La incapacidad institucional para atender los conflictos por la posesión ilegal de terrenos dentro de los territorios indígenas, ha generado un clima de violencia y una insatisfacción generalizada con el Estado.
Así lo demuestra el último informe del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (Odhain), divulgado este martes en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Suy Wong, Ana Castillo, Alejandro Céspedes y Aida Varela presentaron los resultados de la misión que se trasladó del 18 al 20 de abril a los territorios indígenas de Térraba y Salitre, donde se vive una situación particularmente tensa, tras el asesinato del activista y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) Sergio Rojas, el pasado 18 de marzo.
En esta oportunidad, el Odhain acudió a petición del Frenapi, a raíz de que en esas fechas se celebraron reuniones entre representantes de diferentes territorios indígenas del país, muchos de los cuales ya han recibido amenazas.
Los activistas pudieron conversar con personas indígenas y no indígenas, así como con pobladores de los territorios que no apoyaban la lucha del Frenapi y Sergio Rojas, como es el caso de Doris Ortiz.
“Mucha tensión”
El informe recuerda antecedentes de violencia contra la población indígena en general y contra Rojas en particular, así como las expresiones racistas y de odio que se divulgaron en redes sociales tras su asesinato.
Sobre el acompañamiento a las reuniones del Frenapi, apunta que “durante las actividades y los recesos, el ambiente era de mucha tensión”, y que “se pudo constatar la poca confianza” que la población indígena tiene en el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad de varias personas,incluido el propio Rojas.
Otro aspecto importante es que los testimonios recogidos por el Odhain apuntan a que la presencia policial en Salitre aumentó tras el asesinato de Sergio Rojas, sin embargo “esto no va de la mano con un aumento en la sensación de seguridad”, ya que la actividad policial “se limita a una ronda diaria con el objetivo de obtener la firma de alguna de las personas con medidas cautelares”.
La desconfianza “se extiende hacia otras instituciones” como el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Cruz Roja o los centros de salud, ya que “sus acciones se han posicionado a favor de los no indígenas y se perciben actitudes de racismo y discriminación”.
Esa desconfianza ha afectado aún su voluntad de compartir información con las autoridades sobre el asesinato de Sergio Rojas. “Varias de las personas con las que se trabajó, brindaron información específica de nombres y lugares asociados con el plan de asesinato contra Rojas”.
Con el fin de proteger a las fuentes, el informe no incluye esa información precisa que sin embargo fue compartida con las autoridades respectivas, según informaron los activistas.
