La Inspección Judicial desestimó la queja de los legisladores Leslye Bojorges y Fabricio Alvarado sobre la jueza Mauren Solís, por brindar -mediante una entrevista con UNIVERSIDAD- su criterio sobre un proyecto de ley y durante la misma, emitir su opinión sobre comportamientos inapropiados y comunes por parte de hombres, que aseguraban, afectaría su capacidad de juzgar.
El expediente (23.421) promovido por ambos legisladores, permitiría el reconocimiento tácito de la inexistente “alienación parental” y obligaría, entre otras cosas, a mujeres sobrevivientes de violencia a procurar “sana convivencia” entre sus hijos y su agresor, y así lo explicó la jueza a UNIVERSIDAD en un extenso reportaje en que se analizó dicho proyecto.
Solís, magistrada suplente y jueza de Familia de Desamparados, dijo en el reportaje que el proyecto es preocupante, pues pretende que las mujeres — en quienes está generalmente recargado el cuido de los hijos e hijas— tengan que hacerse responsables de que la relación entre padres e hijos sea “sana y respetuosa”, aunque no define qué significa eso.
“Es un concepto jurídico indeterminado y eso es muy peligroso, porque, en una sociedad patriarcal como la nuestra, obligar a las mujeres a procurar una sana convivencia con el padre implica decirles: cállese, sométase, no reclame sus derechos, no denuncie la violencia e incluso, no diga nada aun si el papá es un irresponsable, un borracho o si les presenta una novia tras otra y Ios obliga a decirle mama”, dijo la jueza.
Los legisladores, quienes reaccionaron desprestigiando a este medio, insultando desde sus curules a la autora del texto y amenazando a la jueza con procedimientos ante la Inspección Judicial, interpusieron efectivamente la queja por considerar que las declaraciones de Solís “a todas luces (…) evidencian una visión y posición parcializada y llena de juicios de valor en contra de un genero especifico”.
Específicamente, destacaron del texto el concepto “sociedad patriarcal” y el apartado donde la jueza menciona que las mujeres estarían forzadas a guardar silencio “aún si el papá es un irresponsable, un borracho o si les presenta una novia tras otra”, comportamientos que aseveran “no lo convierte en mejor o peor por ejemplo, padre de familia”.
En su respuesta a la queja, la juzgadora dijo al tribunal que la misma “parte de varios mitos y, además, soslaya la normativa vigente, así como la jurisprudencia vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
“Es decir, muestra un desconocimiento profundo e inexcusable sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de las personas, de las personas juzgadoras y de las mujeres juzgadoras”, escribió.
Solís así defendió no solamente su postura -que fundamentó con extensa documentación demostrando que el proyecto es en efecto una afrenta a los derechos humanos de las mujeres- sino su derecho a expresarla públicamente, agregando además que “atacar una fuente científica periodística, salvo mejor criterio, constituye un ataque frontal a los medios de comunicación, en este caso al Semanario Universidad”.
La Inspección Judicial indicó que la queja ni siquiera cumplía con los “requisitos indicados” en la ley y que “nos encontramos frente a actuaciones meramente de criterio por parte de la persona juzgadora en su condición de experta en el ámbito de la normativa de familia”.
La afirmación de que su criterio afectará su capacidad de juzgamiento, dice el informe del tribunal, es una “afirmación totalmente subjetiva, incierta y partiendo de un supuesto basado en criterios personales ” pues se “denuncian presuntos hechos que tan siquiera se apegan a la realidad o han ocurrido”.
Solís dijo a UNIVERSIDAD que “los medios de comunicación son un pilar más de la democracia. Tienen derecho a consultar personas expertas cuando desarrollan un tema. El Tribunal de la Inspección Judicial ha reconocido que una persona juzgadora, a título personal puede ejercer el derecho a la libertad de expresión y más sobre un tema sobre el que tiene conocimiento científico”.
“Insisto: el proyecto sobre el que emití mi opinión se basa en la alienación parental y muchos países han sido cuestionados a nivel internacional por emplear ese argumento para abordar casos judiciales”, indicó.
