Denuncian complicidad policial con coligalleros

“Pagaba ¢10.000 por semana, pero éramos un grupo grande entonces le salían 400 mil pesos al policía”.

En Cutris de San Carlos, la zona de Crucitas, la poca gente dispuesta a hablar lo hace bajo estricto anonimato, pero quienes lo hacen una y otra vez coinciden en lo mismo: los coligalleros cuentan con información que se les filtra sobre operativos policiales.

Tal es el caso de “Arístides”, un obrero agrícola que relató su experiencia de haber ido a “trabajar” y probar suerte hace seis o siete meses a los terrenos donde Industrias Infinito pretendió establecer su proyecto de minería de oro a cielo abierto con cianuro.

“Lo que yo más tengo entendido es que los desórdenes se han hecho ya de un año para acá, complicándose; no tal vez por los coligalleros, sino por quienes los apoyan, entonces hay apoyo, como costarricenses, como también la misma guardia, es lo que yo sé, porque es la misma guardia la que le cobra uno para que uno vaya a trabajar ahí”.

Aseveró también que “toda la gente que no agarran los policías es porque están con contacto. Si yo soy policía y usted me está pagando a mí, paso por donde usted y no le hago nada. Así esa gente trabaja, es por eso que la gente nunca, nunca, se quita de trabajar”.

Relató que nunca en su vida fue minero y que simplemente por la noche algún amigo le ofrecía ir, “me iba a trabajar dos o tres noches, después me quitaba y seguía los trabajos en el campo y así, nunca estuve metido un grupo fijo”. Sin embargo, “hubo días buenos. El último día que fui saqué ¢96.600”, aunque lo más normal es sacar entre ¢40.000 y ¢50.000.

Pero, ¿de dónde sale ese dinero? “Todo lo que pudo decir –alegó “Arístides”– es que el comprador llega a Coopevega, a todos lados llega, pero no sé de dónde él sale”.

¿Quién se beneficia?

Cabe recordar que la actividad minera en la zona fue una iniciativa de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold. La empresa pudo iniciar el desarrollo del proyecto gracias a una declaratoria de conveniencia nacional que le otorgó el cuestionado expresidente Óscar Arias.

Por ello Arias enfrentó acusaciones de cohecho y prevaricato, pero fue en diciembre pasado que definitivamente el Tribunal Penal de Hacienda rechazó la última apelación enviada por la Fiscalía para llevar a juicio al expresidente.

En setiembre, desde la fracción de Liberación Nacional, la diputada María José Corrales y su compañero Jorge Fonseca presentaron un proyecto de Ley que buscó traerse abajo la legislación que declaró al país libre de minería metálica a cielo abierto, con el fin de abrir la posibilidad de desarrollar la minería industrial.

En ese entonces se le preguntó a Fonseca si la promoción del proyecto buscaba rehabilitar la imagen de Arias, por esos días en víspera de una audiencia pertinente a su caso.

El diputado contestó que “para nada, son totalmente cosas diferentes” y recalcó que su proyecto de ley respondía “única y exclusivamente a la realidad que conocimos en Crucitas”.

Ante la pregunta de si de todos modos el proyecto podría tener ese efecto, contestó “podría ser que se pueda ver que don Óscar hubiera tenido razón, pero el planteamiento de nosotros es totalmente ajeno a esa intención”.

Lo cierto del caso es que, desde que estalló el problema de la afluencia de coligalleros al sitio, no ha faltado quien arroje cifras estratosféricas en cuanto al valor del oro extraído ilegalmente, como pretexto de impulsar la actividad en el país.

“En las puras barbas”

“Beltrán”, un emprendedor de la zona, mostró un sector de esa finca de Industrias Infinito (hoy bajo administración del Estado), un pastizal aledaño a la vía pública y adyacente a la parte más montañosa. Allí las artesanales excavaciones son evidentes y, según relató, la constante bajada de agua turbia desde los montes evidencia que la actividad se mantiene.

“Esto se dio en 2019, estos huecos son recientes y ya aquí en esta finca dicen que hay túneles a la profundidad de 12 o 16 metros para abajo”, informó.

“Lo que se oye –dijo con gravedad– es de que hay mucha policía infiltrada, pasándole comunicación a los oreros, les dicen ‘ya pasamos a tal punto, ya por hoy ya no entramos’”.

Una vez más, señaló las excavaciones delatadas por los tonos amarillos y colorados del barro en medio del verde zacatal y profirió que “esto me indignó un montón, porque la policía entra y sale ahí”, señalando un portón a unos 50 metros. “¿Cómo es posible? Les trabajan en las puras barbas y hay gente que asegura que aquí trabajan en el día”.

“Beltrán”, además, se refirió al tema de la contaminación por mercurio, utilizado por los coligalleros para extraer el oro del material en que se encuentra. “Me preocupa porque todas estas aguas aquí caen al lado arriba del río Chamorro”, el cual, según explicó, es de importancia medular en la zona, sobre todo para quienes lo utilizan para dar de beber al ganado. “Antes uno lo usaba para bañarse, ahora ya no”.

El equipo periodístico de UNIVERSIDAD no encontró problemas para ingresar y seguir uno de los muchos trillos abiertos por los coligalleros, unos 200 metros montaña adentro, donde se pudo comprobar la apertura de canales y excavaciones, en algunos casos de más de un metro de profundidad y cuando mucho a un kilómetro de donde se encuentra la base de operaciones de la policía.

Una comunidad asediada

“En Chorreras la gente entra, sale; eso es casi de todos los días”, expresó con preocupación “Juan María”. Se trata de una comunidad de alrededor de 100 personas que viven en esa localidad fronteriza, “al puro límite del río San Juan”. Sin embargo, dijo que la cantidad de habitantes “con esto del oro es variante, cuando hay operativos se aumenta el doble, se van a meter a la montaña y al rato salen”.

Ante la pregunta de a qué se dedica la población de esa localidad, replicó que “no vamos a tapar el sol con un dedo, desde que las minas se abrieron ahí casi que la mayoría de gente lo que viene a hacer es a las minas y uno que otro trabajo así, ocasional en la zona, porque ahí trabajo no hay, es una zona ganadera de fincas grandes, entonces el trabajo es muy poco”.

El poco trabajo que aparece tiene que ver con chapear zacatales o aserrar madera. “La gente vio una oportunidad en la actividad minera, todo el tiempo bien que mal ahí la pasan, tenemos dificultades y por el asunto del oro todo el mundo vio la opción más fácil de intentar sacar oro”.

“Juan María” dijo que en la zona hay una preocupación creciente por “situaciones anómalas” como asaltos o trasiego de drogas, “uno siente que está en tierra de nadie, entran lanchas con gente, salen a la hora que les dala gana… Prácticamente desde que empezó la actividad de la minería esto ha sido terrible, uno no se siente en su país”.

“Lo que a uno le da más intriga es con las autoridades, uno siente que se hacen de la vista gorda, por decirlo así”, aseveró.

Añadió que su intención al hablar con UNIVERSIDAD es buscar la manera “de que nos vuelvan a ver y que las autoridades se hagan sentir”. Al respecto, afirmó que cuando se hacen operativos, como el Lapa cuatro realizado la semana del 10 al 14 de febrero, “limpian durante los días que hay operativo, el resto de los días continúa la misma situación o peor porque más bien se alborota”.

Insistió en que “queremos ver de qué forma nos escuchan”, porque –reiteró– no se respetan los límites fronterizos, “a la hora que quieran entran, a la hora que quieran salen”. Además, calificó como “ilógico” que la misma policía “agarra un coligallero y lo vienen a dejar a Coopevega o a Tablillas, según ellos para deportarlo, pero achará tiempo y rato que gastan porque el otro día por el mismo río vuelven a estar aquí”.

Tras implorar que se frene “el ingreso al país de forma libre, como se está haciendo ahora”, lamentó que “sentimos que ahí hay complicidad”, pues según dijo muchos coligalleros son capaces de huir cuando se hacen los operativos. “Sentimos que aquí hay fuga de información de parte de la policía”, pues situaciones que ya asumen como cotidianas se calman bastante cuando se realizan los operativos, “hablemos de ventas de licor, de drogas, hasta prostitución, todos esos días se calma, no hay nada, y termina el operativo y otra vez sigue la acción”.

Impunidad

“Ah no, ahí siguen trabajando normalmente”, respondió “Aquiles”, otro vecino y empresario de la zona, ante la pregunta de si la actividad de minería ilegal ha mermado.

“No hay una pena por estar metido en esa finca; la gente llega, van a los tribunales, firman y en la tarde están metidos otra vez ahí. A los nicaragüenses los deportan y al otro día están metidos ahí. No hay una pena verdadera”, dijo con frustración.

Consideró ello como un problema “fundamental”, pues “desmotiva hasta a la misma Fuerza Pública”. Añadió, entonces, que “hay una impunidad absoluta y la actividad se mantiene por la libre”.

En la zona se da “un problema enorme, nos han bombardeado de drogas”, concretamente “en el pueblo se metió muy fuerte la piedra y la coca y cualquier tipo de drogas que usted imagine se vende ahí”.

Coincidió en informar que cuando las autoridades de Gobierno llevan a cabo los operativos denominados Lapa (han sido cuatro) “todo el mundo sabe, de hecho la primera vez avisaron como jueves o viernes y ellos venían el sábado, el primer operativo grande en que intervinieron y ya todo el mundo sabía”.