- Cazadores furtivos y taladores ilegales superan ampliamente en cantidad y recursos a los guardaparques.
- El año pasado se presentaron 2.797 quejas por infracciones a la Ley Forestal, más de siete quejas al día.
El Parque Nacional Carara es un “bosque vacío”. Para esquivar la amenaza de los cazadores furtivos, los animales que habitan en esta zona del Área de Conservación Pacífico Central han migrado a la orilla, hacia la costanera, en busca de protección humana.
La vida silvestre del parque está siendo aniquilada por los grupos organizados, afirman los conservacionistas, quienes emplean cada vez con más frecuencia el término: vacío. Lo usan no solo para referirse a Carara, sino a otros parques nacionales y áreas protegidas donde la vida silvestre está siendo desalojada silenciosamente; La Amistad y Corcovado son otros dos ejemplos.
“En La Amistad, la caza furtiva se ha vuelto comercial, al extremo de que las zonas más bajas de este parque, tanto del lado del Pacífico como del Caribe, son actualmente bosques vacíos. Las áreas más afectadas por este síndrome son la fila Kamuk, San Jerónimo y Cotón”, dice un recurso de amparo interpuesto recientemente por sindicalistas y conservacionistas.
La deforestación, la minería y la pesca ilegal también causan un impacto negativo en las áreas protegidas, señalan los recurrentes.
“Extensas áreas del Parque Nacional Corcovado son bosques vacíos. Esto se debe a la presencia de oreros, que matan a los animales grandes que ven para comérselos, a la ausencia de un suficiente número de guardaparques y a la falta de decisión del Gobierno de desalojar a los invasores que lo están destruyendo”, agregan.
Las estadísticas que registra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no permiten obtener una foto fiel de esta realidad en el país, debido a los pocos recursos disponibles para atender todos los casos, pero dan algunos indicios.
Según la revista científica Conservation Biology, en la Isla del Coco la pesca ilegal provocó que el número de tiburones sedosos disminuyera en un 91%; la cantidad de mantarrayas bajó un 89%; los tiburones de punta blanca en un 77% y los tiburones martillo en un 45%.
El año pasado se conocieron más de siete quejas por día (2.797 en total) por infracciones a la Ley Forestal, la cual sanciona hasta con tres años de prisión actividades como la tala ilegal, cambio de uso de suelo y extracción de los recursos naturales.
De estas quejas, solo 678 fueron interpuestas ante instancias judiciales. La mayoría se presentaron en el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, la cual incluye a los Parques Nacionales Braulio Carrillo, Volcán Turrialba, Volcán Irazú y Volcán Poás.
En el 2014, se reportaron 2.926 faltas de ese tipo, la mayoría en la misma zona y solo 621 se interpusieron formalmente. El segundo lugar en incidencia fue el Área de Conservación Huetar Norte, donde están los parques nacionales Arenal y Juan Castro Blanco.
La amenaza para estas áreas protegidas también se muestra en las estadísticas de infracciones a la Ley de Vida Silvestre, la cual prohíbe la caza, la pesca y la extracción de fauna y flora continentales o insulares de especies en vías de extinción.
En el 2015 hubo 836 casos reportados, de los cuales solo 78 se llevaron ante autoridades judiciales.
En ese mismo año, la Ley de Pesca originó 59 reportes y las extracciones de minerales en zonas protegidas 88.
Las autoridades reconocen que las cifras no revelan con certeza las situaciones que viven cada día los guardaparques, quienes incluso se topan de frente con grupos armados.
“Los delitos ambientales –internacionalmente denominados como ‘crimen ambiental’- aumentan en el mundo entre un 5% y un 7% al año”, dice el recurso de amparo.
“Hoy por hoy los parques son transitados por cientos de delincuentes ambientales, quienes matan sin misericordia su fauna y su flora. Y lo más grave es que todas estas actividades se realizan con un fin dirigido a la comercialización de especies mediante el tráfico ilegal de especies. Tomando en cuenta que el comercio de especies ocupa a nivel mundial el tercer puesto entre las acciones de tráficos ilegales -pues solo es superado por tráficos como el de drogas y el de armas-, este problema se postula para Costa Rica como uno que podría incrementarse y agravarse cada día más si nuestro patrimonio ambiental sigue olvidado por Gobiernos que dan prioridad a muchos temas menos al ambiental, aun cuando nuestros recursos naturales son los que nos están aportando grandes divisas económicas”, añade el recurso presentado ante la Sala Constitucional.
Juan Carlos Villegas, del Departamento de Prevención, Protección y Control del Sinac, apunta a las mismas preocupaciones y agrega los incendios forestales en Guanacaste. “Muchos son provocados, incluso como venganza para los guardaparques”, asegura.
Los más cotizados
Roberto Molina, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía (Sitraminae), afirma que en Carara y las zonas cercanas hay cacería indiscriminada de venados, tepezcuintles y saínos, y califica a los cazadores como “una mafia” que se dedica al tráfico ilegal de carne.
“Son personas peligrosas, que andan bien armadas y bien comunicadas, cuando nosotros vamos a hacer operativos, ellos se comunican y los perdemos”.
Villegas coincidió en esta problemática y explicó que un tepezcuintle de unos ocho kilos puede ser vendido en el mercado negro en unos ¢35.000 o ¢40.000.
Las autoridades estiman que hay más de 100 personas que se dedican a esa actividad ilegal en los sectores de Bajo Carara, Cope Carara, en el sur de Turrubares y Bijagual; mientras que, en contraste, en esa zona laboran apenas 13 funcionarios y solo dos de ellos se dedican a control y protección, es decir, a vigilar los parques.
“Debido a la pérdida de funcionarios en esta área protegida, el centro operativo de Bijagual no recibe mantenimiento y se deteriora cada vez más, y el centro de Bajo Carara fue abandonado completamente, lo que provocó su deterioro total y su desmantelamiento por los cazadores furtivos. Lo que resulta irónico y causa estupor en este caso es que los mismos cazadores utilizan lo que quedó de este centro como refugio”, describe el recurso de amparo.
En otros parques, además de la venta de carne, algunos cazadores buscan comercializar la piel de animales.
En otros casos simplemente lo hacen por placer, principalmente, cuando se trata de la caza de dantas, un animal que está en peligro de extinción. En el 2013, por ejemplo, se dio una matanza de dantas en el Parque Nacional Chirripó, en Pérez Zeledón, donde cuatro animales fueron hallados muertos en menos de tres meses.
Esa no fue la última noticia de ataques contra estos animales. En setiembre del año pasado, en las cercanías de ese mismo parque, fue detenido un sujeto conocido como Diablo, supuesto líder de una banda dedicada a matar animales silvestres, quien días antes había publicado fotos en Facebook en las que aparecía con una danta degollada.
Las especies marinas no quedan exentas de las amenazas. Pese a que la Ley de Pesca prohíbe esa actividad en parques nacionales, en Marino Ballena y Corcovado, de Osa, se presentan los pescadores con frecuencia, principalmente, durante las noches. Los guardaparques afirman que no tienen vehículos ni embarcaciones equipadas para hacer las labores de protección.
En Manuel Antonio y Tortuguero ocurre lo mismo, incluso en el Parque Nacional Isla del Coco, Patrimonio Natural de la Humanidad, ubicado a 532 kilómetros de Puntarenas, donde alrededor de 15 naves pesqueras ingresan cada día a pesar de que existe una restricción de 12 millas alrededor.
En junio del 2014, los guardaparques encontraron 11 tiburones atrapados en líneas de pesca, de ellos, siete estaban muertos.
Según un artículo publicado el año pasado por el diario La Nación, con base en un estudio dado a conocer en la revista científica Conservation Biology, la población de mantarrayas y tiburones ha disminuido en la isla debido a factores como “la influencia del fenómeno El Niño, los cambios en la estructura de los depredadores, y la presión de la pesca”.
El número de tiburones sedosos disminuyó en un 91%, las mantarrayas en un 89%, los tiburones de punta blanca en un 77% y los tiburones martillo en un 45%, detalla la publicación.
Con el fin de combatir la pesca ilegal y el narcotráfico, hace dos semanas el Gobierno inauguró un radar cuya instalación total costó $3,4 millones.
Mientras la Fiscalía y las autoridades ambientales viajan lentamente a través de la falta de recursos y encierros burocráticos, los cazadores ilegales, los traficantes de animales avanzan por los parques nacionales y lentamente los transforman en bosques “vacíos”.