El Ministerio Público pasó de recibir 146 expedientes por presuntos actos de corrupción, durante el 2015, a recibir 740 para el 2019. Así lo dio a conocer la entidad, como parte de su rendición de cuentas, la cual se realizó este miércoles.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, aseguró que dictó una “política de persecución penal”, para darle prioridad a los trámites de este tipo de actos.
“La política lo que viene a hacer es priorizar el abordaje de casos cuyos efectos son de alto impacto para el desarrollo del país, porque, aunque se tiende a creer que el único perjudicado con los efectos de la corrupción es el gobierno, lo cierto es que cada persona del país se afecta de manera directa con los recursos que son desviados o sustraídos durante los actos delictivos, lo que implica menor inversión en sectores como educación, infraestructura y salud, por citar algunos”, afirmó.
En el mismo periodo de tiempo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción logró aumentar un 769% la cantidad de acusaciones con solicitud de apertura de juicio, pasando de 13 en el 2015 a 100 en el 2019, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
“No es posible establecer si antes o en la actualidad se comete mayor número de delitos, pero lo que sí creemos es que el trabajo serio, comprometido y objetivo que ha realizado la institución ha incrementado la confianza de la población para denunciar, ya sea de manera pública o por medio de mecanismos que protejan a la persona denunciante, como la denuncia confidencial”, explicó la jerarca.
Al despacho de la Fiscalía General, en el 2019 ingresaron 93 expedientes, con un 19.6% correspondientes a delitos de prevaricato, 15.7% a incumplimiento de deberes, 8.6% a tráfico de influencias y 7% por enriquecimiento ilícito (7%).
“Del total de casos resueltos para ese mismo período, en seis se formuló acusación y se pidió el auto de apertura a juicio; en cuatro se solicitó sobreseimiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; y en 56 expedientes se requirió al órgano jurisdiccional la desestimación de las causas penales, principalmente porque los hechos denunciados no se ajustaron a algún delito establecido en la Ley”, informó el Ministerio Público.
Además, se tramitaron 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes de la República.
Investigaciones toman un año
Otros datos presentados por el Ministerio Público reflejaron que, en promedio, las investigación de casos que terminaron con una acusación tomaron un año y 31 días, en las fiscalías territoriales, y 18 meses en las fiscalías especializadas.
El total de casos tramitados aumentó un 12% en el último año, pasando de 270.613 expedientes a 302.135. De estos, el 64% resultó con una sentencia condenatoria, 32% no se establecieron la culpabilidad de una persona y un 4% correspondió a juicios en los que se condenó a algunos imputados pero se absolvió a otros.