Cinco sindicatos del Poder Judicial presentaron esta mañana dos denuncias penales por el presunto delito de legislación en beneficio propio contra dos actuales diputados de la Asamblea Legislativa: el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), y el segundo prosecretario Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC),
Las denuncias alegan que los funcionarios habrían violado la Ley contra la Corrupción y el Enriquecieminto Ilícito, pues ambos se acogieron a las amnistías tributarias incluidas en el plan fiscal que recién aprobaron en diciembre pasado.
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Las amnistías tributarias perdonaban la totalidad de los intereses sobre montos adeudados para las personas que cancelaran los recursos en los tres meses subsiguientes a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; así como entre un 60% y un 80% de las multas, dependiendo de en cuál de los tres meses pagaran lo requerido.
En este proceso, Benavides habría pagado ¢1,7 millones, según los registros del Ministerio de Hacienda; mientras que Vargas apenas habría cancelado ¢17.000. Se desconoce, sin embargo, cuáles fueron las magnitudes de los montos condonados en multas e intereses.
Esta información quedó plasmada en las listas de beneficiarios finales que reveló Hacienda a solicitud del diputado José María Villalta, del Frente Amplio; quien debió presentar un recurso de amparo para obtener una respuesta.
En total, firmaron las denuncias el Sindicato de Servidores y Servidores, Exservidores y Exservidoras del Ministerio Público; la Asociación Nacional de Criminalística y Afines (ANIC); la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud); el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sintrajud); y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud).
En las denuncias argumentan que se habría violado el artículo 48 de la ley antes mencionada, según el cual “será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”.
Esto, dijeron los representantes sindicales, pudo haber ocurrido con la aprobación y aplicación de las amnistías, pues los diputados las aprobaron a pesar de que sabían que sostenían deudas que podían aplicar al trato diferenciado. Por ese motivo, aseguran, debieron apartarse del proceso de la confección de la ley, incluidas las votaciones.
Además, los sindicatos aseguraron que siguen revisando la lista de beneficiarios de las amnistías para identificar otros posibles diputados involucrados, a través de familiares, conocidos o sociedades, pues el delito de legislación en beneficio propio también incluye a cónyuges, compañeros, compañeras o convivientes; parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad; o empresas de todas estas personas.
Los Sindicatos del Poder Judicial anuncian la interposición de una denuncia penal contra los diputados Carlos Ricardo Benavides y Otto Roberto Vargas por el delito de legislación en beneficio propio. @SemanarioU pic.twitter.com/9RRNi8JT9N
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) May 13, 2019
“El sistema lo aplicó automáticamente”
Ante la denuncia, el presidente legislativo Benavides señaló que el pago que registró el Ministerio de Hacienda se habría realizado de forma automático, pues él nunca solicitó que se le aplicase el trato diferenciado. Por el contrario, señaló que hizo el pago a través de una plataforma en línea, la cual probablemente aplicó la amnistía sin ninguna consulta.
“De conformidad con la ley había que acogerse a una amnistía, cosa que yo nunca hice ni que fue mi propósito (…) Yo he pedido a Hacienda, aunque todavía no me lo han dado, una certificación de que nunca hice un trámite para acogerme a ninguna amnistía y de que no llené ningún formulario ni hice ninguna petición, escrita o verbal, sino que el sistema lo aplicó automáticamente”, subrayó.
Para Benavides, la denuncia incluso tiene menos sentido porque con el plan fiscal se aprobaron otras medidas como congelar los salarios de los diputados por dos años, por lo que “obviamente no estaba pensando en que pudiera beneficiarse de ninguna forma” con el proyecto de Fortalecimiento.
“El sistema entendió en automático que si yo pagaba él me rebajaba y yo nunca entendí que la norma fuera aplicable de esa manera”, subrayó.
En declaraciones a la prensa, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había manifestado que era probable que se hubiesen realizado aplicaciones automáticas; no obstante, el espíritu de la ley era que las personas solicitaran el procedimiento por su cuenta.
No obstante, la representación sindical asegura que esta no sería suficiente justificación para Benavides ni para Vargas, pues —de cualquier manera— podían evitar realizar el pago o, en el mejor de los casos, hacerlo antes de que la ley entrara en vigencia.
“Eso igual lo sabía como propulsor de la ley, por eso lo que debió haber hecho fue abstenerse de votar y separarse del procedimiento, o eventualmente pagar antes sus obligaciones, algo que no hizo, y por eso nosotros como sindicato y ciudadanos preocupados estamos indagando otros negocios que podrían estar relacionados con otros señores diputados y generar también otro tipo de situaciones similares”, puntualizó Jorge Morales, secretario general de Sindijud.
El diputado Otto Roberto Vargas, por su parte, se encuentra de gira en China, junto con otro grupo de congresistas, por lo que no se ha referido aún a la denuncia en su contra.
