La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Comisión para la Promoción de la Competencia (Corpocom) que se refiera al hecho de que el Consejo de Transporte Público (CTP) simplemente decidió rechazar el criterio que esa Comisión emitió opuesto a una medida implementada de cara a la renovación de todas las concesiones de transporte público en autobús de país.
De acuerdo a un comunicado divulgado en la noche de este miércoles, mediante un oficio del pasado 30 de setiembre la Defensoría planteó la inquietud ante el hecho de que el 31 de agosto la junta directiva del CTP decidió que la Coprocom “se excedió en sus competencias legales”, ya que consideró ser la autoridad competente para autorizar a las empresas operadoras de ese servicio su agrupamiento bajo la modalidad de consorcios.
El caso se remonta al 23 de julio, cuando el representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ante la junta directiva del CTP, presentó una propuesta para extender la aplicación de esa figura de consorcios operativos más allá del gran área metropolitana (GAM) a todo el país, lo cual, según denunció oportunamente UNIVERSIDAD, incide en un mayor acaparamiento de líneas por parte de poderosas empresas.
Posteriormente, a solicitud del diputado oficialista Welmer Ramos -ahora candidato presidencial-, la Coprocom emitió una opinión en la que señaló que el CTP debe “desistir en la emisión” del documento que contenía esa propuesta sobre la extensión de los consorcios, porque “su autorización y demás especificaciones, deben sujetarse a la normativa en materia de competencia y libre concurrencia y de ninguna forma puede autorizarse por parte del CTP utilizando criterios de índole distinta”.
Dicho de otra forma, el criterio de la Coprocom es que esa iniciativa del CTP es un tema que legalmente compete a esa Comisión y que por lo tanto ese Consejo no tiene la facultad legal para autorizar esos consorcios.
De manera que en la mencionada sesión de 31 de agosto, la junta directiva del CTP decidió acoger un criterio de su propia asesoría legal en el sentido de que la Comisión se “excedió en sus competencias legales”, por ser el CTP “la autoridad competente de conformidad con la Ley 3503 y Ley 7969, para autorizar a las empresas operadoras su agrupamiento bajo esquema de consorcios operativos o de fusión de empresas o corporaciones de transportes”.
Así, la Defensoría ahora emplaza al CTP para que se refiera a ese rechazo de su criterio por parte del CTP. Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, detalló que lo que se solicita a la Coprocom es que “informe sus reacciones ante el conflicto de competencias que evidencia el criterio de oposición planteado por el CTP; así como las acciones legales que se hayan adoptado o se vayan a plantear para su esclarecimiento”.
Puntualmente interesa conocer si la Coprocom ha considerado la posibilidad de recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) o al Tribunal Contencioso Administrativo para resolver este conflicto de competencias.
Al mismo tiempo, la Defensoría solicitó a la Coprocom su criterio sobre la recientemente la renovación de unas 200 concesiones de transporte público remunerado de personas, modalidad autobús, llevado a cabo por el CTP “sin evidenciar que se hayan considerado o atendido las recomendaciones que emitió esa Comisión” en otra opinión, en la que se refirió al número máximo de concesiones de líneas que pueden estar en manos de una sola persona física o jurídica, según la Ley Reguladora del Transporte remunerado de Personas.
La Defensoría además inquirió al respecto si desde la Coprocom “estarán presentando alguna acción recursiva”.
Cabe recordar que el proceso de renovación de concesiones de autobús ha estado plagado de cuestionamientos que incluyen haber recurrido a estudios desactualizados de calidad del servicio, deficiencias en esos estudios sobre todo a la hora de tomar en cuenta la evaluación de las personas usuarias; que el CTP no lleva un registro actualizado de los accionistas de esas empresas o el hecho de que muchas de ellas mantienen deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social, por más de ¢1100 millones en conjunto.
