El proyecto de ley que se tramitó con el número de expediente 20.465 y que determina la desafectación de 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) ya fue aprobado en segundo debate y solo espera la firma del Presidente de la República para convertirse en ley.
Sin embargo, opositores a esa iniciativa señalan un oficio rubricado por Patricia Quirós, gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), como confirmación de que no se hicieron todos los estudios necesarios para determinar la compra de terrenos con el fin de compensar los que se le proyecta cercenar a la reserva. Ese, entre otros elementos, podría implicar que no se cumplieron con los requisitos establecidos en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad para este tipo de afectaciones.
Se trata del oficio SENARA-GG-0674-2018, del pasado 17 de setiembre. Ese documento es respuesta a una serie de interrogantes planteadas a la institución por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
La desafectación de la RBLB es parte importante del Proyecto Sistema de abastecimiento de la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras (Paacume), orientado a garantizar la disponibilidad de agua para las industrias turísticas y agropecuarias de la zona.
Las 113 hectáreas serían parte del territorio inundado por un nuevo embalse sobre el río Piedras y, para compensarlas, el Senara estableció un convenio con la Organización de Estudios Tropicales (OET), la cual elaboró un estudio de línea de base para determinar la compra de terrenos, que al final se establecieron provenientes de las fincas Asetrek, Brindis de Amor y Ciruelas. En total, se determinó la compra de más de 400 hectáreas.
La metodología utilizada por la OET fue fuertemente cuestionada por Jorge Lobo, biólogo y catedrático de la UCR, quien elaboró un análisis que fue presentado por la Escuela de Biología a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), a solicitud de esta instancia, para incluirlo en el expediente del proyecto.
“Graves irregularidades”
Entre las respuestas a las consultas hechas por Villalta, destaca que la OET concluyó que, para compensar las 113 hectáreas en la RBLB, “es necesario adquirir 332 hectáreas de la finca Asetrek Tres Azul S.A.”. Añade que se decidió incluir “zonas de pastos que podrían ser fuente de fuegos y acceso para cazadores” y que “se uniformiza el lindero para facilitar el acceso de los administradores” de la reserva, por lo que se llegó a 444,04 hectáreas de esa finca.
Sin embargo, el oficio reconoce que todo ese terreno solo contiene siete hectáreas de bosque ripario, importante por crecer a lo largo de los ríos. Señala que, por ello, en su estudio de base la OET analizó la finca Brindis de Amor para recomendar la compra de terreno allí.
“Posteriormente, el Área de Conservación Tempisque (ACAT) indicó que aún faltaban unas cuatro hectáreas de bosque ripario o maduro, por lo que, atendiendo la recomendación del ACAT, se incorporaron las 25 hectáreas de Hacienda Ciruelas”, afirmó.
Villalta al respecto expresó a este Semanario que “metieron la finca Ciruelas sin ningún estudio; además, con el caso de Brindis de Amor no hay un verdadero estudio, sino que nada más hicieron una revisión rápida”.
Consideró ello es “claramente violatorio de la ley y del reglamento que rige esta materia. Nosotros lo advertimos en la discusión del proyecto de ley, pero el resto de diputados prestaron oídos sordos”.
En su misiva original, el legislador llamó la atención sobre que en el expediente del proyecto no constaba ningún avalúo de las propiedades que se pretenden comprar. El oficio de respuesta apunta que se realizó una “estimación preliminar” del valor de cada propiedad conforme con la propuesta de compensación, “con un monto total proyectado de ¢1.425 millones”.
Añade que esos recursos no se han incorporado al presupuesto institucional, “dado que mientras no exista un requerimiento real de inversión debidamente respaldado y justificado para la presupuestación, esta no se podía realizar”. Añade que, por ello, en el proyecto de ley se incluyó “el compromiso formal” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de aportar el monto requerido para la adquisición de los terrenos.
Informa al respecto que, tras la aprobación del proyecto de ley, ya se iniciaron las gestiones pertinentes para la incorporación de esos recursos necesarios en el presupuesto del 2019 e “iniciar lo antes posible la adquisición de las fincas”.
Villalta al respecto observó que “lo que pasa es que esos estudios deben estar antes, no después” de la aprobación del proyecto. “Lo que hicieron fue aprobar la ley y después tratar de maquillar todo”, acotó
“Todo esto muestra que se aprobó con graves irregularidades y errores técnicos, que no se cumplió con los requisitos básicos de la ley no solo por la deficiencia de los estudios que se hicieron, sino por el faltante de estudios técnicos independientes”, sentenció.
Necesario para Guanacaste
Marvin Coto, director de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del Senara y encargado del Paacume, defendió el trabajo de la OET y destacó enfáticamente que el proyecto implicará una ampliación de la RBLB, que, según informó, pasará de 2.645 hectáreas a 3.088.
Añadió que los terrenos que se comprarían de las fincas Brindis de Amor y Ciruelas aportan “un área de protección en una zona donde hay muchas nacientes del río Cabullo”, lo cual, según dijo, es parte de las razones de la creación de la RBLB y de que haya sido incorporada como sitio de la convención de humedales Ramsar.
Relató que, además de las 332 hectáreas recomendadas por la OET de la finca Asetrek, “vemos que es necesario cumplir con otros requerimientos”, como que no quedaran entradas en propiedades privadas, ya que podrían prestarse a la “intromisión de cazadores”.
Por ello, junto con personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), se definió un bloque de Asetrek de 444 hectáreas, con lo cual se supera lo determinado originalmente por la OET en términos de equivalencia ecológica. Sin embargo, relató que “los funcionarios del parque” hicieron ver que en esas 444 hectáreas solo hay seis o siete de bosque ripario.
Ante la pregunta de si no causa preocupación respecto a la metodología de la OET el hecho de que, después de definir cuántas hectáreas comprar para la compensación biológica, funcionarios del Sinac señalaran que hacía falta terreno de bosque primario; el funcionario replicó que “no; desde el punto de vista de metodología, las 332 hectáreas que ellos proponen ya compensarían incluso esa deficiencia de bosque ripario o maduro”.
“Lo que nos dicen los funcionarios del parque –continuó– es que para ellos no es conveniente que se reduzca el área de bosque ripario”. Por ello, se hizo “una primera evaluación” dentro del mismo estudio de la OET sobre la finca Brindis de Amor, donde se encuentran “entre 15 y 16 hectáreas de bosque maduro” o ripario, pero “aun así nos faltan unas cuantas hectáreas y ahí surge el análisis de las 25 hectáreas de Hacienda Ciruelas, y también por recomendación de los funcionarios del parque, ya que a ellos les interesa mucho proteger esa área”. Todo ello parece contradecir su respuesta inicial a la pregunta.
Coto se refirió también a la ausencia de un avalúo formal y dijo, en los mismos términos del oficio recibido por Villalta, que el contenido presupuestario dependía de la aprobación del proyecto de ley, razón por la cual se ha manejado una estimación “preliminar” del costo de los terrenos.
Afirmó que “ya se pueden iniciar los trámites de incorporación delos recursos” para el presupuesto del 2019, el cual, según informó, se tratará de ¢2.800 millones al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para transferir a Senara, con el fin de cubrir “lo que den los avalúos de las tres áreas y lo que quede para empezar procesos de expropiación propios de áreas para las obras de Paacume”.
Otro elemento cuestionado ha sido la delimitación del área del proyecto, pues la Federación Conservacionista (Fecon) hizo circular un oficio del Instituto Geográfico Nacional que resume observaciones hechas por esa instancia a errores no corregidos en el proyecto aprobado.
Coto dijo que esas observaciones tienen que ver con nomenclatura de las coordenadas y con una confusión sobre la ampliación de un canal de riego, e indicó que esta semana se enviará una nota explicativa al Instituto.
“El tema ambiental es muy importante, pero a veces se nos olvida que las personas forman parte del ambiente. El proyecto viene a llenar necesidad más allá de las sequías por fenómeno de El Niño; da la posibilidad de que en Guanacaste pueda darse producción durante todo el año”, señaló.
