La deuda acumulada del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) creció un 35,5% durante la Administración Chaves Robles, específicamente de mayo del 2022 a noviembre del 2023, siendo esta tasa «inédita».
Así lo mencionaron a UNIVERSIDAD la ex jerarca de la CCSS y ex ministra de Salud, María del Rocío Sáenz, y la consultora independiente y experta en protección Social, Ana Sojo.
De acuerdo con Sáenz, y Sojo, en esos 18 meses, la deuda acumulada creció 947.000 millones de colones: c813.000 millones para el Seguro de Salud y c134.000 millones para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
Agregaron también que durante este período, el Gobierno no sólo se ha negado a negociar el pago de esta deuda, o a girar la totalidad de recursos financieros provenientes de algunos préstamos concedidos por organismos internacionales que estipulan que un 10% del total de los dineros debían usarse para amortizar las sumas pendientes de pago a la CCSS: lo que es aún más preocupante, se ha ido más allá, al haber eliminado literalmente del Presupuesto de la República los recursos destinados a financiar el aseguramiento de las personas y familias en condición de pobreza o riesgo social.
Reducir el financiamiento a los seguros sociales, así como el debilitar el núcleo central de la gobernabilidad de la CCSS, generar dudas infundadas sobre la sostenibilidad del seguro de salud, suspender, frenar el portafolio de inversiones, proponer soluciones basadas en el mercado de salud privado (copago), y despertar expectativas de negocio rupturistas en algunos agentes del mercado privado, son para ambas expertas, propuestas y medidas que enmascaran un ataque frontal contra el pacto social.
“Cuando uno empieza a hilvanar el proceso de toma de decisiones que se ha estado haciendo, encuentra que esas decisiones no son aisladas y están dirigidas a generar un golpe a la institución. (…) Podría ser que al principio se vieran como acciones desordenadas que no tenían una lógica, que era por desconocimiento, pero ya en el medio tiempo, es claro que hay una tendencia en ese proceso de toma de decisiones, que tiene una lógica en el fondo que es golpear a la seguridad social, y dentro de esta a la CCSS“, señaló Sáenz.
En esa misma línea, Sojo agregó que “desfinanciando (la CCSS), atrasando inversiones, e inventando unos sistemas súper discriminatorios (copago) lo que hacemos es quebrantar la solidaridad y no avanzar en la universalidad. Eso es muy grave porque la estabilidad social de nuestro país está en juego”.
Específicamente, sobre el debilitar el núcleo central de la gobernabilidad de la CCSS, Sáenz y Sojo destacaron la separación de los representantes de los sectores sociales de la Junta Directiva y la colocación de nuevos miembros. Todo esto, sin acatar los procedimientos establecidos para su nombramiento.
Asimismo, señalaron que la Presidencia Ejecutiva en cruciales oportunidades no ha velado por la autonomía de sus acciones y gestión respecto del Poder Ejecutivo, tal como lo dispone la Ley Constitutiva de la institución, mientras que el Poder Ejecutivo no ha respetado la independencia y autonomía constitucional otorgada a la seguridad social costarricense.
Recientemente, el 7 de noviembre, autoridades de la CCSS presentaron públicamente la Ruta de la Salud, la cual contenía propuestas como el copago. Esta ruta ni siquiera había sido aprobada por la Junta Directiva de la institución.
En cuanto a las dudas infundadas sobre si la CCSS está “quebrada” o no, las expertas añadieron que en setiembre del 2022, luego de que la Junta Directiva aprobara el ajuste salarial a los trabajadores por costo de vida, el mandatario Rodrigo Chaves impugnó la decisión alegando que estaba quebrada sin ningún sustento. Todo esto generó al inicio un ambiente de dudas y cuestionamientos respecto de la situación real de las finanzas del seguro de salud.
A raíz de esto han surgido informes y criterios en el seno de la propia CCSS, así como de instancias calificadas, tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023) y la Contraloría General de la República (CGR,2023), que apuntan hacia unas finanzas robustas y sostenibles en el corto y mediano plazo, y señalan la conveniencia de introducir medidas para incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento de este seguro, y para mejorar la calidad y eficiencia del gasto en salud.
Sobre la suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS que abarca las reparaciones, remodelaciones y construcciones nuevas de las sedes de los EBAIS, de clínicas de salud y de hospitales como los de Golfito, Limón y Cartago, Sáenz y Sojo acotaron que esta es una acción deliberada por las autoridades para limitar la oferta en cantidad y calidad, y que incrementa el agobio de los actuales prestadores de servicios.
Esto trae efectos negativos en infraestructura y en la dotación de recursos humanos para las comunidades. A esto se suma un incremento en los cuellos de botella que se expresan en listas de espera a lo largo de todo el proceso de atención.
“La CCSS tiene recursos muy importantes para un portafolio de inversión. Entonces es artificial rezagar. retrasar, etc, como si no se contara con con esos recursos y ello es indispensable porque justamente no atender es lo que genera listas de espera a lo largo de los diversos niveles de atención. No es posible que la institución justamente contando con esos recursos no pueda ejecutarlos”, añadió Sojo.
“Usted puede tener las dudas sobre el procedimiento, sobre algunos aspectos, pero por ejemplo, en una infraestructura como la del hospital de Cartago que tiene más de 20 años de estar en procesos para llegar a su punto final de adjudicación, llama la atención que los argumentos que se esgrimen se utilizan para no tomar la decisión, para retrasar la toma de decisiones. A mí me parece que ahí hay un tema de una intencionalidad de no invertir en la infraestructura”, acotó Sáenz.
La otra estrategia que enmascara un ataque frontal contra el pacto social, según las especialistas, es el copago, el cual es erogado en la atención privada, con los mismos criterios de rentabilidad allí vigentes, con el objetivo de atender las listas de espera.
Para Sáenz y Sojo, este mecanismo es un caballo de Troya, pues las autoridades envían un presunto mensaje de preocupación para resolver esta problemática; sin embargo, la solución redunda en priorizar a personas que ya cuentan con los recursos para el copago o que se endeudan con ese propósito, y que aumentan sus gastos de bolsillo en salud en detrimento de otras erogaciones; quien no cuente con el dinero para esta erogación queda excluido.
“El sector privado, como es lo lógico, está regido por niveles de ganancia que se juegan en el mercado de fijación de precios. Si hay una compra de servicios estatal al sector privado por parte de la seguridad social, esto tiene que ser bajo determinadas condiciones, y no abrirse -como parece ser en esto del copago- simplemente a comprar servicios en el sector privado a precios determinados por el sector privado, pues esto erosionaría enormemente los recursos con que cuenta la seguridad social para destinarle a los ciudadanos”, mencionó Sojo.
“(…) Le cae la posibilidad de acortar la lista de espera al que tiene recursos o al pobre que se tiene que endeudar para esto. No tiene lógica desde la priorización de salud, desde la priorización socioeconómica y erosiona los recursos de la institución», agregó.
Finalmente, las expertas agregaron que con este tipo de medidas (como el copago) se generan expectativas en el mercado de la salud en cuanto a la posibilidad de vender servicios a los asegurados de la CCSS de forma rutinaria y ya no en situaciones de emergencias o críticas para procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las listas de espera y para algunas patologías. Hasta ahora el sector privado ha vendido servicios a la Caja, pero en el marco del cumplimiento de los procedimientos para ̈declaratoria de inviabilidad ̈.
“Si, por el contrario, esa venta de servicios rompe con el principio de solidaridad de la seguridad social en salud y drena sensiblemente recursos destinados al aseguramiento en salud al financiar rutinariamente prestaciones valoradas a precios de mercado en el sector privado, estará en juego un incremento de las desigualdades en salud, cuyas serias consecuencias sociales y políticas afectarán la cohesión social y el bienestar de la población”, finalizaron.
