Menosprecio del criterio profesional a pesar de estudios y amplia experiencia, fijación de plazos imposibles, regaños y comentarios humillantes fueron parte de las situaciones que enfrentó un exfuncionario del “Equipo COVID” de la Comisión Nacional de Emergencias, según una denuncia presentada semanas atrás.
El denunciante (cuyo nombre se resguarda), ingeniero y gestor de proyectos con más de veinticinco años de experiencia en la gestión pública, informó a UNIVERSIDAD que a pesar de trabajar en el equipo por seis meses y haber cumplido funciones de “segundo al mando”, en cuestión de días, esgrimir criterios profesionales distintos a los de su superiora, María Fernanda Meneses, le costaron su salud física, mental y, finalmente, su puesto.
“A raíz de esto tuve una incapacidad, por depresión, en ese período me llegó un correo en el que sacaban a concurso mi puesto”, funcionario despedido de CNE
El exfuncionario ingresó en noviembre del 2020 pero cuenta que a su “jefatura oficial” (Sigifredo Pérez, director de Gestión del Riesgo) lo conoció meses después de entrar. “Todo el tiempo coordinamos con María Fernanda, aunque ella no tuviera puesto de jefatura”, afirmó el ingeniero, quien asegura que es justo la estructura paralela de poder la que permite que se dé un clima hostil y de acoso laboral.
El poder de una estructura paralela
Según trabajadores de la entidad, el “Equipo COVID” es una estructura paralela para administrar los casi ₡336 mil millones dedicados a la atención de la pandemia y funciona bajo el liderazgo de Meneses, aunque su puesto es de gestora de riesgos.
Meses atrás personas empleadas de la entidad denunciaron en este medio que Meneses funciona como agente de Casa Presidencial y que, incluso, así se ha presentado frente al personal, a razón de un vínculo personal. Con esto se refieren a que la emergencióloga sostiene una relación sentimental con Camilo Saldarriaga, exasesor del presidente Carlos Alvarado.
El exfuncionario despedido, así como otras personas del grupo de trabajo, confirmaron que todas las tareas relacionadas con el decreto de emergencia: contratos de personal, contrataciones, licitaciones, etc. son gestionadas por el equipo de Meneses, aunque “después de los primeros reportajes del Semanario, nos dijeron que no le dijéramos ni oficina, ni equipo COVID e hicieron que ella dejara de firmar”.
Así, dijo el ingeniero, se garantizó un “manejo político de la atención de la emergencia”, situación con la que no estuvo de acuerdo y que lo llevó a externar su “criterio profesional sobre cosas que podían y no podían hacerse, aunque se pedían, tal y como me lo exige la Ley General de Administración Pública”. Estas opiniones, dijo, no fueron bien recibidas por su supervisora, de quien empezó a recibir faltas de respeto, comentarios humillantes y otros abusos de autoridad.
En un documento fechado el 3 de mayo, interpuso ante el Departamento de Desarrollo Humano una denuncia por acoso laboral en la que indica que Meneses “ha llevado a cabo acciones en mi contra y en contra de mi trabajo abusando del poder que le ha asignado la administración”, que le obligaron a buscar ayuda psicológica y legal.
El ingeniero escribió que la funcionaria desmereció en múltiples ocasiones su criterio profesional, cuestionado sus criterios “sustentados en estudios y años de experiencia”. Ella, afirmó, le decía que su trabajo no servía y que debía apegarse a sus criterios, y en ocasiones le acusó de “formar frente con otros colaboradores de la CNE que no comparten criterios con ella”.
En las últimas semanas de funciones, detalló, se le asignaron labores con plazos excesivamente cortos y sin opción de oponerse o negociarlos. En una reunión con otros colegas, por ejemplo, Meneses le asignó una tarea para el día siguiente a las 10 a.m., (siendo ya las 3 p.m.) y le reiteró el plazo nueve veces.
También asegura que si bien las personas del “Equipo COVID” saben que sus contratos son por seis meses y pueden no ser prorrogados, “esa información es utilizada para amedrentar”. UNIVERSIDAD supo que los contratos de las personas que integraban este grupo se renovaron, exceptuando los del ingeniero y de las dos funcionarias que aparecen como testigos en su denuncia. Una fue trasladada a otra oficina, la otra renunció.
El exfuncionario afirmó que a mediados de abril sostuvo con su jefatura oficial una llamada telefónica en que expresó su molestia y preocupación, pero a pesar de que Pérez “se comprometió a hablar con la Sra. Meneses”, no se tomaron acciones al respecto, sino que días más tarde se ordenó la no renovación de su contrato y, estando incapacitado por depresión, se sacó a concurso su puesto.
CNE responde
Con el fin de conocer la posición y las gestiones realizadas por la Comisión Nacional de Emergencia en este caso, el 31 de mayo del 2021 UNIVERSIDAD gestionó consultas con Adriana Madrigal, ante quien se presentó la denuncia en su rol de jefatura de la Unidad de Desarrollo Humano.
Madrigal indicó que ya no estaba desempeñándose en esa jefatura y remitió la solicitud a Lilliana López (actual jefa) y al Departamento de Comunicación Institucional, pues “según mi criterio la información es sensible”. Agregó que “lo que mi persona haya gestionado, de requerirse, será visto con mi jefatura, para cuidarnos todos con estos temas”.
Dos semanas más tarde —ya vencido el plazo establecido por ley para que la institución diera respuesta— la comunicadora Rebeca Madrigal envió un correo en el que indicó que una vez recibida la denuncia la “Unidad de Asesoría Legal de la CNE, inició un proceso de investigación preliminar de acuerdo a lo que indica la Ley General de Administración Pública y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la CNE respeto a la materia de acoso laboral [sic]”. Los hallazgos o avances de dicho procedimiento no se detallaron.
Con respecto a la fecha en que se inició el trámite de finalización del contrato del funcionario, Madrigal no respondió y se limitó a remitir un oficio del 27 de abril, que se le solicitó explícitamente, en el que Sigifredo Pérez solicitó a la jefa de Desarrollo Humano: que el contrato del señor “se finalice el 22 de mayo tal como indica el contrato a plazo fijo con el que cuenta el funcionario en el marco del Decreto de Emergencia N°42227”. Ahí también indicaba que “se requiere sustituir al puesto de acuerdo con lo que indica el perfil definido para el mismo, con fecha de ingreso el 24 de mayo del año en curso”.
Se solicitó aclarar informaciones confusas previamente brindadas por la Comisión, pues en entrevista con Alexánder Solís, su presidente, y en documentación previa, se indicaba que el puesto de Meneses era de gestora de riesgo, pero en la documentación referida a la denuncia de acoso se le señala como coordinadora del “Equipo COVID”. Madrigal indicó que la funcionaria “se desempeña como gestora de riesgos de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción a cargo de Orlando Marín”.
Además, detalló que sus funciones son: coordinación y enlace para la interacción efectiva de los Planes de Inversión, manejo de conflictos y estrategias de trabajo entre la CNE-Comunidad-Municipalidades, evaluación del impacto social de los proyectos de emergencia con las comunidades afectadas, comunicación participativa y permanente en la comunidad para el desarrollo de los proyectos de emergencia; así como brindar apoyo en el modelo implementado “Costa Rica Trabaja y se cuida”, y “otras tareas vinculadas al Decreto de Emergencia 42227-MP-S”.
