El proyecto de ley mediante el que se busca reducir la planilla de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) —a través de un paquete de traslados, prejubilaciones, subsidios y despidos— camina a paso fuerte en la Asamblea Legislativa. Entre tanto, las repartición de las culpas copa el ambiente político y la incertidumbre se nutre por la salida de funcionarios.
En el plano político, una buena parte de los diputados de oposición ha mostrado sus disconformidades con varios puntos del proyecto, pues —desde su punto de vista— incluye algunas indicaciones en materia de despidos que podrían realizarse sin el aval del Congreso.
Frases como “es una operación embarre” o “quieren hacernos ver como los malos de la película” fueron repetidas por diputados limonenses como David Gourzong y Eduardo Cruickshank, del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Restauración Nacional (PRN). Ellos señalaron que la culpa de los despidos debería verse en la falta de planificación de los últimos gobiernos y no en la ley que sería aprobada.
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“El Gobierno ha hecho una operación embarre a la Asamblea Legislativa, responsabilizar a los diputados de una situación muy complicada que es su responsabilidad”
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El proyecto, sin embargo, camina. El Ejecutivo, principal propulsor de la iniciativa, asegura que el texto es imprescindible como un sustento jurídico para dar sostenibilidad a la institución caribeña, que requiere la salida de al menos unos 800 de sus 1.200 funcionarios, según estimaciones internas de la Junta.
Las críticas de los diputados van desde las más amplias hasta las más focalizadas.
Por ejemplo, la jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, llegó a mencionar que el proyecto, casi en su totalidad, le parece innecesario. “Son tres medidas de movilidad laboral que ni siquiera tiene sentido aprobar en la Asamblea Legislativa”, mencionó.
Así lo repitió este lunes en el Plenario legislativo, cuando se empezó a discutir la versión final de la iniciativa, como parte de un discurso que ha sido repetitivo en la mayoría de su fracción.
No obstante, también han estado las críticas más centradas en algunos puntos de la iniciativa, como la oposición del restauracionista Cruickshank contra un transitorio que obligaría a Japdeva a “iniciar la ejecución del cese del personal necesario para llegar al punto de equilibrio financiero”, si los traslados horizontales, los subsidios de prejubilación y los incentivos para la salida de los funcionarios no resultan suficientes.
Cruickshank, abogado de profesión, centró sus críticas en ese transitorio porque “permitiría despedir gente y culpar a los diputados”, pues la potestad de realizar ese tipo de reestructuraciones no requiere de nuevas leyes.
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“Con lo que no me siento cómodo es con la obligación para disminuir el personal hasta llegar al equilibrio financiero, nos quieren hacer ver como los malos de la película”
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Contra ese transitorio también se manifestó José María Villalta, del Frente Amplio (FA), quien además afirmó que el texto podría ser inconstitucional si obliga a una institución autónoma a ejecutar despidos “sin un debido proceso”.
La visión de los legisladores fue compartida en su momento por figuras como el propio procurador general Julio Jurado, quien aseguró que la competencia de las instituciones para reorganizarse “no tiene que estar supeditada a una ley”.
No obstante, Jurado sí señaló que algunos de los temas incluidos en el proyecto sí podían requerir de un soporte legislativo, especialmente aquellos aspectos que vinculan a otras instituciones y fondos públicos.
Japdeva: “Esto fue consensuado”
Sobre las declaraciones de los diputados disconformes con indicaciones del proyecto, la presidente ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, puntualizó que el texto no fue más que un “consenso” de fuerzas políticas, la institución y el propio Ejecutivo.
“Eso fue consensuado entre los diputados y los asesores cuando se discutió en la Comisión de Gobierno y Administración; al menos todos los que estaban presentes (…) Esto viene de la conciliación de todos los asesores trabajando juntos, no fue una imposición nuestra”, describió.
Para Centeno, más allá de las diferencias de criterios, existió un acuerdo sobre la urgencia de aprobar el proyecto y dar seguridad al proceso de reestructuración, pues el dinero que está generando la institución no permite continuar con la misma planilla.
Semanas atrás, los diputados aprobaron un presupuesto extraordinario por ¢5.700 millones para que Japdeva pudiera sostener su planilla por al menos tres meses; sin embargo, la presidenta ejecutiva reiteró que su entidad “no tiene capacidad de seguir sosteniéndose” por más de ese tiempo.
“En la medida de lo posible, es la mejor solución buscada en consenso político de lo que yo fui testigo. Esto es así porque el tiempo juega en contra y ojalá hubiese más tiempo para tomar medidas distintas, estar en una situación distinta, con tiempos distintos de ejecución y demás, pero esa no es la situación. El tiempo apremia y no se tomaron decisiones antes”, concluyó.
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“El proyecto fue consensuado. En la medida de lo posible fue la mejor solución buscada en los consensos políticos que se realizaron”
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La reestructuración de Japdeva fue defendida desde un inicio por el Ejecutivo, cuyo ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, subrayó a inicios de agosto que cualquier atraso significaría “incurrir en más gastos”.
Esos gastos los recordó en el Plenario legislativo el socialcristiano Erwen Masís, quien recordó cómo la institución consume ¢2.500 millones mensuales, pero solo registra ingresos por ¢800 millones.
“De sus gastos, además, un 80% se van en salarios, lo que nos dejaba tres opciones: o se cerraba toda la institución, o seguíamos pagando los salarios o reestructurábamos con este sacrificio”, comentó.
Ese sacrificio, según datos dados por las autoridades del Ejecutivo a la comisión que estudió el proyecto de ley, podría requerir un recorte de hasta el 80% de la planilla.
Según el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) por Limón, David Gourzong, esto deja todo en un panorama de enorme incertidumbre, pues los planes institucionales de Japdeva no avanzan con rapidez y las salidas de los trabajadores está en marcha. “Hay planes para tercerizar servicios de estas personas, y otros detalles, pero necesitamos soluciones a corto plazo”, concluyó.
¿Qué dice el proyecto actualmente?
El texto, pronto a ser votado, propone un modelo de “subsidios de prejubilación” para funcionarios de 55 años o más; siempre y cuando estos hayan cotizado un mínimo de 25 años y no se reintegren laboralmente.
Ese subsidio correspondería a un 63% del promedio salarial de las 12 mejores remuneraciones mensuales del funcionario en sus últimos cinco años. Ese monto no podría superar el tope del seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja y solo se ajustaría por el costo de la vida, al igual que los salarios públicos.
Este modelo de prejubilación quedaría con cargo al presupuesto de la República, estaría vigente hasta que la persona pueda jubilarse con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y solo se suspendería si el extrabajador se reinserta laboralmente (con excepción de prácticas de enseñanza).
El texto también propone traslados horizontales de funcionarios con otras instituciones, si son requeridos por ellas; así como un modelo de movilidad laboral con incentivos para los empleados que decidan abandonar la institución por su cuenta.
Si ganan más de ¢1 millón, podrían solicitar una bonificación de cuatro mensualidades de sus salarios extra. Si ganan menos de esa suma, podrían cobrar hasta ocho mensualidades.
Además, el texto faculta al Estado a disminuir su personal hasta alcanzar un punto de equilibrio económico; es decir, a realizar los despidos que estime pertinentes.
La iniciativa también propone algunas ligeras reestructuraciones funcionales de la Junta; sin embargo, su grueso y la premura por aprobarla son para frenar el impacto presupuestario de sus remuneraciones.
A pesar de las críticas, el texto cuenta con un apoyo mayoritario de los congresistas.
