La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) revisar las acciones emprendidas ante tres denuncias que presentó la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) entre el 2018 y 2019 ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Se trata de dos denuncias administrativas que presentó la Cámara por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra denuncia en contra de dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas.
Todas se encuentran relacionadas con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica en casos puntuales en la zona de San Carlos.
Tras analizar las denuncias por parte Canagro, la Defensoría realizó un informe respecto a las declaratorias de confidencialidad de la información sobre la conformación de los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios; las responsabilidades de las agencias certificadoras y la Administración Pública, así como de la competencia del SFE en la exportación a países sin convenio de equivalencia.
El MAG indicó a la Defensoría que los casos fueron investigados y que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico que motivó el cierre de esos casos; sin embargo, la Defensoría insiste en la necesidad de que se reconsidere lo actuado y se proceda a valorar la recomendación emitida por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público en 2018 en el expediente 20.702.
En este expediente se recomienda al ministro del MAG evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y actuaciones que han sido cuestionadas como de dudosa validez, para, si resulta procedente, iniciar las acciones correctivas en aras de enderezar todos los procedimientos que resulten afectados por esos vicios detectados, y asiente además las responsabilidades disciplinarias que en cada caso correspondan.
La Defensoría advierte también en su informe sobre la necesidad de considerar la integralidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional y la obligatoriedad de tener presente el principio constitucional de transparencia, cuando se declara una información específica de carácter confidencial, lo cual resulta posible y válido únicamente por medio de una ley.
Sobre los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios indicó que los expedientes aportados por el SFE no se ajustan a las normas archivísticas.
En cuanto a los procesos administrativos disciplinarios, el ente defensor externó su preocupación pues “a pesar de la gravedad de la situación denunciada, al final no hubo un solo responsable y existe la posibilidad de que, a pesar de las denuncias presentadas, los hallazgos del trabajo de campo, las posibles irregularidades, las debilidades en el ejercicio de la fiscalización y la aceptación de las autoridades de que habían aspectos a los cuales había que poner atención, este asunto pase a engrosar las estadísticas sobre impunidad en el funcionamiento del Estado”, se lee en el informe.
El ente defensor externó también que se detectaron serias diferencias sobre los eventos acontecidos en alrededor de la producción, comercialización y exportación de la piña orgánica en los tres casos denunciados.
“Las nuevas actividades productivas que se desarrollan en Costa Rica de cara a la exportación de productos orgánicos, requieren de la mayor protección y tutela por parte del Estado y sus instituciones, para garantizar, al habitante y consumidor final, su producción en apego a las normas técnicas que protegen el ambiente”, señaló la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
El vicepresidente de Canagro, Olman Briceño, por su parte, resaltó a UNIVERSIDAD la gravedad de los hechos constatados por la Defensoría.
“Son hechos muy graves lo que está señalando la Defensoría. Estamos viendo que funcionarios públicos se olvidan del principio de legalidad, no cumplen con obligaciones y no hacen el trabajo que les corresponde. Hay gente que hizo millones de dólares, afectó a los consumidores de Estados Unidos y ahora lo que corresponde es sentar responsabilidades. Son actos deliberados de corrupción”, mencionó Briceño.
Uno de los denunciantes
Néstor Andrés Ramírez Acuña, productor de piña orgánica asociado a Canagro, denunció en junio del 2019 ante el SFE un aparente fraude en exportaciones de piña orgánica en contra de la empresa Congelados y Jugos del Valle Verde S.A.
Ramírez comentó a UNIVERSIDAD que esta empresa producía y cosechaba piña convencional en una finca ubicada en Bella Vista de Cutris de San Carlos; sin embargo, esta llegaba a Estados Unidos como orgánica.
“Me encontré en esa finca sacos de fertilizantes, galones de insecticida, lo que se utiliza en manejo de piña convencional. Eso era una evolución de fraude. Se aplicaba en la piña fertilizantes prohibidos para agricultura orgánica y la vendían como orgánica al mercado norteamericano”, señaló Ramírez, quien visitó esta finca en el 2019.
“(La denuncia) se presentó en junio del 2019 y para mi sorpresa en octubre salió la resolución de Fernando (director del SFE) diciendo que no era nada nuevo que investigar y que con los fondos públicos no se podían hacer investigaciones de denuncias que no están comprobadas. No hicieron el más mínimo esfuerzo por investigar. Yo le envié fotos de las pichingas, de los galones, sacos y simplemente dijo que no se investigaba nada y se daba por cerrado el caso”, agregó.
Ramírez señaló que esta situación hizo que los productores de piña orgánica tuvieran una baja en las ventas.
“Los productores que si tenemos costos de producción orgánica no podemos competir con productores que hacen trampa. Comenzamos a tener un bajonazo en las ventas. Ellos vendían fruta fraudulenta barata a clientes de Estados Unidos”, indicó.
En su caso, tras la baja en las ventas, no pudo hacerle frente a las deudas con el Banco Nacional, el cual le embargó la finca. El remate se dio en abril de este año. También perdió otra finca en Siquirres, aseguró.
“Es muy triste. Yo tenía más de una década de estar produciendo piña, tenía contratos de producción, tenía bastante piña sembrada, llegué a 18 hectáreas sembradas y eso lo perdí por culpa de ese ladrón. Él sigue operando supuestamente vendiendo piña orgánica que no lo es”, alegó.
Denuncias interpuestas ante el Servicio Fitosanitario del Estado:
- “Denuncia de Canagro contra Humberto González, Kiwa BCS OKO, y Primus Labs, (Anexo No. 2 a esta denuncia) por haber emitido un certificado NOP (Programa Nacional Orgánico de los Estados Unidos de América) a favor de Congelados y Jugos del Valle Verde S. A. mientras estaba suspendida como operador orgánico. Fecha de la denuncia: 10 de julio de 2018. Esta denuncia fue presentada para que el SFE investigara cómo una agencia certificadora, que en nuestro país tiene status de auxiliar de la función pública y ejerce una potestad delegada por el Estado, extendió un certificado orgánico válido ante el National Organic Program de los Estados Unidos (NOP, agencia oficial rectora de agricultura orgánica en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), mientras la empresa operadora estaba suspendida en su condición de tal por el Estado costarricense”
- “Denuncia interpuesta el día 3 de agosto de 2018 ante la Dirección del SFE contra el señor Humberto González Guerrero (auditor acreditado como auxiliar de la función pública), la agencia certificadora Primus Labs (que en el momento de los hechos representaba el señor González Guerrero), el ex Director del Servicio Fitosanitario del Estado, Marco Vinicio Jiménez Salas (Anexo 7 de esta denuncia). En esa denuncia, lo que se solicitó investigar era el caso de un fraude cometido en la exportación de piña convencional que se hacía pasar como “orgánica” desde Costa Rica hacia los Estados Unidos, hechos ocurridos en el año 2015”.
- “Por último, el día 27 de junio de 2019 Canagro presentó en conjunto con el señor Néstor Andrés Ramírez Acuña (productor de piña orgánica asociado de nuestra Cámara) otra denuncia ante la Dirección del SFE por aparente fraude en exportaciones de piña orgánica en contra de la empresa Congelados y Jugos del Valle Verde S. A. (empresa que opera bajo Régimen de Zona Franca), la empresa Golden Bio Fructus S. A., las agencias certificadoras KIWA BCS OKO (representada actualmente por el señor Humberto González Guerrero) y Primus Labs”, se lee en el informe de la Defensoría.
