La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Sala Constitucional que emita una medida cautelar, que ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) suspender el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal en las áreas de los siete bloques de bosque y sus terrenos aledaños que deben ser retornadas formal, material y normativamente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Regama).
Este es uno de los argumentos de la Defensoría de los Habitantes en su solicitud de medida cautelar presentada el 20 de febrero ante la Sala Constitucional, como parte de la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745. Esta medida cautelar se fundamenta en los principios precautorio, preventivo, in dubio pro natura y no regresión en materia ambiental en la zona.
Cabe recordar que el 10 de marzo de 2014 se aprobó la Ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, que redujo la superficie del Refugio en 406.32 hectáreas. La ley excluyó de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente desde Puerto Viejo hasta Manzanillo, en el Caribe Sur.
Sin embargo, se interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha ley, resuelta en 2019 y declarada parcialmente con lugar. En ese voto, la Sala IV ordenó al Sinac delimitar los territorios comprendidos en la zona boscosa, y, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público, para que estos terrenos volvieran a estar bajo protección del Refugio, lo cual no se ha hecho hasta la fecha.
En el año 2020, el Sinac emitió el oficio ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, mediante el cual presentó un “informe sobre identificación y delimitación de la cobertura boscosa” en una sección del Refugio. Ese informe constata que ha habido alteración antropogénica en el sitio, donde se identifican 109.5 hectáreas de bosque y 114.5 hectáreas de terrenos forestales altamente intervenidos.
En ese mismo oficio, el Sinac sugiere incorporar el Inventario Nacional de Humedales del año 2018 para cumplir con la sentencia de la Sala IV y redefinir los límites de la zona de estudio, así como considerar los levantamientos del Patrimonio Natural del Estado (PNE) realizados en la Zona Marítimo Terrestre por el Área de Conservación Amistad Pacífico.
952 permisos de tala
La Defensoría resaltó que “las autoridades administrativas han hecho caso omiso de los profesionales que integran dicha cartera y, en franco incumplimiento de la sentencia 12745-2019, no han procedido a acoger las recomendaciones técnicas giradas”.
También explicó que la atención de denuncias relacionadas con actividades y usos no permitidos en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y áreas de Patrimonio Natural del Estado (PNE) evidencia la persistencia de daños ambientales debido a construcciones no autorizadas, drenajes y otras intervenciones en zonas de humedal desde el año 2004.
“A pesar de que muchas de estas irregularidades han sido denunciadas ante las instancias judiciales correspondientes, algunas llevan más de 10 años sin resolución, lo que evidencia que estas acciones judiciales no han sido efectivas para mitigar o detener el impacto ambiental, fomentándose la continuidad de estas actividades, situación que puede generar daños irreversibles en el ambiente”, señaló la Defensoría.
Según la entidad, entre el 2014 y el 2024, el Sinac otorgó 952 permisos de aprovechamiento forestal “en zonas cercanas al Regama”, de acuerdo con el oficio SINAC-ACLAC-PPCP-049-2024 del 18 de junio de 2024, remitido por el Sinac ante solicitud de la Defensoría.
La Defensoría aclaró que justamente ese periodo de 10 años -entre 2014 y 2024 – es un “período marcado por la falta de certeza técnica y jurídica sobre la delimitación oficial de las zonas boscosas y los humedales de la zona”.
“Este elevado número de autorizaciones constituye una alerta roja para esta Defensoría y debe serlo para esa Honorable Sala, especialmente tomando en consideración las acciones judiciales recientes, que plantean dudas sobre si dichos permisos cumplieron con los requisitos mínimos establecidos por la normativa nacional, en particular en lo relativo a la prohibición de corta en áreas de protección y especies vedadas, además del posible daño ocasionado a la biodiversidad de la zona”, resaltó la Defensoría.
