El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José agendó para julio la audiencia preliminar donde conocerá la acusación de que los representantes de Televisora de Costa Rica S. A. cometieron el delito de inducción a error a la administración tributaria.
Así lo confirmó la vocera del Ministerio Público, Tatiana Vargas, ante consultas de UNIVERSIDAD, luego de que la Procuraduría General de la República separara al procurador penal encargado del caso, Juan José Soto Cervantes.
“En esa audiencia preliminar el Juzgado definirá si se da o no la apertura de juicio”, explicó Vargas. Soto habría solicitado postergar esta audiencia, inicialmente fijada para abril, sin consultar antes al Ministerio de Hacienda. (vea recuadro: Procurador Separado).
La denuncia señala a la repre- sentante de Teletica, Olga Cozza de Picado, y un notario apellido Santa- maría como acusados por cometer fraude fiscal. La acusación la planteó la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios-Aduaneros y de Propiedad Intelectual el 26 de setiembre del 2015.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el fraude a la hacienda pública causó un perjuicio económico al Estado por más de ¢1.500 millones de colones.
Según la acusación, Televisora de Costa Rica habría conformado una sociedad anónima ficticia bajo el nombre Television and Broadcasting Brand Managment S.A donde figura como accionista mayoritaria Olga Cozza de Picado.
Esta segunda sociedad de papel habría comprado derechos intangibles a Televisora de Costa Rica como las marcas comerciales, marcas de servicio y señales de propaganda.
La relación entre ambas empresas queda evidenciada en el propio sitio Teletica.com, que en sus Términos y Condiciones explica que sus marcas son “ son marcas registradas e imagen comercial de Televisora de Costa Rica S.A. o de Television and Broadcasting Brand Managment, S.A”.
UNIVERSIDAD contactó a Román Fallas, director legal de Teletica, pero al cierre de edición no se recibió respuesta.
La Procuraduría General de la República informó mediante su oficina de prensa que “solicitar suspender una audiencia es un acto procesal que es parte de la representación judicial que corresponde, por disposición de ley, a la Procuraduría General de la República. En consecuencia, dicha solicitud
HISTORIAL
El caso fue inicialmente abierto en 2008 luego de un informe elaborado por la Administración Tributaria de Grandes Contribuyentes y la empresa alegó que sus conductas no constituían un acto ilícito.
“Luego de una exhaustiva investigación, la propia Fiscalía solicitó la desestimación, la cual fue decretada por el Juzgado Penal el 28 de setiembre del 2011”, indicó Fallas al medio digital CRHoy.com en una respuesta enviada por correo electrónico.
En abril del 2013, Hacienda soli- citó reabrir el caso y el Ministerio Público ordenó un mes después abrir nuevamente el caso contra los representantes de la televisora.
La encargada de Prensa y Comunicación de la Procuraduría General de la República, Vivian Burban, confirmó que la entidad todavía mantiene abierto el caso pero no ofreció más detalles por tratarse un proceso abierto.
Procurador separado
El procurador penal Juan José Soto Cervantes fue separado de la representación legal del Estado en una causa contra la empresa Televisora de Costa Rica, según dijeron fuentes de la Procuraduría General de la República al sitio AmeliaRueda.com.
Esto porque Soto solicitó posponer una audiencia preliminar sin con- sultarlo antes con el Ministerio de Hacienda.
Fue esta propia cartera quien solicitó la separación en abril del año pasado por violar los deberes éticos de su función. dad y transparencia”, dijo a ese medio el Coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Enrique Castro Marín.
Un elemento clave para tomar la decisión fue que la solicitud para posponer la audiencia fue firmada en un oficio con membrete de la firma Facio y Cañas, cuyo abogado Federico Torrealba Navas es el defensor privado de las dos personas imputadas.
La procuradora adjunta de la República, Magda Rojas Chaves explicó que este comportamiento “no es normal ni frecuente”.
El delito imputado
El Artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala que:
Cuando la cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios base, será sancionado con prisión de cinco a diez años quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la Hacienda Pública.
Nota: esta nota fue actualizada para incluir la versión de la Procuraduría General de la República sobre la suspensión de la audiencia.
