Para a Defensoría de los Habitantes, la implementación de las jornadas de trabajo “excepcionales” de 12 horas representaría “un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras y viola el principio de progresividad de los Derechos Humanos”.
Ello por cuanto aumenta la jornada de ocho 12 horas diarias, sin el pago de horas extras al que se tiene derecho actualmente cuando se trabaja más de las ocho diarias, “principio que está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana».
Así lo plasma la Defensoría en un nuevo criterio enviado a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley las jornadas “excepcionales” de trabajo, propuesto e impulsado por la administración Chaves y que se tramita bajo procedimiento de vía rápida.
Mediante un comunicado difundido este martes, se apuntó además que esa “jornada excepcional ampliada” es en realidad “una manera de transformar una jornada extraordinaria en ordinaria, siendo que las principales beneficiadas serían las empresas porque no incurrirían en el pago de las horas extras a las personas trabajadoras, abaratando costos, hacia un mayor nivel de producción, por encima de los derechos laborales de las personas trabajadoras”.
Un aspecto puntual destacado por la Defensoría es la reforma que pretenden introducir el oficialismo y sus aliados al artículo 145 del Código de Trabajo, concretamente introducir un 145 Bis y 145 Ter, en que el proyecto establece un supuesto carácter “voluntario” de aplicación de la jornada de 12 horas.
“Se debe tener seguridad que esta disposición en la práctica garantice esa voluntariedad, y no se convierta en una situación condicionada de acatamiento en beneficio del empleador y que, podría generar también condiciones discriminatorias en el acceso al empleo”, apunta al respecto el criterio enviado al Poder Legislativo.
La Defensoría también apuntó que se debe respetar en términos reales el derecho a doce horas de descanso luego de jornadas extendidas o extenuantes, pues no se puede empezar a descontar con el fin de la jornada.
Otra preocupación estriba en el aumento de las funciones a la Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ya que “actualmente no tiene la capacidad ni el recurso necesario” para hacer frente obligaciones como vigilar las condiciones de seguridad y salud en los sitios de trabajo, la prevención de accidentes o la ampliación de horarios
de trabajo.
La Defensoría también externó criterio sobre la eventual afectación que tendrán las personas con discapacidad, el trabajo doméstico no remunerado y el uso del tiempo con una visión de género, “los pendientes en materia de corresponsabilidad social de los cuidados y su efecto en la vida de las mujeres trabajadoras”, entre otros temas.
Recién este lunes la defensora de los Habitantes Angie Cruickshank compareció ante el plenario de la Asamblea Legislativa para rendir un informe anual de labores, alertó sobre el debilitamiento de la seguridad social y denunció un serio recorte presupuestario que la administración Chaves pretende imponer a la Defensoría.
Defensoría alerta sobre debilitamiento de seguridad social, programas sociales y amenazas a derechos laborales
Dijo que actualmente se discuten medidas regresivas hacia las personas trabajadoras “que no aseguran la creación de nuevos empleos, el acceso a alternativas de cuido, ni la disminución de las brechas de género y que colocan en desventaja de forma especial a las mujeres”, en alusión al proyecto de jornadas de 12 horas.
