscal y los mecanismos de combate al fraude fiscal.
• El Poder Ejecutivo se compromete con los ajustes presupuestarios por ¢170 mil millones por debajo de la regla fiscal para el 20200 sin tocar gasto de capital. Esto se suma a la reducción en el 2021 de 7.5% respecto al gasto primario del 2020.
• Al Ministerio de Hacienda, publicar alcances, metodología y recomendaciones de estudio sobre eficiencia tributaria de impuestos existentes.
• A Hacienda y Mideplan, publicar un inventario detallado sobre los alquileres del Estado. Ejecutar un mecanismo para la racionalización del uso de inmuebles y reducción de alquileres.
• Implementar un sistema de Renta Global, no antes de 2023 que contenga: renta dual (no globaliza las rentas pasivas), renta basada en la persona, homologando el tratamiento de las rentas del salario y las personas físicas con actividad lucrativa, deducibilidad de gastos por parte de las personas físicas (créditos, gastos médicos, etc), Tasa de las empresas con un techo del 27.5%, no incluye la inclusión de renta mundial o algún tipo de sistema de territorialidad ampliada, revisión previa del proyecto de ley por parte de los sectores.
• Optimización de la gestión de los recursos destinados a las superintendencias del BCCR.
Sobre reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
• Readecuar la normativa, así como flexibilizar trámites y requisitos para facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas personas productoras/empresarias.
• Fortalecer, impulsar y publicitar el programa de Centros de Desarrollo Empresarial Meic-Ina de apoyo a las Pymes.
• Impulsar en un corto plazo la emisión de una Política Nacional de los Cuidados.
• Análisis permanente de la situación laboral en todo el país, para que, a través de un sistema tecnológico, se puedan unir las necesidades de formaciones, encontrar los sitios de capacitaciones disponibles, y los oferentes necesarios para unir esfuerzos país.
• Favorecer la asociatividad de productores, por ejemplo: bajo modelos cooperativos o consorcios (acceso a crédito, valor agregado, asistencia técnica y mejor acceso a los mercados, incluido el de exportación).
• Agilizar la conclusión de trabajos en la ruta 32.
• Solicitar la revisión y mejoramiento a la normativa Sugef.
• Mejoramiento del acceso al internet y el ancho de banda. Propuesta conjunta para disminuir la brecha digital, principalmente en zonas fronterizas y costeras.
• Cerrar las brechas de cobertura de los procesos y en alfabetización digital de mujeres en vulnerabilidad en los distintos programas formativos y educativos.
• Invertir en la incorporación de la informática y del uso del internet en el sistema de educación primaria y secundaria.
Como propuestas finales, la mesa acordó solicitar a la Asamblea Legislativa agilizar el trámite a los acuerdos adoptados, así como hacer una presentación oficial de los acuerdos alcanzados.
