País En 2020 el glifosato alcanzó ventas globales por $7,8 billones

Desinterés del Gobierno tiene congelado decreto que restringiría uso del glifosato

A pesar de que hace tres años se propuso la prohibición del glifosato, una versión de decreto que solamente restringe su uso está varado en Casa Presidencial, a la espera de que prospere un proyecto de ley.

Aunque en 2018 una comisión interinstitucional emitió un informe que recomendó prohibir el uso del herbicida glifosato por su peligrosidad para el ser humano y el ambiente, y redactó un borrador de decreto en ese sentido, la administración actual conformó una nueva comisión de alto nivel, que en junio de 2019 emitió un nuevo decreto que únicamente restringe su uso.

El nuevo decreto que solo exige tener una receta de un agrónomo para utilizarlo en el campo está varado en Casa Presidencial, debido a que los jerarcas de los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Ambiente (Minae) y Salud, le están dando prioridad a regulaciones para permitir el registro de agroquímicos y de nuevas moléculas.

Según confirmó Renato Alvarado, jerarca del MAG, antes de publicar el decreto que restringe el uso del glifosato, la administración busca que se apruebe un proyecto de ley sobre registro de agroquímicos presentado ante la Asamblea Legislativa, y un decreto que agiliza el registro del ingrediente activo de estos productos. Este último fue firmado en enero de este año y ya entró a regir.

Plaguicida de alta peligrosidad

En mayo de 2017 Jaime García González, profesor catedrático jubilado de la Universidad Estatal a Distancia (Uned) y de la Universidad de Costa Rica (UCR), y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), envió una carta al Ministerio de Salud, alertando que el glifosato, herbicida ampliamente usado en el país, había sido clasificado como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC).

El especialista también escribió al MAG, al Ministerio de Ambiente (Minae), al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría de los Habitantes, explicando que representaba un alto riesgo para las personas expuestas laboralmente y para los consumidores.

En junio de 2017 se informó que el entonces director de Vigilancia de la Salud y actual ministro Daniel Salas, recibió la orden de conformar junto a Eugenio Androvetto, director de Protección al Ambiente, un grupo de trabajo interinstitucional, “con el fin de estudiar la posible prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, venta y uso de plaguicidas que contengan el activo glifosato”.

Se conformó entonces la Comisión Interinstitucional para el Estudio de los efectos sobre la salud y el ambiente de las formulaciones con glifosato con representantes del MAG, Minae, Colegio de Médicos, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Defensoría de los Habitantes y Ministerio de Trabajo. Luego vino el cambio de Gobierno.

En diciembre de 2018 esa Comisión emitió un informe que señalaba que el glifosato puede considerarse un plaguicida de alta peligrosidad, y que su uso requiere de “medidas de seguridad que no pueden ser garantizadas a cabalidad en el país, tomando en cuenta el perfil de los aplicadores y las condiciones ambientales”. En ese informe ya no participó el MAG.

Ese documento concluyó que a fin de cumplir con el deber de la salud pública, el principio precautorio ambiental y las mejores prácticas agrícolas, es necesario “prohibir el uso del glifosato, sus sales y las formulaciones que las contengan, en particular considerando que existen alternativas químicas y no químicas a dichas sustancias”.

Esa comisión también elaboró un borrador de decreto para prohibir el glifosato. Se envió al Ministerio de Salud con ese fin, pero más bien la administración Alvarado decidió conformar una nueva comisión de alto nivel, que en junio de 2019 emitió un nuevo decreto que únicamente restringe el uso del glifosato.

Se trata del decreto 42657-MAG-S-MINAE-MTSS Declaratoria de uso restringido de importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, mezcla, venta y uso del plaguicida químico de nombre común glifosato, tanto el ingrediente activo grado técnico, como las formulaciones registradas.

Fue firmado por todos los ministros y enviado a Leyes y Decretos de Casa Presidencial el 8 de octubre 2020, para la firma del presidente Carlos Alvarado, se indicó.

En diciembre de 2020 se informó que el decreto estaba listo para ser firmado. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

El “punto medio”

Se le consultó al Ministro de Agricultura si se ignoró el criterio técnico de la Comisión Interinstitucional al elaborar un decreto que solo regula su uso, ante lo cual el jerarca replicó que “no, para nada” y añadió que “no hemos ignorado nunca los criterios técnicos de la peligrosidad de los productos químicos”.

Cuando se le insistió en que la recomendación había sido de prohibición total, Alvarado observó que “es una discusión que se ha venido dando muy fuertemente” entre quienes abogan por dejar de usar ese agroquímico del todo y quienes sostienen que se debe regular.

Entonces, “hemos buscado el punto medio para utilizar el glifosato en el campo agrícola por las condiciones que tiene el glifosato y por el uso que se le da en este momento en el país. Dado que no tenemos sustancias sustitutas del glifosato y de las aplicaciones que tiene es que se tomó la decisión de traer una regulación más estricta”.

Según el jerarca, se hizo un decreto que regula estrictamente el uso del glifosato y se evita su uso doméstico, y señala que para poder utilizarlo se necesita una receta de un agrónomo.

“El uso del glifosato sí estaba muy por la libre, por ejemplo, con el uso doméstico, porque mucha gente lo usa para un jardín en su casa o para áreas públicas en San José”, dijo Alvarado.

UNIVERSIDAD también solicitó una entrevista con Ricardo Morales, jefe de la unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y quien representó al ministerio en la Comisión citada. No obstante, su agenda no permitió un espacio para la entrevista. Se consultó si se ignoró el criterio técnico de la comisión que recomendó prohibir el glifosato; pero no hubo respuesta.

La Oficina de Comunicación de ese Ministerio solo informó que si bien es cierto el año pasado se generó la propuesta del decreto, éste aún no se ha publicado porque desde fines de 2020 MAG, Minae y el Ministerio de Salud trabajan “en la normativa sobre agroquímicos, priorizando la renovación de registros existentes, así como la inscripción de nuevas moléculas”.

Ello fue confirmado por el ministro Renato Alvarado, pues su Ministerio junto con Minae y Salud han buscado elaborar una reglamentación técnica para la inscripción de agroquímicos “de forma más íntegra y articulada”, para que todos los procesos que tengan que pasar los productos sean “de mutuo acuerdo entre las partes” y que puedan tener “tranquilidad” entre todos los ministerios para que los productos se inscriban de manera correcta.

Se refiere a un proyecto de Ley para el Registro de Agroquímicos, presentado el 15 de marzo a la corriente legislativa, y a un decreto que aligera la inscripción de Ingredientes Activos Grado Técnico (IAGT) de agroquímicos que estén registrados en países de la OCDE (Decreto Ejecutivo N° 42769-MAG-S-MINAE).

La presión agroindustrial

El presidente de la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA), Francisco Muñoz, consideró que es “lo más extraño” que la propuesta de decreto que restringiría el uso de glifosato haya sido elaborada por una comisión en la que no participó el MAG. “No podría estar de acuerdo con algo que no fue consultado o participado el sector afectado”, aseveró.

Respecto al informe que señaló que el agroquímico es probablemente cancerígeno, manifestó que “en toda actividad que cualquier ser humano realice, existe el riesgo” y que “depende de cada uno qué medidas toma para minimizar todos los riesgos a los que se expone, y vale aclarar que el riesgo ‘cero’ no existe”.

Añadió que decir que un producto es probablemente cancerígeno, implica que “es algo que nadie ha podido comprobar y asociar directamente con el producto y mucho menos si el usuario cumple con las medidas de protección establecidas para su uso”.

Muñoz consideró que “no sería justo, ni para nuestros productores y, por qué no, para nuestros consumidores que cierto producto, por no poder usar cierto agroquímico, no pueda ser competitivo y, por lo tanto, es importado de otro país donde sí pueden y usan dicho agroquímico, perdiendo en nuestro país la fuente de empleo que eso hubiera generado”.

Se le preguntó si son coincidentes las posiciones sobre el uso del glifosato de la Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNAA) y del ministro Alvarado, y si se ha dado comunicación entre esa Cámara y el despacho de Alvarado, respecto al avance o estancamiento de la propuesta de decreto; a lo que replicó: “esa consulta se la debe de hacer al señor ministro”.

Vínculo con la Cámara de Agricultura

Renato Alvarado fue vicepresidente de la CNAA entre 2010 y 2016, lo cual quiere decir que durante dos años fungió bajo las órdenes de Juan Rafael Lizano, quien fue ministro de Agricultura durante la administración Figueres Olsen y asumió la presidencia de esta Cámara en 2014 hasta marzo de este año.

Esa relación es notoria por cuanto la posición del ministro Alvarado respecto al uso de agroquímicos no se ha distanciado de la que siempre ha expresado Lizano y que, además, es consecuente con la de la Cámara de Insumos Agropecuarios, presidida por su hijo Federico Lizano.

Por ejemplo, ya desde los primeros meses de la administración actual, el ministro Alvarado manifestó ante la Asamblea Legislativa que no es necesario emitir un decreto que prohíba los insecticidas conocidos como neonicotinoides, especialmente perjudiciales para las abejas.

Más bien, tras la salida de Carlos Manuel Rodríguez del Ministerio de Ambiente, Renato Alvarado, junto a la nueva jerarca del Minae, Andrea Meza, y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron el mencionado decreto que agiliza el registro de agroquímicos.

Consultado al respecto, el jerarca del MAG aseveró: “Yo no tengo ningún conflicto de interés porque yo soy un productor fundamentalmente pecuario; no agrícola, hasta ahora en estos tiempos estoy incursionando en la siembra de aguacate y de plátano, pero toda la vida he sido productor de leche y ahora productor de cerdos”.

Añadió que en su finca no utiliza agroquímicos e insistió en no tener conflictos de interés porque “a pesar de que he sido miembro y presidente y vicepresidente de la junta directiva de la CNAA, en realidad creo que lo que me toca como ministro de Agricultura es defender los intereses de los agricultores e ir migrando hacia las necesidades del mercado”.

“Y vea la incoherencia, en este país se importa de todos los países socios comerciales productos que usan muchas de las moléculas que en el país no podemos utilizar, pues el mercado no contempla ninguna legislación que nos permita prohibir directamente la importación de estos productos”, dijo el jerarca.

Cada vez más países aplican regulaciones fuertes al glifosato

Francia prohibirá todos los usos del glifosato, incluido el agrícola, antes del 2022; Alemania lo prohibirá a finales del 2023; y en 2017 la Unión Europea decidió renovar la licencia de glifosato en su territorio únicamente por cinco años más.

También se le preguntó al ministro Alvarado cuál es el plan del país para cuando el herbicida se prohíba en Europa, por ejemplo.

“Bueno, en ese momento se verá cuáles son los alcances de la prohibición y cuáles son los productos de exportación que tendrían que dejar de utilizarlos; eso tiene que ver más con las certificaciones que pide Europa con respecto al uso de moléculas nuevas o viejas y que van retirando del mercado”, dijo.

“Eso último provoca que los agricultores tengan que migrar a otros productos o dejar de exportar, porque si el mercado se cierra y no tenemos una molécula alternativa que nos permita hacer lo que se está haciendo con el producto, eso es una barrera no arancelaria”, añadió Alvarado, quien aclaró que tienen esa preocupación no solo con el glifosato, sino con muchas otras moléculas que tienen plazos de caducidad. “Por eso la necesidad de inscribir moléculas nuevas», insistió.

El glifosato, capaz de matar todo tipo de plantas, es el herbicida de mayor uso en el mundo. En 2020 alcanzó ventas globales por $7.8 billones. (Foto: Katya Alvarado)

Glifosato produce la mayoría de intoxicaciones agudas por plaguicidas en el país

El glifosato, capaz de matar todo tipo de plantas, es el herbicida de mayor uso en el mundo. En 2020 alcanzó ventas globales por $7.8 billones. En Costa Rica es el segundo plaguicida de mayor importación y uso, en 2017 se importaron 1.377 toneladas de ingrediente activo y 1.409 toneladas en 2018.

Estos datos se incluyen en el más reciente informe El herbicida glifosato y sus alternativas, elaborado por el investigador y docente del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), Fernando Ramírez Muñoz.

Está autorizado en 32 cultivos agrícolas, y se aplica en presiembra, en cultivos transgénicos resistentes y también como madurador en caña de azúcar.

Se comercializa en muchas formulaciones y marcas: Roundup, Atila, Balazo, Batalla, Biokil, Estelar, Evigras, Lince, Rambo, Rimaxato, Rival, Rodeo, Rondopaz y Skoba.

Fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como grupo IV de toxicidad aguda (que no es peligroso en condiciones normales de uso) y “esta falsa sensación de inocuidad ha promovido tanto su fácil acceso como su manipulación desprotegida”, señala el informe.

Pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) lo clasifica en categoría III (precaución) y a algunas formulaciones en categoría I (peligro), ya que produce irritación de ojos y piel. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), órgano de la OMS, lo clasifica como “probablemente cancerígeno” y como un Plaguicida Altamente Peligroso (HHP).

En Costa Rica, el glifosato es el herbicida que produce la mayoría de intoxicaciones agudas por plaguicidas, principalmente en el área agrícola y de forma ocupacional. En el 2019 se reportaron 93 intoxicaciones agudas por plaguicidas: 7,3% por glifosato, 5,8% por paraquat, 3,4% por 2,4-D, 1,3% por picloram, y 0,9% por metsulfuron, apunta el informe, publicado en febrero de este año.

En el documento, Ramírez menciona alternativas comprobadas para este herbicida en la mayoría de cultivos y situaciones de uso. Por ejemplo, en el manejo preventivo de malezas: semilla de buena calidad, abonos orgánicos libres de malezas, ingreso de ganado, aumento en la densidad de siembra, rotación de cultivos y cultivos mixtos. Y en las coberturas: residuos de cosechas, cubiertas plásticas, arvenses que enriquecen el agroecosistema, control biológico o herbicidas naturales.


 

 

Ir al contenido