Familias de sectores como La Tabla y Calle Areneros, ubicados en Desamparados, perdieron sus casas y pertenencias, luego de que las fuertes lluvias de los últimos días arrasaran con todo a su paso.
Desamparados, el epicentro de este suceso, es precisamente el segundo cantón del país con más desastres registrados en los últimos 50 años, luego de San José. Así lo confirmó a UNIVERSIDAD Adolfo Quesada, geógrafo e investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Desamparados es un escenario perfecto para el desastre”, indicó Quesada, quien añadió que diversas variables geográficas y socioeconómicas hacen que este sitio del país sea uno de los más vulnerables a este tipo de desastres.
De acuerdo con el sitio web Desinventar.org, de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), desde 1970 y hasta 2020, en Desamparados se registraron 954 eventos de desastre, tan solo superado por San José con 1.076.
Asimismo, un artículo publicado por el Programa Estado de La Nación (PEN), en 2020, señaló también que existen 18 cantones que han sido calificados de alta incidencia; es decir, lugares golpeados por eventos naturales y desastres en las últimas dos décadas. Destacan entre ellos Desamparados, Alajuela, San José, Puntarenas, Cartago, San Carlos, Aserrí, Pococí, Limón y La Unión.
Estos lugares comparten condiciones estructurales como alta densidad poblacional, problemas de vivienda y hacinamiento, pobreza, malas condiciones laborales, etc.
Factores de riesgo geográficos y socioeconómicos
De acuerdo con Quesada, por ejemplo, uno de los factores que influye en que este cantón sea vulnerable a desastres es que se encuentra localizado entre zonas montañosas y zonas de semiplanas a planas; es decir, hay una transición que es muy rápida entre las partes montañosas y las partes bajas.
“Entonces, cuando llueve, el agua rápidamente tiene que drenar por esas cuencas, lo que pasa es que tenemos un montón de gente que está viviendo en esas zonas”, indicó el investigador.
A esto se suma que este cantón tiene una de las densidades urbanas más altas del país, de más de 10.000 personas por kilómetro cuadrado en los distintos distritos que están más cerca de San José, así como la capacidad adquisitiva de su población.
“Los desastres, como bien se dice desde hace muchos años, no son naturales, son procesos que se dan, lo que pasa es que ha aumentado la exposición, la gente cada vez, por una cuestión de presión por el precio de las tierras y de vulnerabilidad (características intrínsecas socioeconómicas), tienen que buscar estos sitios para vivir: laderas, cerca de los ríos o en el propio río”, indicó Quesada.
El investigador añadió que los desastres que más se presentan en Desamparados y Costa Rica son inundaciones y deslizamientos.
“Entonces, tenemos un cóctel de variables socioeconómicas, sobre todo, que hacen de Desamparados un sitio que tiene alta exposición y alta vulnerabilidad, y la gente vive muy aglutinada en ciertas partes. Cerca de ese Río Cañas, por ejemplo, o en laderas donde hay deslizamientos. Entonces, tenemos condiciones de vulnerabilidad que acentúan el efecto de los desastres”, añadió.
Esto mismo fue recalcado este martes por el jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Lidier Esquivel, quien indicó que esta institución ha realizado investigaciones en los últimos años a lo largo de la cuenca del Río Cañas, donde hay una tendencia creciente a la exposición, debido al aumento de viviendas e infraestructuras a su alrededor.
A estas variables, según Quesada, se suma “un ineficiente ordenamiento territorial” en todo Costa Rica.
“No hay una ley de ordenamiento territorial en el país que ordene que todas las municipalidades lo hagan y lo acaten. Además, no hay responsables. Nadie va a la cárcel. Entonces, todo el mundo se lava las manos, pero se perpetúan con el tiempo”, indicó.
Medidas necesarias
Para el investigador de la Universidad de Costa Rica, existen varias decisiones que pueden contribuir a la disminución de estos desastres en el cantón, las cuales deben ser fuertes, y no paliativas, tal como la creación de una ley de ordenamiento territorial para todo el país.
“En el momento que llegue una ley de ordenamiento territorial y diga “aquí no puede vivir gente, el que da permiso en estas zonas, que la CNE dictó como peligrosas, inmediatamente, esa persona va a la cárcel”. Con eso ya nadie dará permisos, se acabó el problema”, añadió.
Para el investigador, además, los municipios deberían tener oficinas de gestión de riesgo, donde los profesionales otorguen permisos de construcción únicamente en zonas aptas para hacerlo.
A estas medidas se suma la colaboración entre instituciones públicas y universidades, pues estos últimos, según Quesada, podrían desarrollar estudios para todo el país.
“La gran mayoría del dinero va a estudios de sismicidad y vulcanología, y a los eventos hidrometeorológicos que representan el 95% de los desastres en el país no se les está dando el dinero suficiente. Tiene que existir una buena colaboración entre la CNE con las universidades públicas que generan investigaciones en estos campos”, criticó.
La otra medida, según el investigador, es la realización de estudios y cartografías, a escalas detalladas, que sean avalados por la CNE y generados también del vínculo con las universidades públicas y expertos en la temática.
“Si nosotros agarramos los mapas de de zona de inundación es de morirse de la risa. Tenemos marcadas unas zonas con técnicas de los años sesentas y setentas”, criticó.
De acuerdo con datos de la CNE, durante el pasado viernes 17 de setiembre, se presentaron 191 incidentes en todo el país, de los cuales, 103 se reportaron en Aserrí, 62 en Desamparados, 6 en Alajuelita, 6 en Bagaces, 3 en Coto Brus, entre otros.
Solo en Desamparados, 353 viviendas fueron afectadas, mientras que en Aserrí la cifra ascendió a 170, indicó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.
Esta situación generó también que se evacuaran a vecinos de distintos sectores de Desamparados y Aserrí, entre otras localidades, así como la habilitación de albergues temporales.