Personas indígenas de todos los territorios del país están viviendo el impacto de la pandemia por el COVID-19 a nivel económico en sus actividades productivas y en falta de acceso a servicios como Internet y salud en algunos lugares, explicaron Mónica González, indígena boruca e integrante de la Mesa Nacional Indígena y Levi Sucre Romero, de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Talamanca Cabécar (Aditica).
González y Sucre fueron entrevistados por el investigador Francisco Robles, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en un episodio del podcast “El Zapato Aprieta”.
Pandemia, desigualdad y pueblos indígenas en Costa Rica – II Temporada de El Zapato Aprieta
Tanto González como Sucre relataron cómo entienden la desigualdad, cuáles eran las principales necesidades antes de la pandemia y cómo les ha impactado la crisis generada por el COVID-19, así como el futuro que ven para sus comunidades.
González destacó que uno de los principales impactos de la pandemia ha sido a nivel económico, ya que las medidas de restricción de acceso a los territorios indígenas también les limitó en poder salir a adquirir herramientas o insumos que necesitaban para sus actividades productivas como agricultura familiar y cuido de animales (gallinas, cerdos).
Sucre por su parte, señaló que los problemas que ya tenían se agudizaron, como la falta de oportunidades económicas y que los productores indígenas estén a merced de los intermediarios para comercializar lo que cultivan. También dijo que el turismo se ha visto gravemente afectado, algo en lo que se ha enfocado la economía indígena en los últimos años, sobre todo en Talamanca.
Precisamente este fin de semana el Consejo Nacional de Producción (CNP) informó que desde marzo de este año productores de plátano de Talamanca venden sus cosechas a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), como resultado de una rueda de negocios organizada por el CNP en febrero pasado, entre productores indígenas representados por la Aditica y suplidores del PAI.
Aditica representa a la Asociación Sekma Agrícola, la Cooperativa de Servicios Múltiples Cabécar de Talamanca R.L., la Organización familiar Ye Yamipa (Mi Familia), la Asociación de mujeres indígenas Katsatkö (en Defensa de la tierra) y la Asociación de mujeres Kábata Könana (Defensoras de la Montaña).
En cuanto a la falta de acceso a servicios, Sucre denunció la falta de acceso a Internet. “Es que un sector dominante ajusta la política del Estado a las leyes y su conveniencia sin tomar en cuenta a los que tienen menos voces y por ejemplo, a muchos estudiantes les aplicaron educación virtual cuando ni hay acceso a Internet y ahora hay un rezago total en los estudiantes”, indicó Sucre.
Solo un 13% de los habitantes de territorios indígenas se gradúa del colegio, versus el 37% de la población nacional, según datos del Censo 2011 -los últimos datos disponibles en el país -.
González y Sucre enfatizaron la falta de acceso a servicios de salud con una política específica para los pueblos indígenas y Sucre mencionó la muerte reciente de un menor tayni, en Valle de La Estrella, Limón. “Hay una denuncia porque murió un chiquito tayni, porque un indígena que no habla español llamó al 911 y no calificaron la llamada como emergencia, el niño murió, por no tener el mismo acceso a comunicación que el resto del país, eso es desigualdad”, dijo Sucre.
Pueblo maleku aún sin derechos de acceso a Caño Negro
En el episodio de “El Zapato Aprieta”, Mónica González también comentó que si bien el Estado caracteriza a la mayoría de población indígena en situación de pobreza o pobreza extrema, eso es “en los ojos de los blancos”, o “los sikuas”; ya que para la población indígena, en sus territorios tienen riqueza en biodiversidad, bosque, clima, vivencia cultural y prácticas tradicionales.
Reconoció que en comparación con otros grupos sí viven desigualdades sociales, económicas y políticas y destacó la deuda histórica en el respeto a sus derechos sobre la tierra y el territorio. González explicó que en el pasado los territorios indígenas abarcaban mayores extensiones de tierra y al ser delimitados, se generaron problemáticas porque hay prácticas tradicionales que quedaron fuera de esos límites geográficos y políticos.
González se refirió a los problemas que enfrentan para desarrollar sus prácticas tradicionales y culturales como en el caso de algunos borucas que aún se dedican a teñir piezas de algodón con el caracol marino Múrice (caracol púrpura), que recolectan en las costas del Pacífico Sur, específicamente en el ahora Parque Nacional Marino Ballena. Antes las familias hacían la travesía y acampaban durante varios días en la playa para dedicarse a esta tarea; pero ahora cobran la entrada al parque y se les hace difícil viajar en grupos grandes.
También citó el caso de los malekus y sus actividades de pesca en el ahora Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro.
Justamente hoy el Gobierno y los habitantes del territorio maleku crearon una mesa de diálogo intercultural para la gestión del Refugio Caño Negro y el Parque Nacional Volcán Tenorio “para definir acciones concretas para implementar los derechos del pueblo indígena maleku en la gestión de ambas áreas protegidas –de gran trascendencia espiritual y cultural para el pueblo maleku”, que son administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Según el comunicado de Presidencia, “Caño Negro es un sitio de alta relevancia para la comunidad”. “Una vez al año, el pueblo Maleku acostumbraba realizar una travesía por el río Frío para cazar y pescar especies para alimentarse. Con la creación del refugio en 1984 se prohibió el acceso al sitio y no fue hasta inicios del 2011 que comenzaron las resoluciones administrativas destinadas para que el pueblo maleku haga uso de los recursos naturales del sitio”. Sin embargo, esto aún no se ha concretado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), desde su oficina en Costa Rica también resaltó que la pandemia por COVID-19 “ha evidenciado y potenciado enormes desigualdades sociales, que afectan a los pueblos indígenas de forma desproporcionada”.
Según la ONU, en su trabajo realizado el último año en los territorios indígenas han visto la preocupación por “la garantía de sus derechos a la tierra, la seguridad y la protección de las y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, la gobernanza, la consulta indígena, la salud intercultural en tiempos de COVID-19, las oportunidades de desarrollo desde la visión de las comunidades, la reactivación económica y la sostenibilidad ambiental”.
La ONU informó que han colaborado con el Gobierno en apoyo a la política de Reactivación Económica para Pueblos Indígenas; traducción a idiomas indígenas y producción de mensajes sobre COVID-19; contratación de personal de salud comunitaria indígena para apoyar a las instituciones de salud; y contratación de intérpretes y dotaciones de insumos contra el COVID, para apoyo en Talamanca.
Violencia contra personas recuperadoras
Recientemente la Coordinadora de Lucha Sur Sur presentó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020”, que recopila y analiza los hechos vividos por las personas involucradas en procesos de recuperación de tierra-territorios en el país.
Esta nueva etapa de recuperaciones inició luego de que el 9 de agosto de 2010 varios líderes de pueblos originarios fueron violentamente desalojados de la Asamblea Legislativa por exigir la votación del proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena.
Hoy, once años después, el líder indígena bröran del territorio térraba, Pablo Sibar escribió desde la finca recuperada Crun Shurin: “Cumplimos once años del desalojo violento que sufrimos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde acordamos por lo que ahí sucedió, que lo mejor era venir a recuperar nuestras tierras por la vía de hecho y derecho. Hoy estoy en nuestra recuperación, disfrutando el paisaje, después de estar sembrando ayotes y revisando los cultivos junto con mi hijo, tomándonos ahora un rico chocao (bebida indígena)”.
“Los pueblos indígenas seguimos en nuestras luchas, que son de derecho y no claudicaremos; y debemos tener la fuerza espiritual para que la memoria de la arrastrada de hace once años y todas las injusticias que han seguido sucediendo a nuestros pueblos, continúen alentando con fuerza los procesos de recuperación, ya que estos significan la vida, la esperanza de las futuras generaciones y la existencia misma de nuestros pueblos y culturas milenarias y también actuales”, finalizó Sibar.
