Tres economistas coinciden en que el decreto que endurecía la aplicación de la regla fiscal sobre el gasto público -y que fue derogado por el actual Gobierno- era insostenible frente al alza en la inflación interanual, que alcanzó el 12% en agosto, y que forzar su aplicación conducía a paralizar el servicio público.
El decreto N° 42798-H de ‘Medidas de control y reducción del gasto público fue firmado el 11 de enero del 2020, previo a la llegada de la pandemia, y fue derogado por el actual Gobierno el pasado 2 de setiembre.
La regla fiscal aún impone restricciones en el gasto corriente, sin embargo, este decreto buscaba endurecer la contención de gasto llegando a recortar a cerca de una tercera parte partidas como las de adquisición de bienes y servicios, suplencias de personal y remuneraciones eventuales entre el 2021 y el 2025, indicaron los economistas.
“(La derogación) es el preludio de la caída de la regla fiscal que fue creada para una época y contexto que no preveía la pandemia, ni la inflación a la que hemos llegado” aseveró el economista Leiner Vargas, del Centro Internacional en Política Económica (Cinpe), adscrito a Universidad Nacional
El exministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, coincide con Vargas en que los tiempos no son los mismos a los que se preveían cuando el decreto fue aprobado.
“Las circunstancias cambian, no es lo mismo hoy que en el 2020. Puede ser que la decisión que se tomó (hace dos años) no fuera la adecuada ¿Quién dice que se estaba haciendo bien y que porque se deja de hacer está mal? En este tema no hay una sola forma de evaluar ni una postura objetiva” indicó Rodríguez.
Por otro lado, Luis Paulino Vargas, aseguró que el decreto era insostenible a mediano y largo plazo incluso sin contemplar los altos niveles de inflación, pero que el alza volvió ‘ridícula’ su aplicación y que “cualquier Gobierno se hubiera dado cuenta de eso”.
“El recorte se vuelve aún más violento en el momento inflacionario en el que estamos, en el momento en el que Carlos Alvarado habían inflaciones rondaban el 2%, ahora hablamos del 10-12%. Implicaría cerrar las instituciones y sus servicios porque es un nivel de restricción sumamente severo” agregó Vargas.
Los tres economistas pusieron como ejemplo la tragedia que sucedió el pasado sábado 17 de setiembre en Cambronero para referirse a las graves implicaciones de que el Estado no pueda maniobrar gastos imprevistos.
“Hay una demanda creciente de infraestructura vial y eso no lo vamos a poder solventar sin gastar más. El gran error de reducir y controlar el gasto (de la manera que propone el decreto) es pensar que las necesidades son estáticas” apuntó Rodríguez.
Luis Paulino Vargas extiende los efectos a la regla fiscal:
“Ahora descubren el agua tibia al decir que no tienen suficientes tráficos, que falta inversión en infraestructura… (La regla fiscal y el decreto) nos va a acercando a una situación de colapso. Lo que vimos en Cambronero es un reflejo de ese colapso, con un MOPT que no puede responder. La institucionalidad pública está colapsada cuando ya no puede anticipar ni atender”
Rodríguez asegura que no es de alarmarse el levantamiento del decreto, ya que aún es posible contener y reducir el gasto si se lo propone el Gobierno.
Mientras que Leiner Vargas concluye que el levantamiento del decreto era necesario, sin embargo, le preocupa que el Poder Ejecutivo no proponga una alternativa y que permita aumentos en el presupuesto discrecionalmente “al antojo” desde la silla presidencial.
“Debe ser una posición muy incomoda para un ministro o ministra, estar en la vulnerabilidad de ir a pedirle el favor al presidente de que me permita hacer tal cosa. Cuando el presidente tiene el manejo del presupuesto con ese nivel de discrecionalidad puede ejercer muchísimo más mecanismos de coerción sobre sus subalternos” dijo Vargas.
De esta manera, agregó, es posible que el gasto aumente en, por ejemplo, embajadas, mientras que en él Patronato Nacional de Emergencia (PANI) no aumente.
Luis Paulino Vargas y Leiner Vargas llamaron la atención sobre la cantidad de presupuesto que se destina al pago de intereses de la deuda, que aseguran ahoga al aparato público.
“Vivienda, niños, adultos mayores… todo está bajo restricción menos el pago de intereses de la deuda. La economía se está ralentizando, con un contexto mundial cada vez más desfavorable” lamentó Luis Paulino Vargas.
